800 ciudadanos luchan para impedir la militarización de la Guardia Nacional
Se han promovido más de 70 amparos colectivos para impedir la transferencia de la corporación al Ejército, y la Corte ya admitió una demanda de senadores.
La militarización de la Guardia Nacional, aprobada en el Congreso en septiembre sin que se realizara una reforma a la Constitución, será dirimida en Tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de las demandas interpuestas por unos 800 ciudadanos y también senadores que, en 18 estados del país, han promovido un total de 72 juicios de amparo para impedir que las Fuerzas Armadas manejen a esa corporación.
Por lo pronto, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa (Sedena) está suspendida en términos jurídicos, a partir de una resolución incidental de la jueza Karla María Macías Lovera, titular del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, quien consideró que los cambios legislativos transgreden el artículo 21 constitucional.
Esa resolución, que frena por tiempo indefinido y en toda la República, que la Guardia Nacional sea manejada por el Ejército, recayó en uno de los 72 amparos promovidos por ciudadanos, quienes cuentan con el respaldo de al menos 14 organizaciones de la sociedad civil, junto con diversos despachos de abogados que laboran probono (sin cobrar honorarios).
Al mismo tiempo, la SCJN ya admitió la Acción de Inconstitucionalidad de los senadores de la oposición, en cuya demanda también se pide que sea considerada inconstitucional la reforma legislativa con la que la Guardia Nacional pasa a ser un apéndice de la Sedena.
Si bien el gobierno federal no ha informado sobre el acatamiento de la suspensión definitiva que concedió la jueza Macías Lovera, se supone que las autoridades deben obedecer dicha resolución, como en cualquier Estado de derecho, pues de no hacerlo podrían ser sancionadas hasta con nueve años de prisión.
De lo que se trata es de decirles a todas las autoridades, independientemente del partido político al que pertenezcan, que el amparo “es una forma de control constitucional del ciudadano para el gobierno”, dijo en entrevista con ALTO NIVEL Joan Antonio Ochoa Sada, portavoz del colectivo Uniendo Caminos México, una de las organizaciones que impulsan los amparos.
“Finalmente el ciudadano es el último que tiene la palabra, y este es como un mensaje para también decir que no estamos de acuerdo” con la militarización de la Guardia Nacional, enfatizó.
Debido a que la mayoría de los 72 amparos promovidos llegaron a los juzgados de Distrito del país en la última semana, Ochoa Sada adelanta que seguramente muchos jueces compartirán los argumentos de su par de Guanajuato, Karla María Macías Lovera, y concederán también sendas suspensiones, toda vez que las demandas han sido admitidas, y en solo dos casos se rechazaron.
De cualquier forma, de ser el caso, aunque se repitan las suspensiones definitivas, basta con la concedida por la jueza Noveno de Distrito en Guanajuato para que “no se transfiera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional”, como lo determinó la togada en esta semana.
Quieren mando civil
Tanto los ciudadanos promoventes de los amparos, como los senadores de la oposición, consideran que el decreto con el que el Congreso avaló que la Guardia Nacional sea manejada por la Sedena es violatorio de diversos artículos constitucionales, en especial el 21 y 129.
En esos numerales se establece claramente que debe ser civil el mando de las corporaciones de seguridad pública, en tanto que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Además, el pretendido control administrativo y operativo de la Guardia Nacional por parte de las fuerzas castrenses también transgrede 14 artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), y varias sentencias que condenan a México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan al Estado mexicano a tener instituciones de seguridad pública independientes del Ejército.
Por lo anterior, el que la Sedena esté a cargo de los guardias nacionales implica dejar “un marco muy grande en el que (la militarización) sea permanente, en el que adquieran más poder y más opacidad”, acota Joan Antonio Ochoa Sada.
“Estamos bajo el temor fundado” de que se sigan violando derechos humanos en México, por lo que la militarización de la Guardia Nacional produce “un efecto inhibidor y amedrentador” para el ejercicio de todos los derechos que garantiza la Constitución, concluyó el vocero de los colectivos que respaldan los amparos.
En ese tenor, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró el mes pasado que México no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, justo porque el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, en el ámbito federal, no está a cargo de un cuerpo policial civil.
“La CIDH analizó la militarización de las tareas de la seguridad pública, su función en el recrudecimiento de la violencia y su relación con los altos niveles de impunidad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos”, apuntó en esa organización en un pronunciamiento que critica la militarización de la Guardia Nacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), le reiteró a nuestro país que toda política pública de seguridad “debe contar con una institucionalidad independiente de las fuerzas militares, con una estructura policial civil operativa y profesional para que sea una herramienta eficaz para la prevención de los delitos y protección de civiles”.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.