¿Por qué es importante la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa?
El decreto de AMLO que crea este organismo reconoce que no ha habido justicia para los padres de los 43 estudiantes desaparecidos
La Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa es el primer paso en la implementación de un proceso de justicia transicional, que el gobierno de Andrés Manuel López Obador pretende implementar en México.
Cincuenta meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos, en el municipio de Iguala, Guerrero, el decreto que crea esta Comisión no solo responde a las demandas de justicia de los padres de las jóvenes víctimas.
De hecho, el documento también satisface -en parte- lo ordenado en una sentencia de amparo emitida por un Tribunal Colegiado del estado de Tamaulipas, que en junio determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) debía reabrir la investigación de este caso.
Reuters AMLO anuncia la creación de la Comisión de la Verdad en caso Ayotzinapa
Se retoma sentencia de amparo
Al resolver un amparo en revisión, el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó la reposición del procedimiento en contra de varios acusados, quienes señalan a la PGR de haberlos torturado.
En esa sentencia los magistrados indicaron que el Ministerio Público debía cumplir con varias diligencias, entre ellas la presentación de dictámenes y peritajes realizados por personal que no labore en la PGR, para establecer si los indiciados sufrieron tortura.
De igual forma, el Tribunal ordenó que los padres de los 43 normalistas debían ser reconocidos como víctimas, para que pudieran ofrecer pruebas en la causa, de acuerdo con lo que mandata el artículo XX de la Constitución.
Considerando tratados de derechos humanos, jurisprudencia Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal ordenó que se integrara una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, la cual debía integrarse por los defensores de los padres de los 43 estudiantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación.
A pesar de esta sentencia, la PGR se negó a crear la Comisión de Investigación ordenada por el Tribunal.
Reuters.
Volver a investigar
La Comisión para la Verdad en el caso Ayotzinapa, que se crea con el decreto firmado este lunes por el presidente López Obrador, no estará adscrita a la PGR como lo ordenaba la sentencia de amparo, sino que se integrará por personal de la secretaría de Gobernación, específicamente por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de esa dependencia.
Encinas coordinará los trabajos de la Comisión considerando las demandas de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, lo cual incluye la posibilidad de que la PGR conforme una fiscalía especializada para reinvestigar y resolver el caso.
Así mismo, habrá beneficios y medidas de protección para todo aquel que tenga información sobre los hechos de Iguala, y esté dispuesto a informar a las autoridades de esta nueva administración.
El propósito de la Comisión, ordenada en junio pasado por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, era proteger los derechos humanos de los padres de los normalistas, quienes han sido revictimizados por diversas instituciones, empezando por el personal de la PGR. En ese sentido, la Comisión de la Verdad que crea López Obrador retoma el punto nodal de esa sentencia.
Reuters El Consejo de la Judicatura argumentó que existen indagaciones formales reconocidas sobre el caso por la Procuraduría General de la República.
Lo que queda por responder
Desde que ocurrieron los hechos en los que desaparecieron los 43 normalistas, la noche del 26 de septiembre de 2014, el gobierno mexicano se negó a reconocer que se trataba de una desaparición forzada en la que intervinieron policías y agentes de seguridad, además de miembros de la delincuencia.
De hecho, en términos jurídicos, hasta ahora la PGR ha argumentado que solo se trata de un secuestro.
Las deficiencias en la acusación denotan una intención deliberada del gobierno de Enrique Peña Nieto para eludir su responsabilidad ante los organismos internacionales, debido al incumplimiento de diversas convenciones y tratados de derechos humanos.
Al omitir en la acusación el delito de desaparición forzada, el Ministerio Público federal debilitó su propia investigación, propiciando la impunidad de los elementos policiacos que presuntamente intervinieron en la desaparición de los 43 normalistas.
El reto más importante de la Comisión de la Verdad que crea AMLO será responder, por ejemplo, si científicamente puede probarse el paradero de los cadáveres de los jóvenes, pues –formalmente- la PGR sigue manteniendo su “verdad histórica” que asegura que los normalistas fueron asesinados y posteriormente incinerados.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.