Ley Bonilla de Baja California: ¿Amenaza a la democracia mexicana?

Por Surya Palacios @suryapalacios

Alteración del pacto federal, intromisión injustificada e ilegal en la voluntad que ya expresaron los ciudadanos en las urnas, y una amenaza para la democracia mexicana, son algunos de los argumentos en contra de la reforma que amplió el mandato, de dos a cinco años, del próximo gobernador de Baja California.

A pesar de que la reforma a la Constitución de esa entidad no ha entrado en vigor, debido a que no ha sido publicada en el periódico oficial del estado, ya se ha tramitado la primera controversia constitucional en contra de esa determinación que beneficia al morenista Jaime Bonilla.

Al mismo tiempo, en una carta abierta, 514 ciudadanos piden al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que impugne los cambios que avaló el Congreso bajacaliforniano, debido a que estos son un nuevo golpe al de por sí endeble Estado de derecho en nuestro país.

“El presidente sí debe meterse ‘en esos asuntos’ porque estamos frente a un tema del orden constitucional y democrático de la nación”, apunta la misiva dirigida al titular del Ejecutivo federal, firmada por 345 ciudadanos de Baja California y 169 del resto del país.

Si bien al presidente no le corresponde decidir sobre la legalidad de esos cambios, este “no debe callar” ante la amenaza que enfrenta la democracia de nuestro país, asevera la carta.

López Obrador ha dicho que no intervendrá en la decisión tomada por la mayoría de los integrantes del Legislativo de Baja California, pues serán “las autoridades competentes” las que decidan. “Si hay manipulación van a resolver los del Tribunal Electoral”, comentó el mandatario la semana pasada.

Sin embargo, los firmantes de la carta le recuerdan al presidente que, ante decisiones que ponen en riesgo el orden constitucional y democrático del país, el Ejecutivo federal tiene la facultad de promover una Acción de Inconstitucionalidad a través de su consejero jurídico.

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Controversia contra el procedimiento

De su lado, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, promovió una Controversia Constitucional en contra del procedimiento legislativo que llevó a la ampliación del mandato del próximo gobernador de Baja California.

A pesar de que los cambios que benefician a Bonilla aun no están vigentes, pues no han sido publicados en el diario oficial de esa entidad, el edil le pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declare inconstitucional la forma en la que se llevaron a cabo esas modificaciones.

Sánchez argumenta que los Ayuntamientos debieron ser citados y escuchados en el Congreso bajacaliforniano, antes de que fuera aprobada la ampliación del periodo de quien será el próximo gobernador. Como esto no sucedió, el procedimiento legislativo estaría viciado de origen, por lo que el documento resultante, es decir, la reforma a la carta magna local, seguiría la misma suerte: es inconstitucional.

“Es la primera acción que se promueve para restablecer el Estado de derecho”, dijo el alcalde de Mexicali, quien llamó a los otros cuatro ayuntamientos de Baja California (Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada) “para que se sumen en contra del indebido proceso” que se llevó a cabo en el Congreso local.

En este caso, el alcalde está haciendo una interpretación de los artículos 30 de la Constitución de Baja California, y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, que establecen que el Congreso debe citar a los Ayuntamientos, con cinco días de anticipación a la fecha de sesión, “cuando la iniciativa se refiera a los asuntos de carácter municipal”.

Será la SCJN la que determine primero, si admite la controversia que impugna el procedimiento seguido en el Congreso bajacaliforniano, y segundo, si le da la razón al Ayuntamiento declarando la invalidez de la reforma.

La Corte ya ha resuelto otros casos en los que se impugnan los procedimientos que llevan a cabo los Poderes legislativos estatales, pues estos deben realizarse conforme a lo establecido en las normas de la entidad, y en la Constitución federal, respetando los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que los diputados, como todas las autoridades, solo pueden actuar conforme a lo que dice la ley.

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Violación de límites constitucionales

El sistema mediante el cual se elige a los gobernantes en los estados del país tiene como límite la observancia de los derechos de libertad, igualdad, y participación política, entre otros, que establece la Constitución federal.

Se trata de un “límite infranqueable”, ha dicho la Suprema Corte en varias tesis de jurisprudencia, porque la autonomía de la que gozan los estados no puede sobrepasar lo que prescribe la Constitución mexicana.  

La periodicidad de los comicios en México es precisamente la expresión de las limitaciones temporales y personales que mandata la carta magna, ya que en nuestro país las personas solo pueden ejercer el poder de manera limitada.

Los gobernantes no están facultados para exceder el periodo para el que fueron electos, pues con ello se altera el sistema de elecciones libres, auténticas y periódicas que mandata la Constitución federal.

La reforma hecha por el Congreso de Baja California, que aumenta el periodo del próximo gobernador, trasgrede precisamente estos límites, que están claramente establecidos en los artículos 40, 41 y 116 de la carta magna. Si Jaime Bonilla fue electo por dos años, ese es el lapso en el que deberá fungir como gobernador, ya que ese es el tiempo por el que los ciudadanos de esa entidad decidieron darle el poder. 

El Congreso de Baja California no puede decidir por los ciudadanos, mucho menos cuando los comicios ya se llevaron a cabo, y la decisión de los electores ya está tomada. Por eso, si se mantiene la medida legislativa, puede decirse que hay una trasgresión al sistema democrático que formalmente nos rige a todos los mexicanos.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.