Los errores de Ricardo Anaya y de AMLO ante la acusación de la FGR
Al anunciar su salida del país, Anaya se ubicó por sí mismo en el supuesto de “peligro de sustracción del imputado”, con lo que le da ventaja a la Fiscalía.
El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, cometió un grave error en términos jurídicos al anunciar el pasado fin de semana que saldría de México, debido a que considera estar siendo perseguido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien querría encarcelarlo injustamente, según refirió el panista en dos videos publicados en internet.
No obstante, el político queretano no es el único que intenta litigar en medios de comunicación y redes sociales, cuando en realidad el tema debería estar tratándose de manera exclusiva en el juzgado, pues López Obrador, como titular del Poder Ejecutivo federal, tampoco debió haber respondido en su conferencia matutina de este lunes con detalles de lo que, se supone, es parte de la carpeta de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió en contra de Anaya.
En ambos casos, con sus declaraciones públicas, tanto el presidente como Ricardo Anaya ya han distorsionado la controversia jurídica y la imagen que debería tenerse de la procuración y administración de justicia, convirtiéndola en un pulso político y mediático que no beneficia a nadie, mucho menos a la sociedad mexicana.
Fuga anunciada
De manera específica, con el anuncio de su autoexilio en el extranjero, Anaya se ha ubicado en el supuesto que prevé el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), denominado “peligro de sustracción del imputado”, por lo que -independientemente de los delitos que pesan en su contra- en cuanto la FGR logre que el panista comparezca, solicitará al juez que al político se le imponga la prisión preventiva oficiosa.
Las fracciones III y V de ese numeral del CNPP expresan que “para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso”, el juez de control tomará en cuenta de manera especial “el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido (…), en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal”, además de considerar “el desacato de citaciones para actos procesales”.
Por ende, al anunciar su salida del país, y confirmar que ya recibió un citatorio para que comparezca ante un juez en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Ricardo Anaya perdió la posibilidad de enfrentar los cargos en libertad, tal y como ha ocurrido con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien afronta su proceso sin estar encarcelado.
Subordinación vs. sigilo
La Fiscalía General de la República acusa al excandidato presidencial de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado dinero), cohecho y asociación delictuosa, los mismos que ameritaron la extradición negociada de Lozoya en 2020, quien hasta ahora no ha puesto un pie en ningún reclusorio ni para firmar periódicamente ante un juez, tal y como se obliga a todos aquellos procesados que gozan de libertad condicional.
En el caso de Ricardo Anaya, es evidente que este ya no podrá gozar de los beneficios que disfruta Emilio Lozoya si en algún momento regresa al país de manera voluntaria, o en el supuesto de que su retorno sea obligatorio mediante un proceso de extradición.
Este escenario es previsible no solo por los errores del mismo político panista, sino también por los yerros de López Obrador, quien este lunes volvió a mostrar claramente la subordinación de la Fiscalía con el Ejecutivo.
El presidente, al desvelar que los cargos contra Anaya no solo se derivan de unas declaraciones que hizo el exdirector de Pemex el año pasado, sino también por una denuncia que presentó, en junio de 2018, Ernesto Cordero, en esa fecha senador de la República, confirmó lo que es un secreto a voces en el país: La FGR no guarda sigilo cuando el asunto involucra a políticos de la oposición, sino que comparte los detalles con el mandatario, abonando al ya de por sí añejo desprestigio del Ministerio Público Federal.
Posibles sanciones
Como Ricardo Anaya ya anunció que no se presentará a la citación que la FGR le hizo, cuando se le obligue a comparecer, además de la prisión preventiva oficiosa, tendrá que enfrentar un proceso que, de ser encontrado culpable, lo mantendría en prisión entre 12 y 39 años.
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido popularmente como lavado de dinero, se castiga con penas de entre 5 y 15 años de reclusión; el cohecho amerita una sanción de entre 2 y 14 años de privación de la libertad, mientras que la asociación delictuosa se penaliza con detención de entre 5 y 10 años.
Ninguna de estas conductas que sanciona el Código Penal Federal ameritan la prisión preventiva oficiosa, por lo que el proceso puede enfrentarse en libertad, incluso si previamente el imputado huyó del país, como es el caso de Emilio Lozoya, aunque para ello debe negociarse con la Fiscalía a partir de la colaboración del imputado, al menos hasta ahora es lo que ha sucedido con el exdirector de Petróleos Mexicanos.
En contraste, considerando sus declaraciones públicas, Ricardo Anaya no solo no tiene la intención de negociar con el Ministerio Público Federal, sino que ha decidido convertir en político y mediático un tema que debería ser solo judicial.
Se trata de una estrategia similar a la que utiliza la Fiscalía, institución que obvia la ley si el imputado se subordina políticamente a la actual administración, pero que aplica las normas penales a rajatabla si el acusado tiene como característica la disidencia.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.