Jueza frena que el Ejército maneje a la Guardia Nacional
Se concedió una suspensión provisional que detiene la transferencia de la corporación a la Sedena
El Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato frenó, mediante una suspensión provisional en un juicio de amparo, el decreto que transfiere la Guardia Nacional al Ejército, por lo que -de momento- el procedimiento para que esa corporación sea manejada por las Fuerzas Armadas del país no podrá llevarse a cabo.
“Se concede la suspensión provisional, sin necesidad de otorgar garantía”, determinó la jueza Karla María Macías Lovera, tras admitir una demanda de amparo promovida por activistas defensores de los derechos humanos, de acuerdo con los registros del expediente que fue consultado por ALTO NIVEL.
Los demandantes consideran que son inconstitucionales las reformas aprobadas, en septiembre pasado, con las que el Congreso concedió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional.
En la demanda de amparo se impugna la constitucionalidad de los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y la Ley de Asenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que, en conjunto, se reformaron para que la Guardia Nacional deje de ser manejada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Los promoventes del amparo argumentan que esa reforma trasgrede los artículos 1, 14, 16, 17, 21 y 129 de la Constitución, que establecen la obligación de las autoridades de respetar los derechos humanos, el debido proceso, y el acceso a la justicia. Además de que en los numerales 21 y 129 de la carta magna se especifica claramente que la Guardia Nacional es una corporación de carácter civil.
La audiencia incidental en este caso, en la que podría otorgarse la suspensión definitiva del amparo solicitado, está prevista para este viernes 14 de octubre, aunque para que efectivamente se celebre las autoridades responsables, entre ellas el presidente de la República, además del Congreso, deben entregar un informe previo. Sin esta condición la audiencia podría ser diferida.
Asimismo, la audiencia para la resolución de fondo de esta demanda fue fijada por la jueza para el próximo 7 de noviembre.
En contra de la suspensión provisional concedida, tanto el Congreso mexicano como el presidente Andrés Manuel López Obrador pueden promover un Recurso de Queja, aunque esto solo es posible antes de que se conceda la suspensión definitiva.
En septiembre pasado, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron, con el voto de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, la reforma a cuatro leyes secundarias con las que la Guardia Nacional se convirtió en un apéndice de la Sedena, a pesar de que el artículo 21 de la Constitución establece que esa corporación es una institución civil.
La reforma entró en vigor el 10 de septiembre, luego de ser publicada un día antes en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.
En contra de estos cambios, esta semana un grupo de senadores de oposición ya promovieron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque esa demanda aun no ha sido admitida por el máximo tribunal del país.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.