Los pretextos de la SEP para incumplir la orden judicial de no distribuir libros de texto
Por enésima ocasión, una jueza federal les reitera a las autoridades educativas que deben acatar la orden de no distribuir los nuevos materiales.
Son dos los discursos que maneja la Secretaría de Educación Pública (SEP) en torno a los nuevos libros de texto gratuitos: En los medios de comunicación, sus funcionarios mienten y aseguran que no existe ningún impedimento legal para su distribución, pero ante la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, la dependencia admite que no ha cumplido con la suspensión definitiva que ordenó, en mayo y junio pasados, no repartir los materiales.
Dentro del Juicio de Amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en contra de los nuevos libros que se llevarán en el próximo ciclo escolar, la directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Victoria Guillén Álvarez, entregó un oficio en el que pretexta “su imposibilidad para dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada” por la togada.
En el expediente radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, que fue consultado por ALTO NIVEL, la titular de esa instancia le respondió a la SEP y a la funcionaria que deben cumplir la orden de no distribuir los nuevos libros, pues en su elaboración no se cumplieron los requisitos que marca la Ley General de Educación.
“Al respecto, deberá estarse a lo acordado en auto de seis de junio de dos mil veintitrés y en la resolución interlocutoria (del) veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se desvirtuó la imposibilidad que refiere para acatar la medida cautelar”, precisó la jueza Medina Alcántara.
Esto significa que, desde junio pasado, en el incidente de incumplimiento de la suspensión definitiva, se probó que la SEP en realidad no está imposibilitada para acatar lo ordenado por la juzgadora.
Multas y sentencia en contra
Por ende, una vez más la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara le reiteró a la SEP que “se encuentra obligada a dar cumplimiento a la suspensión definitiva, por lo que de ser omisa se le harán efectivos los apercibimientos formulados” en este caso.
Específicamente, los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública serán multados por su reiterado y contumaz desacato a la suspensión definitiva, a lo que se añade que en la sentencia de fondo de este amparo previsiblemente se le dará la razón al colectivo de padres de familia.
Hasta ahora, las autoridades educativas del gobierno federal no han podido probar en el Juzgado que los nuevos libros se elaboraron e imprimieron cumpliendo con los requisitos de ley, ya que estos materiales se publicaron antes de que se contara con los Planes y Programas de Estudio, en tanto que la SEP no consultó a las autoridades de las entidades federativas ni a los padres de familia.
Opacidad y nuevos juicios
Adicionalmente, además del oficio en el que la directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos reconoce que no ha acatado los fallos de la jueza, la dependencia presentó como pruebas los Planes y Programas de Estudio que se llevarán en el ciclo escolar 2023-2024, que se publicaron esta semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Al entregar estos documentos, la SEP le solicitó al Juzgado la reserva de los mismos, a fin de que estos se consideren confidenciales, petición que fue rechazada por la jueza.
“En ese sentido, cabe precisar que en el caso no resulta procedente clasificar dichas documental como confidenciales o reservadas en razón de que las mismas son de conocimiento público a través de su publicación en las referidas páginas electrónicas de la Secretaría de Educación Pública” y en el DOF, argumentó Medina Alcántara.
La opacidad mostrada por la SEP en torno a los libros gratuitos también es reiterada, pues desde junio esa institución reservó por cinco años todo el contenido de los textos, y los pormenores de cada paso realizado para su elaboración.
Ante todas estas irregularidades, los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán anunciaron que no distribuirán los libros en los planteles públicos de esas entidades, a lo que se añade que Coahuila, siguiendo la estrategia legal de la gobernadora de Chihuahua, ya presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una Controversia Constitucional también en contra de los nuevos materiales.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.