¿Por qué son ilegales las campañas que harán las “corcholatas” de Morena?
Quienes intentan ser el elegido (o elegida) para suceder a AMLO en el poder se mantendrán en la ilegalidad durante al menos cinco meses.
Las campañas políticas que harán en todo el país los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, previstas por ese partido para llevarse a cabo del 19 de junio al 27 de agosto, son una abierta trasgresión a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), norma que en estos momentos prevé que los precandidatos solo pueden iniciar su promoción hasta la tercera semana de noviembre de 2023.
Así, las reglas y el cronograma que se aprobaron el domingo en el Consejo Nacional morenista implican que aquellos que pretenden ser los abanderados para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador se mantendrán en la ilegalidad durante al menos cinco meses, bajo el eufemismo de que el próximo 6 de septiembre en ese instituto político no se elegirá a un candidato presidencial, sino al “Coordinador de Defensa de la Transformación”.
El problema no es el cargo, denominación o título que se le dará al ganador o ganadora de la encuesta que hará el partido oficial, sino las actividades que desde la próxima semana estarán llevando a cabo los precandidatos.
“Los recorridos de trabajo por el país para informar sobre los logros de la (autodenominada) 4ta transformación y promover la democracia” no son más que precampañas políticas, las cuales en estos momentos están prohibidas en nuestra legislación.
Incumplen hasta su reforma
Para determinar cuántos meses exactos se están anticipando los precandidatos presidenciales de Morena hay que recurrir a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales anterior al Plan B electoral del presidente, pues los cambios que se introdujeron a esta legislación, con el voto mayoritario de los legisladores afines al gobierno federal, están suspendidos por la Suprema Corte desde el pasado 24 de marzo.
Por ende, considerando el inciso a) del numeral 2 del artículo 226 de la LGIPE, las precampañas deben “dar inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección”, durante los procesos electorales federales en los que se renueven el titular del Poder Ejecutivo federal y las dos Cámaras del Congreso.
Si el próximo lunes 19 de junio es el punto de partida de la promoción que harán Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, a los que previsiblemente se sumarán el petista Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, del Partido Verde, serán 148 días naturales de precampañas anticipadas, tomando en cuenta que la tercera semana de noviembre inicia el lunes 13 de ese mes.
Ahora bien, la reforma a la legislación electoral impulsada por el presidente López Obrador, y aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso, la cual está suspendida, estableció en el mismo artículo 226 de la LGIPE que “las precampañas darán inicio en la tercera semana de diciembre del año previo al de la elección”.
Es decir, el suspendido Plan B electoral del presidente acortó aun más la selección de candidatos presidenciales en todos los partidos políticos, lo que nos daría 183 días de adelanto de los aspirantes de Morena, un partido que ni siquiera está tomando en cuenta la reforma que sus legisladores avalaron, aunque esta no pueda aplicarse dada la medida cautelar impuesta por la Corte.
Actos que se sancionan
La legislación electoral en México establece que las precampañas electorales no pueden durar más de 60 días, por lo que cualquier político que realice actividades proselitistas antes de las fechas que fijan las normas se ubica en los supuestos que se sancionan como actos anticipados de precampaña y/o campaña.
Estas conductas constituyen una infracción a la ley porque quienes las llevan a cabo vulneran la equidad que debe existir en todos los procesos electorales. La equidad es un principio constitucional que permite que todas las fuerzas políticas compitan en igualdad de condiciones.
Cuando alguien se adelanta haciendo proselitismo político para aspirar a un puesto de elección popular, la equidad de los comicios desaparece, lo que además vulnera la seguridad jurídica de la contienda, reduciendo las posibilidades de triunfo de otros candidatos, quienes -al cumplir la ley- competirán en desventaja con respecto a aquellos que la trasgreden.
Por eso estos actos se sancionan, dependiendo de la gravedad de la infracción, con amonestación pública al precandidato o candidato; con multa de hasta cinco mil días (518,700 pesos); y con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo, de acuerdo con el artículo 456 de la LGIPE vigente.
La apuesta de Morena y de sus precandidatos a la presidencia es que la Corte no declare inconstitucional la reforma que se hizo con el Plan B a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual derogó la sanción que implicaba la perdida de la candidatura por actos anticipados de campaña.
No obstante, esa reforma no puede aplicarse hoy en día, reiteramos, debido a que está suspendida por el máximo tribunal del país.
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Esto significa que, considerando el tiempo, modo y lugar de las actividades de promoción electoral de las denominadas “corcholatas” presidenciales, el proselitismo que desarrollarán en los próximos meses se ubica en los supuestos que sanciona la ley que rige actualmente, no la reformada, sino la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2014, y que castiga con la pérdida de la candidatura al aspirante infractor.
Si bien en términos fácticos, dado el contexto político de polarización que vive el país, es difícil que el INE y el Tribunal Electoral nieguen el registro al candidato presidencial de Morena, a partir de sus actos anticipados de campaña, lo que en realidad es lamentable es la inequidad que se presentará en las próximas elecciones generales de 2024, auspiciada por el actual partido en el poder, instituto que, junto con sus precandidatos, no tienen empacho en violar la ley.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.