Denuncian a la Ministerio Público que investiga colapso de Línea 12 del Metro
María de la Luz Alcántar, agente del MP, fue condecorada en abril pasado por la resolución del caso del colapso de la Línea 12 del Metro.
Exfuncionarios de la Ciudad de México, acusados por la Fiscalía General de Justicia capitalina de ser presuntamente responsables del colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro, presentaron una denuncia en contra de la Ministerio Público encargada de la investigación del accidente, debido a que consideran que en las pesquisas la funcionaria no ha actuado imparcialmente.
Al mismo tiempo, un grupo de víctimas de la tragedia, que el 3 de mayo de 2021 dejó un saldo de 26 muertos y 98 heridos, promovieron un amparo en contra del gobierno de la capital mexicana para evitar la demolición de otro tramo de la misma línea del transporte público, pues eso implicaría que se perdieran importantes evidencias de las causas del colapso.
Ambos casos se agregan a la polémica generada hace 15 días por el gobierno de Claudia Sheinbaum al rechazar el tercer y último reporte de la empresa noruega DNV, contratada por la misma Ciudad de México para determinar las causas del accidente.
El abogado penalista Gabriel Regino, defensor de cinco de los ocho exfuncionarios imputados por la Fiscalía, fue el que presentó la denuncia en contra de María de la Luz Alcántar, agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación 3 de la Fiscalía de Investigación Especializada de la Fiscalía capitalina, por ser presuntamente responsable de delitos contra la administración de justicia.
La denuncia señala que la funcionaria, encargada de la investigación del accidente de la Línea 12 del Metro, presuntamente no ha cumplido “con su deber de objetividad” en la indagatoria, además de que, a decir de Regino, no ha agotado todas las líneas de investigación, y en específico no ha incluido como elemento del expediente la falta de mantenimiento del metro.
De su lado, 13 de las víctimas del siniestro quieren impedir con un amparo la demolición del tramo de la interestación Tezonco-Olivos de la misma Línea 12 del Metro, porque se trata de un tramo gemelo al siniestrado que evidenciaría las deficiencias en la construcción de la línea.
La intención del gobierno capitalino de demoler ese tramo muestra “con toda claridad que están destruyendo la evidencia”, consideró Teófilo Benítez, abogado de las víctimas.
Hace dos semanas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que esa parte sería demolida para poder reconstruir la vía elevada de la Línea 12 del Metro, y la misma funcionaria dijo a la prensa que dicha estructura no sería analizada. El área que intenta demolerse “es la evidencia de la mala construcción”, apuntó Benítez.
El dictamen de la discordia
Desde marzo pasado, de acuerdo con la denuncia que Gabriel Regino proporcionó a la prensa, su despacho presentó un escrito de solicitud de actos de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México, pues en la carpeta respectiva no se ha incluido como línea de investigación la falta de mantenimiento del metro accidentado.
Entre los actos de investigación solicitados estaba recabar el tercer informe del dictamen de la empresa DNV, que fue conocido por el gobierno de la Ciudad de México desde el tercer mes de 2022, y rechazado formalmente a principios de mayo.
“Con fecha 5 de abril, la autoridad ministerial notificó la negativa de realizar dichos actos de investigación. Alegando en muchos de ellos que resultan impertinentes y que a su consideración no guardaban relación con el desplome, evitando de esta manera explorar la línea de investigación por cuanto hace a la FALTA DE MANTENIMIENTO y los responsables de éste”, precisa la denuncia.
Asimismo, agrega el documento del litigante, dentro de la carpeta de investigación ya hay dos peritajes oficiales por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que señalan que existía una falta de mantenimiento en la Línea 12 del Metro.
A esos dictámenes debe agregarse el informe de DNV que fue rechazado por el gobierno capitalino, y que igualmente apunta como un factor del desplome las deficiencias en el mantenimiento.
Formalmente, los dos primeros dictámenes de DNV señalaron que las causas del colapso fueron la ausencia de unos pernos y las fallas estructurales en la construcción del transporte. A esto se añade el tema del mantenimiento que fue incluido en el tercer informe de la empresa noruega.
Debido a la renuencia a incorporar dicho reporte a la carpeta de investigación, la Ministerio Público encargada de la indagatoria presuntamente está “actuando de manera contraria a lo dispuesto en los artículos 129 y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, (pues) ha sido omisa de realizar actos de investigación imparciales y objetivos con la finalidad de esclarecer los hechos”, dice la denuncia de Regino.
El artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala el deber de objetividad y debida diligencia que tiene que observar el Ministerio Público en todas sus investigaciones, lo cual incluye “referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo”.
A su vez, el numeral 212 de esa misma norma apunta que toda investigación penal debe realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito.
El litigante añade en la denuncia que la Ministerio Público encargada de la investigación del siniestro presuntamente se ha limitado a realizar actos “que favorecen su teoría del caso, la cual a simple vista se vislumbra, favorece a las personas de la actual administración de gobierno”.
Estas irregularidades podrían ser sancionadas con base en el artículo 291 fracción III del Código Penal de la Ciudad de México, que imponen prisión de uno a cinco años al servidor público que ejecute un acto o incurra en una omisión que dañe jurídicamente a alguien, o le conceda una ventaja indebida.
Cabe destacar que la funcionaria denunciada por Gabriel Regino, en representación de los cinco de los ocho exfuncionarios imputados por la Fiscalía capitalina, fue condecorada en abril pasado con la medalla José María Iglesias por la resolución del caso del colapso de la Línea 12 del Metro.
Se trata del máximo galardón que entrega a sus funcionarios la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y en este caso, se le entregó a la Ministerio Público porque su trabajo fue extraordinario, según dijo la titular de la dependencia Ernestina Godoy.
Hasta ahora ocho personas y dos empresas están acusadas por la Fiscalía por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos, al ser presuntamente responsables del colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.