¿Hay que desaparecer a la CNDH?
La titular del organismo, Rosario Piedra Ibarra, propuso ante legisladores que la institución debe eliminarse para crear una Defensoría del Pueblo.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no está incluida en el paquete de reformas que enviará al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que el mandatario pretende eliminar varios organismos autónomos. No obstante, la Ombudsperson argumenta que esa institución sí debe desaparecer a fin de anular con ello “la herencia del neoliberalismo”.
La titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, dijo en su último informe que, desde el inicio de su gestión en 2019, ha trabajado “con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”.
La funcionaria justificó que la CNDH debe ser eliminada “para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”.
Su proyecto es crear una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, cuyas recomendaciones sean vinculantes (obligatorias), a diferencia de lo que ocurre actualmente, por lo que -si estas no se cumplen- las autoridades señaladas de trasgredir los derechos humanos serían destituidas, considerando la fracción XVI del artículo 107 constitucional.
De hecho, Piedra Ibarra presentó al Congreso una propuesta para que los legisladores reformen el Apartado B del artículo 102 de la Constitución, y varios numerales de la Ley de la CNDH, con el fin de que este organismo deje de existir, para dar paso a la proyectada Defensoría del Pueblo, que también se encargaría de temas electorales.
El ejemplo que considera la Ombudsperson para la nueva institución es la “Procuraduría de Pobres”, entidad creada en 1847 por el jurista liberal Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potosí.
“La reivindicamos como un REFERENTE porque (esa Procuraduría) tenía las facultades de defender a las y los ciudadanos ante los abusos, excesos, agravios, vejación y maltratos cometidos por alguna autoridad, pero también para denunciar y solicitar, por sí misma, la reparación del daño que correspondiera”, argumenta la CNDH en un comunicado.
El organismo aclara que “en ningún momento se está planteando hacer de la CNDH una defensoría sólo para los pobres, sino para defender mejor y con mayores alcances a todas y a todos”.
Confusiones jurídicas
La propuesta de trasformación de la CNDH plantea varios problemas de carácter jurídico. De entrada, la Procuraduría de Pobres de Ponciano Arriaga no debe utilizarse como referente, pues esa institución del siglo XIX es el antecedente de los defensores de oficio, y no de los Ombudsperson.
Esa institución se creó para que en San Luis Potosí existieran 3 procuradores de pobres, nombrados y pagados por el gobierno de esa entidad, para “ocuparse esclusivamente (sic) de la defensa de las personas desvalidas, denunciando ante las autoridades respectivas, y pidiendo pronta é (sic) inmediata reparación sobre cualquier exceso” cometido por las autoridades del orden judicial, político o militar.
Es decir, esta figura se encargaba de denunciar a los funcionarios que afectaran a las personas de escasos recursos económicos, y de patrocinar la defensa de estos, tal y como hoy en día lo hacen los abogados de oficio.
Invasión de facultades
Por otro lado, si bien es cierto que el principal problema de la CNDH es que sus recomendaciones no son obligatorias, el proyecto que propone Rosario Piedra Ibarra trastoca las facultades del Poder Judicial de la Federación y, más grave aun, del Instituto Nacional Electoral (INE).
En México la defensa de los derechos humanos se divide en dos sistemas: El jurisdiccional, a cargo de los Juzgados y Tribunales federales, y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y el administrativo, que es responsabilidad de la CNDH y de la Comisiones de Derechos Humanos de las entidades.
La Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo que propone la Ombudsperson incluye facultar a esa nueva institución para que atienda “actos u omisiones de autoridades administrativas o electorales de carácter federal”.
Es decir, las resoluciones del INE que los actores políticos consideren violatorias de los derechos fundamentales podrían llevarse como queja a la Defensoría, invadiendo las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, Piedra Ibarra propuso a los legisladores que, a fin de sancionar el incumplimiento de las recomendaciones, los funcionarios trasgresores serán sometidos “al procedimiento previsto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional”.
El problema es que ese numeral se refiere al Juicio de Amparo, pues en dicha fracción se contempla la facultad de la SCJN para separar de su cargo a la autoridad que incumpla una sentencia de amparo.
Es decir, la Ombudsperson pretende convertir la defensa de los derechos humanos en el ámbito administrativo en una defensa jurisdiccional, mezclando las sanciones que solo corresponden al sistema que defiende los derechos fundamentales en los Juzgados y Tribunales, a través del Juicio de Amparo.
En realidad, la CNDH no debe desaparecer, aunque sí requiere una reforma, constitucional y legal, que la faculte para imponer multas a los funcionarios y autoridades que no cumplan sus resoluciones.
Si con esto se siguen desobedeciendo, y se mantienen las violaciones a los derechos humanos, también podría habilitarse al organismo para iniciar procedimientos administrativos en contra de dichas autoridades.
Obviamente ninguna reforma a la CNDH podrá funcionar de manera adecuada si sus titulares defienden su función en términos políticos e ideológicos, en vez de utilizar argumentos jurídicos y de derechos humanos.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.