Una comisión investigará la verdad detrás del caso Ayotzinapa
Un tribunal mexicano determinó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso de los 43 estudiantes desparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, tras comprobar serias fallas por parte de la fiscalía.
Un juez mexicano ordenó este lunes la creación de una comisión independiente para investigar la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México, en Ayotzinapa, hace casi cuatro años, tras reconocer serias fallas en las pesquisas de la fiscalía.
El Tribunal, basado en argumentos presentados por la defensa del “Caso Iguala”, determinó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia que estará integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público Federal.
“(La investigación) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República (PGR)” como lo exigen protocolos internacionales de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los que México está suscrito, dijo el Poder Judicial.
“Se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura“, agregó la institución.
La defensa ha dicho que el caso fue manipulado por el Estado para que concuerde con la versión oficial.
La decisión considera que las víctimas y la CNDH sean los que decidan las líneas de investigación, las pruebas a presentar y validen la incorporación de más organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), halló en 2015 que la investigación estuvo plagada de errores que podrían obligar a la revisión completa del caso.
El extenso trabajo del caso que encendió la indignación dentro y fuera del país, logró echar abajo la versión oficial del Gobierno de que los estudiantes habrían sido quemados en un basurero del sureño estado Guerrero, donde ocurrieron los hechos en 2014.
“La resolución (…) viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno Federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación”, dijo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que representa legalmente el caso.
La desaparición de los estudiantes del magisterio golpeó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y dejó al desnudo relaciones entre autoridades y grupos de la delincuencia organizada en el país.
