Empecemos a estudiar los juicios por Inteligencia Artificial
¿Los abogados se quedarán sin trabajo, o encontrarán en la Inteligencia Artificial una herramienta para ser más eficientes?
Por Julio Vega, director general de la Asociación de Internet MX
Suena a película de ciencia ficción. Las partes en un juicio alimentan a una aplicación de inteligencia artificial (IA) con testimonios, pruebas documentales, registros, audio, fotos y video. La plataforma toma en cuenta los tratados, la Constitución, las leyes federales y locales vigentes, así como la jurisprudencia que pueda existir en casos similares. Con base en todo ello emite una sentencia, irrecurrible tal vez. ¿Qué tal te suena?
Es uno de los usos que más se contemplan para la IA en el corto plazo, y en el mundo se avanza a pasos agigantados —México cuenta ya con tres ensayos en el tema—. Claro que para ello harán falta esfuerzos de desarrollo tecnológico, cambios legislativos y procesales, así como algo muy importante: el consenso social.
¿Nos quedaremos los abogados sin trabajo? Difícilmente, más bien tendremos una maravillosa herramienta a la mano para trabajar de forma más eficiente. Chistes de abogados aparte, la IA es una oportunidad que debe llegar a su máximo potencial, en beneficio de una mejor justicia para todos.
La delantera en cuestiones de regulación y preparación para el uso de la Inteligencia Artificial está en Europa, en donde Inglaterra, Gales, Austria, Francia, Letonia y Países Bajos, entre otros, han puesto en marcha proyectos avanzados de aplicación de IA. Como consecuencia, en 2019 la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) emitió un Estatuto de Ética sobre el uso de la IA en los sistemas judiciales.
En Estados Unidos, en donde suelen actuar primero y pensar las políticas después, algunos estados y cortes han avanzado en el uso de IA, a tal grado que un caso de estudio famoso —State vs Loomis— fue llevado a la Suprema Corte. En 2013 un juez utilizó un programa de evaluación de riesgos de reincidencia para apoyar su decisión final de condenar a un hombre a seis años de prisión. El condenado recurrió hasta el más alto tribunal, para alegar que no se conocía la naturaleza del algoritmo utilizado para diagnosticar su peligrosidad, y que éste podría utilizar información discriminatoria. La Suprema decidió que la sentencia estaba firme, porque el juez no se había basado 100% en la aplicación, pero señaló que se tendría que advertir a todos los implicados del uso de estos algoritmos en cada caso sucesivo, y no se permitiría que el programa emitiera una sentencia definitiva.
Sucede que en algo tan simple como estimar la probabilidad de que un acusado reincida o escape, o que un padre de familia pueda dejar de pagar una pensión alimenticia, el uso de algoritmos bien puede combatirse por discriminatorio y basado en prejuicios humanos de los propios programadores.
Un ejemplo muy claro: si la estadística entre millones de mexicanos muestra que un hombre es más proclive a cometer un asesinato que una mujer, ¿puede valer esto para estimar la peligrosidad de un individuo? ¿Qué tanto puede “pesar” en el algoritmo? ¿Cómo se pondera su profesión, su educación y su edad? ¿Qué multitud de variables no se están tomando en cuenta?
El Estatuto de Ética de la Comunidad Europea pretende cubrir estos aspectos, buscando que el uso de la IA tenga siempre considerado el respeto a los Derechos Humanos, la no discriminación, la equidad y la inclusión, así como los principios de transparencia, imparcialidad, calidad y seguridad.
Los pasos dados por la Unión Europea hace apenas medio mes, se perfilan como la brújula que guie los lineamientos éticos a nivel global, un análisis aparte merecerán estos avances.
En México, la Línea de Investigación en Derecho en Inteligencia Artificial de la UNAM ha llevado cabo diversos estudios y foros, y el propio Senado de la República a impulsado el estudio del tema a través del Instituto Belisario Domínguez. La conclusión por ahora es que la primera tarea que corresponde a nuestro país es completar la digitalización judicial a todos los niveles. No se puede pedir a la inteligencia artificial que agilice un estudio jurídico, si no cuenta con toda la información a su disposición.
Lo que sí será de gran atractivo muy pronto es la posibilidad de llevar a cabo investigaciones jurídicas por estos medios. Hoy existen aplicaciones que generan contratos, será definitivamente fácil que también se formulen demandas, argumentaciones y consultas por esta vía. El gran reto para vencer es el rezago jurídico enorme que sufre México: de acuerdo con una nota divulgada en la prensa a principios de año, con fuente en el Consejo de la Judicatura, en 2022 se sumaron 1 millón 346 expedientes judiciales nuevos, de los cuales 525,000 aún estaban pendientes a principios de 2023.
Si la IA le permitirá al sistema judicial del país agilizar y transparentar sus procesos y resoluciones brindando certeza a los ciudadanos que acuden a él, bienvenida sea.
Nota del editor: Este texto pertenece a nuestra sección de Opinión y refleja únicamente la visión del autor, no necesariamente el punto de vista de Alto Nivel.
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