Polémica por libros de texto va para largo: SCJN rechaza impugnación de Presidencia
La Corte reiteró que continúa, hasta nuevo aviso, la suspensión concedida al gobierno de Chihuahua para no repartir los materiales.
La controversia entre el gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los nuevos libros de texto gratuitos continúa y promete durar varios meses más, pues en este tema el máximo tribunal del país no prevé emitir un criterio de fondo en lo que resta del año, prueba de ello es el rechazo a las impugnaciones de la presidencia y las autoridades educativas con las se pretendía probar que los polémicos materiales se emitieron conforme a la ley.
La Corte ya reiteró que se mantiene la suspensión otorgada al gobierno de Chihuahua, para que en esa entidad no se distribuyan los libros de texto, y lo mismo ocurrirá en el caso de Coahuila, pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la presidencia impugnaron la medida cautelar con argumentos que son propios del estudio de fondo, por lo que los recursos promovidos para tratar de revertir dicha suspensión fueron rechazados.
La SEP y la Consejería Jurídica de la Presidencia aseguraron en la Corte que los Planes y Programas de estudio se publicaron “en tiempo y forma” en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que se cumplía lo que señalan la Constitución y la Ley General de Educación en cuanto a que los libros de texto están fundamentados en esos programas.
Sin embargo, el ministro Luis María Aguilar Morales desechó las peticiones del gobierno federal, al considerar que estas no están justificadas, por lo que es inviable dejar sin efectos la suspensión en favor de las autoridades de Chihuahua.
“En ese sentido, la inviabilidad de la pretensión del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Educación Pública radica, precisamente, en que se deje sin efectos la suspensión otorgada en la controversia constitucional, a partir de elementos que se relacionan con el estudio de fondo que debe emprender este máximo tribunal al momento de emitir su resolución”, apunta el auto del ministro.
Aguilar Morales agregó que la Controversia Constitucional promovida por el gobierno de Chihuahua sigue vigente y no ha quedado sin materia, pues la publicación de los Planes y Programas de Estudio, hecha después de que se editaron los nuevos libros, es justo el tema principal de la demanda.
Desfase entre libros y planes
“Los promoventes afirman que de la lectura de dichos instrumentos es posible desprender que se llevaron a cabo los procedimientos legales para la determinación de los programas y planes de estudio establecidos en la Ley General de Educación y que, por tanto, con ellos se demuestra que la Secretaría de Educación Pública cumplió con su obligación constitucional de publicar los programas de estudio que sirvieron de base para la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos”, agrega la determinación del ministro.
No obstante, como se recordará, la SEP publicó los Planes y Programas de Estudio en una edición vespertina del DOF el pasado 15 de agosto, mientras que los libros fueron impresos desde antes del mes de mayo, aunque se dieron a conocer, oficialmente, a principios del mes de agosto.
El desface entre la edición de los textos y la publicación de los planes es uno de los argumentos vertidos en las Controversias Constitucionales de los gobiernos de Chihuahua y Coahuila para probar que la SEP no cumplió con lo que establecen las normas, pues primero debieron darse a conocer los Planes y Programas de Estudio y, posteriormente, los libros de texto gratuitos.
De hecho, esto último ya fue validado por la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, en el amparo que ganó la Unión Nacional de Padres de Familia en contra de los nuevos libros, sentencia con la que se ordenó que la SEP debía entregar en todo el país los textos del ciclo escolar anterior correspondiente a 2022.
En su veredicto que no fue cumplido por el gobierno federal, la togada determinó que, para emitir los nuevos libros, la SEP no observó las formalidades previstas en la Constitución y la Ley General de Educación, ya que -antes de que se hicieran los textos- esa dependencia estaba obligada a publicar en el Diario Oficial de la Federación los Planes y Programas de estudio.
Además, para el contenido de los libros, la dependencia federal debía tomar en cuenta la opinión de las autoridades educativas de los estados, y a expertos en la materia.
Como todo esto fue omitido por la SEP, la sentencia del amparo que ganó el colectivo de padres de familia apunta que se trasgredieron los artículos 3 de la Constitución; 57 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; varios numerales de la Ley General de Educación; el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este fundamento seguramente será retomado por el ministro Luis María Aguilar Morales al momento de resolver -de fondo- las Controversias Constitucionales de Chihuahua y Coahuila. Mientras eso sucede, seguirán vigentes las suspensiones concedidas a esas entidades, que son las únicas que no distribuyeron los nuevos materiales.
A dos semanas de haber iniciado el nuevo ciclo escolar, de los 11 estados que habían anunciado que no entregarían los polémicos libros, las autoridades educativas de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, el Estado de México, Baja California, Tamaulipas, Querétaro y Yucatán dieron marcha atrás a esa decisión, y se encuentran entregando los libros en todas sus escuelas públicas.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.