Limitan y retrasan la apertura de archivos del CISEN y Guerra Sucia
No se desclasificará parte del acervo del extinto CISEN y la guerra sucia, a pesar de que así lo había prometido AMLO. Conoce la historia completa sobre los archivos.
Los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) relacionados con violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas y actos de corrupción, no serán desclasificados completamente, sino que su apertura será parcial y escalonada, de acuerdo con los lineamientos para la transferencia de esos documentos emitidos este martes por el Archivo General de la Nación (AGN).
La apertura de ese acervo no será total, pues las instituciones de seguridad nacional, entre las que se encuentran el Ejército y el hoy extinto CISEN, podrán conservar los documentos históricos clasificados previamente, lo que en los hechos, nulifica la transparencia que en ese tenor había prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Como se recordará, el pasado 1 de marzo entró en vigor un acuerdo del mandatario mexicano que instruía a todas las dependencias gubernamentales, incluido el CISEN, “a transferir al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos que posean”, relativos al reporte y seguimiento que padecieron activistas políticos y sociales.
Si bien ese documento no especificaba el periodo específico de los archivos que se desclasificarían, López Obrador informó en la última semana de febrero que se darían a conocer todos los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la agencia de espionaje político del gobierno mexicano durante el periodo denominado como Guerra Sucia, en las décadas de los sesenta, setenta y parte de los años ochenta.
Así mismo, el presidente dijo que los documentos del CISEN también podrían ser consultados por la ciudadanía, cuidando la protección de datos personales. De hecho, en varias ocasiones López Obrador ha detallado que en el Archivo General de la Nación se resguardaba un área en la que, inicialmente, ni el nuevo director de esa institución podía entrar, lo que fue modificado por orden del mismo titular del Ejecutivo federal.
Transparencia simulada
Los lineamientos emitidos este martes por el director del AGN, Carlos Enrique Ruiz Abreu, publicados en el Diario Oficial de la Federación, establecen que el acervo no clasificado del extinto CISEN deberá enviarse a esa institución observando un calendario específico.
El Centro Nacional de Inteligencia, que en este sexenio sustituyó al CISEN, tiene un año para transferir al AGN los documentos generados entre 1986 y 1990. Ese lapso se amplía a dos años para el acervo de entre 1991 y 1995, y a tres años para los documentos de 1996 al 2000.
Las investigaciones no clasificadas que el CISEN haya hecho del año 2001 al 2004, relacionadas con persecuciones políticas y violaciones a derechos humanos, deberán enviarse al Archivo General de la Nación en un plazo de cuatro años, en tanto que los documentos generados entre el año 2005 a noviembre de 2018 tendrán un tratamiento especial.
Todo esto significa que estará muy limitada la apertura de archivos prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que prácticamente no se trata de una desclasificación de documentos del espionaje realizado por el CISEN, tal y como lo han hecho otros países, entre ellos la desaparecida República Democrática Alemana (RDA), que puso a disposición del público el acervo de la temida Stasi.
Especial Guerra Sucia
Preguntas sin respuesta
¿Cuántos y cuáles son los documentos clasificados por el CISEN?; ¿Bajo qué parámetros se realizó esa clasificación?; ¿Cuándo se decidió clasificarlos?; y sobre todo ¿Porqué se le permite al extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional conservar su acervo clasificado a pesar de que este pueda estar relacionado con violaciones a derechos humanos, persecuciones políticas y actos corrupción?
Estas preguntas no son respondidas en los lineamientos desarrollados por el Archivo General de la Nación, a pesar de que en estos se reconoce que, constitucionalmente, el acceso a la información pública es un derecho humano “fundamental para el desarrollo de los estados democráticos” (sic).
Para el Estado mexicano, explica el documento publicado en el DOF, la información no solo es un factor de autorrealización de los ciudadanos, sino también un “mecanismo de control institucional”.
No obstante lo anterior, los lineamientos permiten mantener la opacidad sobre lo que el CISEN haya realizado violando derechos humanos, pues es obvio que estas trasgresiones estarán clasificadas, considerando las posibles responsabilidades, administrativas y hasta penales, que tendrían los otrora funcionarios que ordenaron y ejecutaron labores de espionaje contrarias a los derechos fundamentales.
En síntesis, aunque haya cambiado la administración, y según el presidente Andrés Manuel López Obrador también el régimen político, seguiremos sin conocer los archivos de nuestro pasado reciente en poder del actual Centro Nacional de Inteligencia.
Notimex Archivo General de la Nación
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.