Ahora sí, la Constitución prohibirá condonaciones de impuestos

El perdón de las deudas fiscales, que en distintos periodos de nuestra historia reciente ha sido utilizado políticamente, se prohibirá desde la Constitución, de acuerdo con una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya avaló la Cámara de Diputados.

Si bien la carta magna en México faculta al titular del Poder Ejecutivo federal a condonar impuestos, estas atribuciones fueron distorsionadas en los últimos sexenios, al grado de que se otorgaron “condonaciones generalizadas sin aplicar un criterio de política fiscal”, lo que ocasionó que, en los últimos doce años, el Estado mexicano dejara de percibir poco más de 400,900 millones de pesos (mdp).

De acuerdo con la iniciativa de López Obrador, a la que se incorporó otra propuesta de la diputada del PRI Dulce María Sauri Riancho, el perdón a los deudores fiscales otorgado en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto solo benefició a 153,530 contribuyentes.

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Esto no es ni ha sido justicia tributaria, agrega el documento que aprobaron los diputados, pues las condonaciones que se llevaron a cabo entre 2007 y 2018 no tenían la intención de evitar que algún sector productivo se viera afectado por el pago de impuestos, tal y como ocurre cuando se presentan fenómenos naturales como huracanes o sismos.

En esos casos, el gobierno federal, así como los gobiernos de las entidades federativas, no solo suelen condonar impuestos, sino que es común que se permitan los pagos diferidos en materia tributaria, para beneficiar a quienes resulten afectados por una catástrofe.

Contra grandes contribuyentes

La reforma al artículo 28 de la Constitución, con la que se prohibirán las condonaciones de impuestos, tiene en la mira a los grandes contribuyentes que en el pasado se beneficiaron de los distintos perdones fiscales otorgados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con esas medidas se crearon incentivos perversos para las personas físicas, y sobre todo para las empresas: Sabiendo que en algún momento se otorgaría una condonación, el costo de no cumplir con las obligaciones fiscales se redujo, pues los perdones incluyeron no solo los créditos fiscales (deudas), sino también las multas y recargos por el impago.

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Las condonaciones fiscales tuvieron como resultado que los grandes contribuyentes aumentaran sus ganancias, mientras que el erario mexicano acumulaba una proporción similar de pérdidas.

“El objetivo es desmantelar los esquemas generados para el favorecimiento de grandes contribuyentes por vía de la condonación de sumas cuantiosas, bajo el amparo de una laxa regulación legal y de múltiples lagunas jurídicas que permiten un amplio arbitrio gubernamental”, detalla el dictamen que fue aprobado de manera casi unánime en la Cámara de Diputados.

Así, con 421 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, los legisladores modificaron esta semana el primer párrafo del artículo 28 constitucional, así como una fracción y un párrafo de los numerales 89 y 74 de la misma carta magna, estableciéndose que en México “quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones y las exenciones de impuestos”.

Prohibición para el presidente

Las leyes de ingresos tampoco podrán incluir perdones fiscales, aunque se contempla que, de manera excepcional, estos se permitirán si se presentan “emergencias provenientes de factores externos derivados del comercio exterior, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias”.

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Esto quiere decir que las condonaciones fiscales ya no serán una facultad discrecional del presidente, o en su caso una prerrogativa de los diputados y senadores cuando estos aprueban la Ley de Ingresos, pues desde la Constitución se están marcando los lineamientos que deberán seguirse en este tema.

Esta reforma, que aún debe avalar el Senado, acabará “con una insana práctica del poder público que se ha utilizado como vehículo para configurar auténticos fraudes fiscales en perjuicio de la nación”, detalló la Cámara baja. Además, también se pretende poner fin a la compra de lealtades políticas, conseguidas por los presidentes que han otorgado las condonaciones.

Esta iniciativa de reforma constitucional es distinta a otra que también envió el presidente López Obrador al Congreso, con la que se intenta sancionar, como si se tratara de delincuencia organizada, la emisión de facturas falsas o que amparen operaciones apócrifas o inexistentes, que ya aprobó el Senado y aun analiza la Cámara de Diputados.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.