Ejército y Marina actuaron de manera irregular en investigaciones del caso Ayotzinapa
En un nuevo informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes reveló un video secreto de la Marina que no formaba parte del expediente.
El Ejército y la Marina de México intervinieron irregularmente en la investigación del caso de la desaparición de 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, lo que incluye la presencia de al menos 12 personas, que podrían ser marinos, en el basurero de Cocula, quienes manipularon la escena donde -según la versión inicial- presuntamente habrían sido incinerados los jóvenes, reveló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Al rendir un tercer informe del caso Ayotzinapa, el colectivo de expertos detalló que, gracias a la información que ha sido desclasificada en el actual gobierno federal, se pudo comprobar que, desde el 7 de octubre de 2014, “ocurrieron actuaciones paralelas” en materia de investigación por parte del Ejército y la Marina.
De igual forma, esas instituciones castrenses dieron seguimiento, en tiempo real, a todos los hechos violentos la misma noche en la que los estudiantes fueron atacados y privados de su libertad, el 26 de septiembre de 2014. Esto oficialmente no fue informado, por el contrario, aunque varias veces lo pidió el GIEI, el Ejército y la Marina se negaron a proporcionar la información que poseían.
Manipulación del basurero
En el nuevo informe se destaca un video que permanecía como secreto en los archivos de la Marina. El GIEI lo obtuvo hasta el 12 de noviembre de 2021, es decir, siete años después de la desaparición de los normalistas.
Corresponde “a una grabación realizada durante más de dos horas (2:06:49:13) con nombre de archivo 20141027A.mpg, realizado por una aeronave no tripulada de reconocimiento ANX 3501 de la Secretaría de Marina de México, en el basurero del municipio de Cocula, durante la mañana del 27 de octubre del 2014”, detalla el documento del GIEI.
En las imágenes “se recogen actividades realizadas por la Marina hasta ahora desconocidas, y que no constan en ninguna parte del expediente de investigación”.
El video muestra a “un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina”, que “manipulan bultos que sacan de dos camionetas”.
“Se visualizan tres bultos en la parte alta del basurero. Posteriormente un grupo de elementos de la Marina descienden al fondo de la hondonada del basurero. Mientras encienden una hoguera, en el inicio de la pendiente. La explicación dada es que la hoguera se realiza para que un dron, tripulado a distancia y que se dirige mediante coordenadas, ubique el punto de interés, ello no obstante que ya había (sido) localizado el basurero por medio de coordenadas”, detalla el informe.
La evidencia videográfica desvela que poco después “los bultos que se encontraban en esa zona han desaparecido”. Luego, se observa a “un grupo de marinos” deambular por la zona baja del basurero, esa área posteriormente fue señalada en la versión inicial de las autoridades como el lugar en el que “se habría dado la hoguera y quema de los estudiantes”.
Las dos zonas en las que las autoridades de 2014 dividieron el basurero, con fines de investigación, “quedaron seriamente contaminadas después de la presencia del personal de la Marina”, concluye el informe.
Invención de diligencias
La carpeta de investigación del caso Ayotzinapa, elaborada en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, incluye una Acta Circunstanciada que da cuenta de la búsqueda y recolección de indicios en el Río San Juan, municipio de Cocula, en el estado de Guerrero.
Las indagatorias, según ese documento oficial, ocurrieron los días 29, 30 y 31 de octubre de 2014. Sin embargo, afirma el GIEI, el acta “también se encuentra viciada por falsedad”.
Según los registros, esta diligencia fue presidida por una agente del Ministerio Público en el afluente mencionado, pero -en realidad- “ni ella, ni los testigos de asistencia se trasladaron en esas fechas a Cocula”.
La investigación documenta que esa agente del Ministerio Público “realizó diversas actuaciones en la Ciudad de México en el mismo día y hora en la que supuestamente realizaba la diligencia de búsqueda y recolección de indicios” en el río.
Asimismo, el GIEI ha podido documentar que en 2014 seis personas fueron privadas de su libertad por las autoridades sin que contaran con una orden de aprehensión para ello. Y peor aún, “todos los detenidos sufrieron distintas formas de maltrato constitutivas de tortura durante la detención, los traslados y los interrogatorios”.
“De todas estas ilegalidades se tuvo conocimiento dentro de la (entonces) PGR al más alto nivel en esa época. El 27 de octubre de 2014 a las 16.00 horas, Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República y Tomás Zerón de Lucio, entonces Director en Jefe de la AIC (Agencia de Investigación Criminal), realizaron una conferencia de prensa informando que habían detenido a 4 integrantes del grupo Guerreros Unidos”.
En esa versión, los dos funcionarios ya señalados dijeron que los detenidos habían confesado su participación en la desaparición de los 43 normalistas, e incluyeron en sus declaraciones la historia del basurero de Cocula y el Río San Juan.
Pero en realidad, “en ese momento, los detenidos ni siquiera habían sido puestos a disposición de la PGR (Procuraduría General de la República), ni habían declarado, por lo que estaban informando sobre hechos que, al menos en el expediente, aún no habían ocurrido”, asevera el informe del GIEI.
En conclusión, dicen los expertos, las indagatorias más recientes dan cuenta de una serie de autoridades que participaron en la construcción de la llamada “verdad histórica” de los hechos, durante la administración pasada, narrativa que no tiene respaldo en la realidad.
Entre esas autoridades que ayudaron a la invención de esa supuesta verdad se encuentran la Policía estatal de Guerrero, los integrantes del 27 Batallón de Infantería del Ejército, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal.
Todos “participaron en diversas detenciones de personas que sufrieron torturas” y que se “autoinculparon” durante la investigación que se registró en el gobierno anterior, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Esa versión oficial afirmaba que los estudiantes fueron privados de su vida, incinerados en el basurero de Cocula, mientras que sus cenizas habrían sido esparcidas en el Río San Juan. Esto ya ha sido completamente desmentido por el GIEI y por la Unidad de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR).
El GIEI, y esta unidad, que fue creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aún no han podido dar con el paradero de los normalistas, ni cuentan con elementos certeros que prueben qué es lo que en realidad ocurrió con los estudiantes.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.