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Caso Ayotzinapa: Esta es la nueva versión de los hechos

28-09-2020, 6:15:00 AM Por:
© Reuters

Ya hay indicios sobre lo que en realidad pudo haber ocurrido hace seis años con los 43 normalistas desaparecidos.

Seis años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, las nuevas investigaciones revelan una mecánica de los hechos totalmente distinta a la que se informó en la administración pasada, destacándose que también estuvieron involucrados elementos del Ejército y de la Policía Federal.

Así lo revela el informe presentado el fin de semana con el que -por fin- las autoridades reconocen que se trató de un crimen de Estado, y que el delito de desaparición forzada, el cual es imprescriptible, forma parte de las nuevas acusaciones en contra de los participantes, a quienes solo se les habían imputado los ilícitos de secuestro agravado y delincuencia organizada.

De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Estado, pidió disculpas a los familiares de los estudiantes.

Además, se admite que los encargados de la investigación en la Procuraduría General de la República (PGR) tergiversaron por completo los hechos, alteraron y sembraron pruebas, y cometieron diversos delitos como peculado, encubrimiento, y tortura.

El nuevo informe señala que Tomás Zerón Martínez, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, y responsable de la primera investigación, presuntamente “se robó más de 1,000 millones de pesos del presupuesto”, como pago a las decenas de irregularidades que cometió en el caso, aseguró el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

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Zerón, quien se encontraría en Israel, prófugo de la justicia, está acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de fabricación de pruebas, alteración de evidencia, tortura y peculado.

La verdad, no hay verdad

Los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fueron detenidos y posteriormente desaparecidos en un solo momento, ni en un solo lugar, tal como afirmaba la llamada “verdad histórica” que enunció el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

En realidad, tal y como ya lo había señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde noviembre de 2018, los hechos de aquella trágica noche en Iguala se desarrollaron en varios escenarios. Por ejemplo, hubo una agresión a un grupo de normalistas en la calle Juan N. Álvarez y Periférico, en Iguala.

En otro punto, en el “Puente del Chipote”, también en Iguala, se llevó a cabo la detención de otros estudiantes, en tanto que se registraron actos violentos en contra de los jóvenes en la central camionera, en el crucero de “Santa Teresa” en ese mismo municipio, y bloqueos al tránsito vehicular en los poblados de Sabana Grande y Mezcala, de acuerdo con la recomendación de la CNDH.

Con las nuevas investigaciones que han retomado esta y otras indagatorias, se “demuestra que en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos”, apuntó Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

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Asimismo, todo indica que los cuerpos de los normalistas no fueron quemados en el basurero de Cocula, como afirmaba la PGR, versión que ya había sido refutada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Prueba de esto es el hallazgo de un hueso del estudiante Christian Rodríguez Telumbre, quien fue identificado recientemente a partir de ese resto óseo encontrado, en noviembre de 2019, en una zona conocida como la “barranca de la carnicería”, ubicada a unos 800 metros del basurero de Cocula.

De igual forma, los restos carbonizados de algunos estudiantes no fueron lanzados al río San Juan, eso fue inventado por la PGR, en tanto que la bolsa de plástico que contenía cenizas, “encontrada” en ese afluente, fue sembrada ahí por las autoridades de la administración de Enrique Peña Nieto.

“La versión del río y del basurero fueron una invención”, aseveró Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la FGR. “Se ha demostrado con toda legalidad que los restos del Río San Juan fueron sembrados ilegalmente por los responsables de la investigación”, añadió el fiscal Alejandro Gertz Manero.

No se sabe aún, o por lo menos no se informó al respecto, cómo y dónde se quemaron algunos de los cuerpos de los normalistas, cuántos de estos tuvieron ese destino, y cuál fue la disposición final de todos los restos o de los cuerpos.

Lo que sí se sabe es que, ya en esta administración, en una bodega de la otrora PGR se encontraron restos que habían sido recolectados en la “barranca de la carnicería” en el mes de diciembre de 2014. Nadie los ha estudiado a fondo, pues incluso, en una resolución ministerial, se dijo que “no guardaban concordancia con los perfiles genéticos de los familiares de los estudiantes, sin que se hubiesen realizado pruebas de ADN”, reveló Omar Gómez Trejo.

Tampoco se sabe de dónde salió el hueso del estudiante desaparecido Alexander Mora Venancio, que falsamente se dijo formaba parte de las cenizas encontradas en una bolsa en el Río San Juan.

“La única verdad es que no hay verdad respecto a la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y de los homicidios y agresiones cometidas el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala”, reconoció Alejandro Encinas.

Hasta ahora, solo tres de los 43 normalistas han podido ser identificados a través de muestras de ADN analizadas en el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, identificado en este año 2020, Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz.

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Autores e involucrados

En el informe se reconoció la participación de elementos del Ejército y de la Policía Federal en los hechos de Iguala. De esta última corporación habría 14 involucrados, testigos y/o encubridores, de estos cuatro fueron removidos por sanciones administrativas; tres se dieron de baja; dos fueron suspendidos temporalmente, y cinco más son investigados.

Ya fue vinculado a proceso por un juez un elemento de la Policía Federal, identificado como Víctor Manuel “N”. También se investiga a miembros de la Secretaría de Marina que estuvieron presentes durante la búsqueda y supuesta recolección de evidencias en el Río San Juan y en el basurero de Cocula.

Adicionalmente, se han obtenido 70 órdenes de aprehensión, 34 en contra de policías municipales, de las que 24 ya se cumplimentaron; otras 25 órdenes corresponden a autores intelectuales y materiales de la desaparición de los normalistas, que comprenden a policías de diversos municipios de Guerrero, policías federales, miembros del Ejército, y exfuncionarios de la PGR, así como personas que forman parte de la delincuencia organizada.

A su vez, ya se encuentran en prisión Carlos Gómez Arrieta, exmando de la Policía Federal Ministerial, que participó en la tortura de uno de los detenidos; Isidro Junco Barajas, exagente de la Policía Federal Ministerial; Ezequiel Peña Cerda, exdirector de área de la Agencia de Investigación Criminal; y la agente del Ministerio Público Blanca Alicia “N”, quien, sin acudir al Río San Juan, firmó un acta con la que se simuló el hallazgo del resto óseo del estudiante Alexander Mora Venancio.

Con todas estas detenciones, la Fiscalía intenta desvelar lo que realmente les ocurrió a los normalistas que, en distintos grupos y momentos, fueron privados de su libertad y desaparecidos.

Falta aun conocer quiénes y en donde los habrían asesinado, el lugar o lugares en donde algunos cuerpos habrían sido quemados, los sitios donde en verdad se encontraron algunas cenizas y restos óseos, los móviles de los grupos delincuenciales y sus cómplices en las distintas policías para ejecutar estos crímenes, y -sobre todo- los motivos que tuvieron las autoridades federales en la PGR para tergiversar la investigación.

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autor Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.
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