Acusan (otra vez) a Pío López Obrador de delitos electorales
Aunque cuenta con un amparo, se reactivó la acusación en contra del hermano del presidente por recibir efectivo que se habría usado en Morena.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República (FGR) reactivó la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente mexicano, por la presunta comisión del delito de financiamiento ilícito a partidos políticos, a pesar de que el familiar del titular del Ejecutivo federal cuenta con un amparo para que concluya la indagatoria en su contra.
Justo es en el expediente de ese amparo, que le fue concedido al hermano del mandatario en mayo pasado, en donde la FEDE notificó que Pío López Obrador nuevamente está citado como imputado por la presunta comisión de delitos electorales.
“Dentro de la carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020 el día catorce de octubre de dos mil veintidós (se) giró citatorio al imputado (…) a efecto de que comparezca” ante el Ministerio Público federal, detalla un auto publicado este martes por el Juzgado Séptimo de Distrito en materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, consultado por ALTO NIVEL.
El citatorio que se le hizo al hermano del presidente de nueva cuenta lo considera como imputado (acusado) en la indagatoria que realiza la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR, debido a que esa instancia cuenta con nuevos elementos que le permiten no cerrar la investigación.
Como se recordará, el hermano del presidente fue exhibido en un video, publicado en agosto de 2020 por el periodista Carlos Loret de Mola, recibiendo un sobre con dinero de parte del excoordinador nacional de Protección Civil, David León Romero.
Después de que se hicieron públicas esas imágenes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo entonces que no se trataba de un acto de corrupción, sino de aportaciones ciudadanas en favor de su movimiento.
En ese tenor, en julio pasado, en una entrevista concedida al Grupo Expansión, el hermano del Ejecutivo federal admitió que el dinero recibido sirvió para “gastos menores”, como gasolina, en beneficio del Morena, aunque se defendió al considerar que él no cometió ningún delito electoral.
En ese mes, la Fiscalía General de la República (FGR) preveía no proceder penalmente en contra de Pío López Obrador, y así lo había notificado al juzgado que concedió el amparo.
Sin embargo, la investigación fue reactivada debido a que el mismo imputado admitió públicamente la recepción de dichos recursos, además de que la FEDE cuenta con nuevos elementos probatorios.
Defensa anulada
El abogado defensor de Pío López Obrador, el penalista Pablo Hernández Romo Valencia, había argumentado que las acusaciones de la FEDE no tenían ningún valor jurídico, debido a que el video donde se observa al familiar del presidente recibiendo un sobre que contenía dinero fue obtenido sin ser ordenado por un juez, y sin el consentimiento del mismo acusado.
Al tratarse de una prueba ilícita esa defensa había funcionado, el problema fue que el mismo Pío López Obrador admitió la recepción de los recursos, con lo que la Fiscalía pudo reactivar la acusación a partir de ese testimonio que, en este caso, ya no es ilícito como el video.
Por ende, de acuerdo con el expediente del amparo concedido al hermano del presidente, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales seguirá investigando como acusado a Pío López Obrador, como parte del cumplimiento del mismo amparo.
La protección que con ese juicio le fue concedida al acusado el 26 de mayo pasado, ordenaba a la FGR para que, en un plazo máximo de 60 días, presentara ante un juez la acusación o cerrara en definitiva la indagatoria.
Sin embargo, al contarse con nuevos elementos y reactivarse la investigación, ese plazo ha quedado en suspenso, pues el Juzgado Séptimo de Distrito en materia de Amparo Penal de la Ciudad de México no ha hecho ningún otro pronunciamiento sobre el mismo.
El delito de financiamiento ilícito a partidos políticos se sanciona con penas de entre cinco y hasta treinta años de prisión, según lo prevé el artículo 15 de la Ley General en materia de Delitos Electorales.
Por otro lado, en agosto pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la FGR hacer públicas las seis carpetas de investigación abiertas en contra del hermano del presidente.
Esta determinación no fue del agrado de Pío López Obrador, quien a finales de septiembre promovió un nuevo juicio de amparo a fin de que no se transparentaran las indagatorias.
Esa demanda aun está pendiente de resolver en un Juzgado de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.