Estas son las pruebas contra Genaro García Luna que valorarán los 12 jurados
Además de los testimonios orales, el jurado ciudadano analizará elementos que no se han hecho públicos para decidir si el mexicano es culpable o inocente.
No hay recibos, ni audios o videograbaciones, tampoco una pistola humeante en sus manos que lo delate. Sin embargo, la riqueza de Genaro García Luna, los testimonios orales de narcotraficantes colaboradores de la Fiscalía, junto con otras pruebas que no se han hecho públicas, constituyen -de acuerdo con el sistema penal estadounidense- elementos suficientes para que los 12 jurados ciudadanos condenen al exsecretario de Seguridad Pública de México.
Obviamente también cabe la posibilidad de que lo declaren inocente, aunque en realidad, si esto llegara a suceder, el gobierno de Estados Unidos no estaría del todo perdido, pues hay una motivación política que subyace en el juicio por narcotráfico en contra del exfuncionario, la cual ya consiguió su objetivo: Exhibir a nuestro país como un Estado en el que el trasiego de drogas campea a sus anchas, con la connivencia de las fuerzas del orden y miembros de la burocracia.
A diferencia del estándar probatorio que formalmente se tiene en México, en el país vecino es posible enviar a prisión a alguien que solo sea señalado por testigos, aunque -en este caso- no solo están los dichos de las 27 personas que los fiscales presentaron como pruebas de cargo en contra de García Luna, también hay otros elementos que conocen los jurados y que les ayudarán en sus deliberaciones.
Así, el futuro inmediato del también extitular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) está desde este jueves en manos de 12 neoyorquinos, quienes saben del lujoso estilo de vida del mexicano, lo que incluso fue ratificado por su esposa, Linda Cristina Pereyra, quien subió al estrado de la Corte del Distrito Este de Nueva York como la única testigo en defensa de quien hoy, lejos del poder, espera en solitario en una celda, deseando ser encontrado inocente.
Lujos en contra
Durante todas las comparecencias orales, y en el cierre de la acusación que hizo el miércoles la fiscal Saritha Komatireddy, se pudo demostrar que Genaro García Luna amasó una riqueza significativa entre 2001 y 2012, a pesar de solo contar con su salario como funcionario público.
La evidencia física que prueba la fortuna del exsecretario de Seguridad Pública la conocen en detalle los jurados, pues esto forma parte de los documentos autorizados por el juez Brian M. Cogan.
En estos figuran, además de los ingresos oficiales de García Luna, sus declaraciones patrimoniales como servidor público, y los diversos inmuebles, negocios y automóviles de su propiedad.
Con esto, los jurados deben inferir que -en realidad- habrían sido los sobornos millonarios, provenientes del cartel de Sinaloa, los que le permitieron al exfuncionario gozar de una riqueza inmobiliaria que difícilmente se acumularía con un sueldo gubernamental.
Esto se ve reforzado con las declaraciones de los testigos colaboradores de la Fiscalía, en especial las que emitieron Edgar Veytia, exfiscal del estado de Nayarit; Sergio Villarreal Barragán, el “Grande”; y Jesús Reynaldo Zambada García, alías el “Rey Zambada”.
Este último, como se recordará, reiteró lo que ya había dicho en el juicio en contra de Joaquín el “Chapo” Guzmán, aunque modificó el monto total del embute: García Luna recibió de parte del cartel de Sinaloa, según el hermano del “Mayo” Zambada, cinco millones de dólares en dos entregas que se hicieron en un restaurante de la Ciudad de México.
De igual forma, en el expediente hay información que se extrajo de los dispositivos móviles del exfuncionario cuando este fue detenido, en diciembre de 2019. La Fiscalía considera estos datos como una muestra indiciaria de la “conciencia de culpabilidad” del mexicano. Entre estas pruebas se encuentran descargas que hizo García Luna sobre los juicios que enfrentaron en Estados Unidos Edgar Veytia y Joaquín Guzmán Loera.
Pruebas a favor insuficientes
Asimismo, hasta la mañana de este jueves, se mantienen los cargos por conspiración para importar y distribuir cocaína en contra de García Luna, a pesar de que su defensa había pedido que fueran desestimados. Según el abogado Cesar De Castro, el hecho de que el acusado dejara de formar parte del gobierno mexicano era prueba suficiente de que dicha conspiración dejó de existir.
Sin embargo, citando diversos precedentes judiciales, la Fiscalía respondió, en un documento dirigido al juez Cogan, que “una renuncia forzada (de un cargo gubernamental) no califica como un acto afirmativo suficiente para mostrar el retiro” de una conspiración.
De hecho, en “el expediente no impugnado por la defensa”, apuntaron los fiscales, se muestra que Genaro García no realizó ningún “acto afirmativo dirigido a debilitar o socavar su conspiración con el cartel de Sinaloa”.
Si bien en las Cortes de Estados Unidos la carga de la prueba recae de manera obligatoria en la Fiscalía, como parte acusadora que debe demostrar la culpabilidad del procesado, este también tiene derecho a contrastar los señalamientos con elementos a su favor.
No obstante, en este caso, solo se tienen los dichos del exsecretario de Seguridad Pública, negando los cargos a través de su defensa, y los de su esposa, Linda Cristina Pereyra, pues el juez de la causa no permitió que se presentaran los documentos emitidos por funcionarios estadounidenses en los que se reconocía el trabajo que García Luna realizó en el combate al narcotráfico.
Estas pruebas de descargo no fueron admitidas porque los miembros del gobierno de Estados Unidos redactaron las recomendaciones y reconocimientos cuando el hoy acusado era integrante del gobierno federal mexicano, desconociendo que, al mismo tiempo, según la Fiscalía, colaboraba con bandas dedicadas al tráfico de drogas.
Otro punto que juega en contra de Genaro García Luna es la estrategia de defensa elegida por Cesar de Castro, quien -por cierto- recibe sus honorarios del gobierno estadounidense, ya que en este juicio funge como abogado de oficio del extitular de la AFI.
De Castro luchó ferozmente para anular cualquier referencia a los ingresos y negocios de su cliente realizados después de 2012, lo cual fue autorizado por el juez Brian M. Cogan, quien prohibió a los fiscales hacer mención de los mismos, a pesar de que estos, en voz de la defensa, habrían podido utilizarse como argumento para probar la legalidad de la fortuna del exfuncionario.
¿O es que acaso no se puede justificar el patrimonio adquirido por García Luna después de dejar el gobierno? Esta pregunta, para la que no hay una respuesta lógica, también estará en la mente de los 12 jurados encargados del veredicto.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.