La SEP desacata orden de jueza de no imprimir libros de texto
Los funcionarios de la SEP serán acreedores a multas y denuncias ante el ministerio público por desobedecer orden de jueza.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya imprimió los nuevos libros de texto para el próximo ciclo escolar 2023-2024, incumpliendo con ello la orden de no hacerlo emitida desde el mes de mayo por el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, por lo que la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara anuncióquemultará a diversos funcionarios de la dependencia, además de que los denunciará ante el Ministerio Público federal.
El desacato de las autoridades educativas ya fue comprobado por la togada en un incidente “por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva” que fue otorgada en favor de la Unión Nacional de Padres de Familia, en la que se ordenó detener la impresión de los nuevos libros de texto, debido a que su contenido no se corresponde con los planes de estudio vigentes.
La orden para que la SEP detuviera la edición, impresión y entrega de los libros también se emitió debido a que esa dependencia no observó los procedimientos legales a los que está obligada cuando se modifican los textos.
En la resolución del incidente, cuya copia posee ALTO NIVEL, la juzgadora apunta que la SEP ha “realizado las gestiones para la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos”, a pesar de que -para la elaboración de estos- no se convocó a especialistas en la materia, ni se dio participación a las autoridades educativas de los estados.
“Se insiste, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de dichos programas y de la puesta a disposición del catálogo y los citados libros en la página de la Secretaría de Educación Pública, no han garantizado un procedimiento participativo donde intervengan los gobiernos estatales y los especialistas en la materia educativa”, detalla el fallo.
Por ende, de “continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento de la suspensión definitiva, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerla, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 192 de la ley de la materia, (…) y en su caso se dará vista al Agente del Ministerio Público”, agrega la jueza.
En esta resolución, textualmente se le recuerda a la SEP que la Ley de Amparo, en sus artículos 192 y 262, se establecen las sanciones a las que se hacen acreedores los funcionarios que no acaten una suspensión definitiva, conducta que implica “pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, (y) destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos”.
Entre los servidores públicos de la SEP que se encuentran en desacato, de acuerdo con la determinación de la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara están la titular de esa dependencia, Leticia Ramírez Anaya; la subsecretaria de Educación Básica, Martha Velda Hernández Moreno; y el director general de materiales educativos, Marx Arriaga Navarro.
Cabe aclarar que estos funcionarios deberán pagar con sus propios recursos las multas que les imponga el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, pues este tipo de sanciones no se solventa con el presupuesto público.
Omisiones y opacidad
Además del desacato, el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México precisa que la SEP reservó, el pasado 26 de junio, todo el contenido de las asambleas de análisis del plan de estudios para el próximo ciclo escolar, los programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuito para la educación básica, y los diálogos que presuntamente realizó la dependencia con diversas organizaciones de la sociedad civil.
Es decir, al incumplimiento de la suspensión definitiva se suma la opacidad de las autoridades educativas, quienes no permiten que se conozca la forma en la que se llevó a cabo el proceso para la modificación de los libros que se llevarán en primaria y secundaria.
La reserva de esta información por parte de la SEP no solo implica que los padres de familia, y los ciudadanos en general, no puedan conocer el proceso que llevó a incorporar nuevos contenidos a los libros de texto, ya que la dependencia tampoco ha informado de esto al Juzgado a pesar de que tiene la obligación de hacerlo.
Las autoridades “no demostraron todas las formalidades previstas para que la impresión de los libros de texto se realizara conforme a los planes y programas aprobados”, afirma la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, quien añade que la SEP ni siquiera ha “publicado dichos programas, ni los libros de texto, ni (estos) se han puesto a disposición” para que los conozcan la comunidad educativa y la sociedad en general.
Ante todas estas omisiones, la SEP claramente muestra una conducta contumaz de incumplimiento no solo de la suspensión definitiva concedida a la Unión Nacional de Padres de Familia, sino que también se incumple con lo que dispone la Ley General de Educación y las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los nuevos libros para la educación básica, a decir del colectivo de progenitores, no están adecuados a los planes y programas de estudio vigentes, además de que -por ejemplo- el texto de español avala el uso incorrecto de palabras, al considerar que es válido agregar una “s” al final de algunos vocablos, como “hicistes” o “dijistes”.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.