Desplome del gasto público ‘abre grietas’ en el sector construcción
De acuerdo con datos del sector, se han dejado de crear 120,000 empleos en los primeros seis meses del año, una caída de 2.6% en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado.
El panorama para la industria de la construcción, uno de los pilares de la economía del país, que genera más de 6 millones de empleos directos e indirectos, luce complicado. La falta de eficiencia en la aplicación de recursos, la reestructuración en todas las dependencias y órganos de gobierno, que ha significado la salida de miles de empleados del gobierno; y nuevas políticas públicas, que incluyen el combate a la corrupción en todos los niveles de gobierno y la llamada austeridad republicana, han frenado la inversión destinada a obras de infraestructura en el primer semestre del año, situación que podría mantenerse hasta el primer trimestre de 2020, lo que ha prendido las alertas, pues esto pone en riesgo la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El pasado 29 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que orientaría recursos por un monto de 485,000 millones de pesos (mdp) para la creación de infraestructura, impulsar la inversión física y el consumo privados, así como que adelantaría los procesos de licitación del gobierno federal del ejercicio fiscal 2020. Todo ello, para apoyar a la economía a enfrentar la desaceleración que enfrenta la economía mexicana.
De esta cantidad, que representa el 2.1% del PIB, 320,000 mdp serán para otorgar financiamiento a pequeñas y medianas empresas (pymes) y consumidores a través de créditos de la Banca de Desarrollo; 116,000 mdp para anticipar licitaciones que se hubieran realizado hasta 2020, y 50,000 mdp para acelerar la creación de proyectos de infraestructura.
La noticia, sin duda, fue una bocanada de aire puro para la industria de la construcción. Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) cree que los recursos anunciados no solo son insuficientes, sino que llegan tarde.
En los últimos seis años (2013-2018) el entorno económico externo ha jugado un papel en contra del crecimiento económico del país: la reducción de los precios del petróleo, la inestabilidad financiera internacional y la incertidumbre que generó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre otros factores, fueron las principales causas de una reducción en la inversión pública, lo que para la industria de la construcción se tradujo en una menor ejecución de proyectos. En dicho periodo, este pilar de la economía, que genera 6 millones de empleos, entre directos e indirectos, registró un crecimiento promedio de solo 1.1%.
De acuerdo con la CMIC, se han dejado de crear 120,000 empleos en los primeros seis meses del año, una caída de 2.6% en comparación con el mismo periodo de tiempo del año pasado. En 2018, la creación de nuevos empleos en el sector presentó un incremento de 3.3%, a pesar de que la industria creció 1.6%.
De ahí que el presidente de este organismo empresarial, Eduardo Ramírez Leal, hiciera un llamado al gobierno federal a ejercer los recursos programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 para el tema de infraestructura (obras por contrato y proyectos productivos del Estado), que ascienden a 370,422 mdp, cifra 20.9% superior a la del año pasado y que equivale al 1.5% del PIB.
“Vemos mucha falta de eficiencia en la aplicación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Entiendo perfectamente que se están reestructurando, que es un nuevo gobierno, un nuevo régimen. Sin embargo, hay que señalar que ya han pasado nueve meses y hay desesperación en muchos industriales, no solo en la construcción, en toda la cadena productiva (cemento y concreto, acero, maquinaría y equipo, triturados, pintura, iluminación, entre otros)”, subraya.
De cuerdo con Ramírez Leal, hasta el mes de junio se llevaba un avance del 20%, es decir, 72,000 de los 370,422 mdp presupuestados.
“No sabemos cuántas obras se han cancelado o no han arrancado aún, pero en el último mes muchos de nuestros socios, la mayoría micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) nos han dicho que van a suspender actividades porque hay muy pocos proyectos y no tienen los recursos suficientes para mantener la nómina y los gastos de operación.
Hay algunas licitaciones que han estado dándose
en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con el
Programa de Mejoramiento Urbano, que busca mejorar las condiciones de
habitabilidad urbana y el otorgamiento de apoyos para el mejoramiento y acceso
a la vivienda; otras más en Pemex con el mantenimiento de las seis refinerías y
la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, pero la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) es la única que llevaba un avance de 50% en
su presupuesto de este año para la ampliación, mantenimiento y modernización de
carreteras, así como la construcción de algunos tramos nuevos”, comenta.
El gasto de esta dependencia federal, subraya el presidente de la CMIC, se ve lineal en relación a lo que se tiene para los 12 meses y es un ejemplo para el resto de las secretarías de cómo debe llevarse el gasto, sobre todo para la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el mismo Pemex, que presentan un rezago importante en la ejecución del gasto para inversión de obra pública.
El caso de la SEP, menciona, es especial, ya que el gobierno lo que está planteando es que sean los mismos maestros y padres de familia los que construyan y den mantenimiento a las escuelas.
“Esperamos que el gobierno reconsidere esta decisión, porque se estaría dejando fuera, sin oportunidad a las micro y pequeñas empresas de todo el país, que ejecutan estos trabajos desde hace muchos años y que tienen entre uno y 10 trabajadores, pero que los tienen en el seguro social. Nosotros lo que queremos es que se genere empleo formal a través de empresas formales, no a través de programas sociales. Entendemos al gobierno del presidente López Obrador; sabemos que ha visto mucha desigualdad y pobreza en el país, pero creemos que es a través de la formalidad como nuestro país va a crecer. Nosotros estamos en la mejor disposición de apoyar los programas del gobierno, pero es necesario que se fortalezca la formalidad en nuestro país para que las empresas generen cada vez más y mejores empleos”, indica Ramírez Leal.
Efecto incierto
Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex, y Sergio Luna, analista del mismo grupo financiero, coinciden en que los esfuerzos del gobierno por elaborar este paquete de apoyo son positivos. Primero, porque se reconoce la debilidad en la actividad económica –aunque la SHCP se lo atribuye enteramente a factores externos– y busca que las cosas mejoren.
Segundo, porque las medidas propuestas son generalizadas, buscan impactar de forma positiva en varios sectores económicos, especialmente los que no han tenido un buen desempeño recientemente, como la construcción, y diferentes regiones del país.
No obstante, indica Luna en un análisis, el efecto de las medidas propuestas sobre el crecimiento del PIB es incierto en el mejor de los casos. El apoyo está organizado en tres categorías: la primera se refiere a proyectos que en principio debieron haber iniciado en meses recientes, pero no habían arrancado.
Este es el caso, por ejemplo, de proyectos de infraestructura de carreteras también anunciados a finales de julio pasado por el secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú, los cuales parecen haberse asignado previamente a empresas específicas, pero por alguna razón fueron detenidos.
Considera que estos proyectos deberían, en principio, ayudar a que el PIB recupere cierto terreno perdido durante la primera mitad del año, especialmente dado el subejercicio de gasto del gobierno observado hasta ahora, y que durante el periodo enero-mayo el gasto en inversión física de la SCT cayó en 51% a tasa anual.
La segunda categoría, explica, agrupa eventos que sucederían en un futuro, pero ahora ocurrirán antes, como las licitaciones públicas de 2020. El analista Citibanamex no ve que estos eventos vayan a ayudar al PIB en general, sino que cambiarán la estacionalidad del impacto del gasto del gobierno en el crecimiento económico, y tal vez ayudarán a la actividad económica de este año a costa de la actividad del siguiente. A los ganadores de las licitaciones se les pagará en 2020, como hubiera sucedido antes (aunque un poco más pronto en el año, de acuerdo con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gurtiérrez); si van a poder invertir hoy, y por lo tanto impulsar la demanda este año, sigue siendo una pregunta abierta.
A salir del bache
¿Cuál es la salida? El presidente de la CMIC asegura que, si el gobierno invierte en el segundo semestre del año, los recursos aprobados para inversión en infraestructura en 2019, la industria de la construcción, que hoy está en número negros, podría recuperarse y alcanzar un crecimiento de entre 0.5 y 1%.
El año pasado, el sector cerró con un crecimiento de apenas 0.6% y en el primer semestre del año presenta un retroceso de 7.3%, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Económicos de la Construcción, de la CMIC y del INEGI.
Y lo mismo pasa con la cadena productiva: cemento y concreto presentan una caída de 13% en los primeros seis meses del año; acero registra un retroceso del 16%; triturados, un retroceso de 2% y pinturas, una caída de 4%.
“Y así nos podemos ir con todos estos proveedores que son parte de la cadena productiva de la industria de la construcción y que se están viendo afectados con esta baja en la inversión en obra pública. Todavía estamos a tiempo de que el gobierno reactive la economía a través de la inversión de su propio gasto”, destaca Ramírez Leal.
Planeación y certidumbre, clave para el desarrollo del país
Pero no todo es inversión, también hace falta planeación y certidumbre, piezas clave para el desarrollo del país. Y el presidente de la CMIC lo tiene bien claro: “El nuevo gobierno, al igual que administraciones pasadas, arrancan de cero y no tienen un plan de infraestructura de largo plazo, sino planes derivados siempre de promesas de campaña y no en las necesidades del país, lo que no permite que seamos más competitivos.”
Y un claro ejemplo de esto es el Aeropuerto de Texcoco, un proyecto transexenal que funcionaria como centro logístico regional y permitiría conectar América Latina con los mercados de Asia y Europa, pero que fue cancelado por el nuevo gobierno por temas de corrupción y ambientales, que hasta ahora no se han comprobado del todo; pero que dieron paso a un nuevo proyecto aeroportuario, de menor envergadura, que incluye la modernización del AICM y del aeropuerto de Toluca, y la transformación de la base militar de Santa Lucía en un aeropuerto civil, que presenta retrasos en su construcción, debido a más de 80 amparos. En agosto pasado, un juez federal ordenó una nueva suspensión a las obras de dicho aeropuerto, hasta que se resuelva, de manera definitiva, el juicio de amparo que busca frenar su construcción.
Ramírez Leal insiste en que la planeación debe ser una prioridad para la actual administración, debido al rezago que existe no solo en infraestructura carretera, aeroportuaria, ferroviaria y de puertos, sino también hidráulica, energética, de hidrocarburos, vivienda, desarrollo urbano, hospitalaria y de escuelas.
“Para todo lo que tiene que ver con el tema de infraestructura debe existir necesariamente una planeación, si es que queremos ser más competitivos en el futuro. El nuevo gobierno asegura que cuenta con los estudios técnicos, ambientales, de viabilidad financiera para llevar a cabo proyectos como el de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, pero hoy todos muestran problemas para su ejecución, lo que genera incertidumbre entre los inversionistas”, subraya.
Los países desarrollados y otros en vías de desarrollo que compiten con México, explica el presidente de la CMIC, le han apostado a la infraestructura, pero planeada, mientras que en México existe una lista enorme de obras no concluidas a nivel federal, estatal y municipal en distintos sexenios. “No hubo planeación, no se hizo la inversión adecuada, no había un proyecto ejecutivo completo, con tiempos de ejecución y calidad de materiales”.
¿A qué debemos aspirar como país?, se pregunta Ramírez Leal: “A que se invierta correctamente, que se construya la infraestructura que el país necesita para ser más competitivo, a generar más y mejores oportunidades para las constructoras nacionales y a toda la cadena productiva”.
Y todo parece indicar que así será, pues en su Primer Informe de Gobierno el presidente López Obrador dijo que su prioridad en materia de obras públicas es la conservación de infraestructura y la terminación de obras en proceso. Y muestra de ello es inversión para la construcción y el mejoramiento de carreteras y caminos rurales de 42,500 mdp, de los cuales 20,000 mdp se han destinado a la red de carreteras del país, algo que no había sucedido. Sin embargo, el gobierno tendrá que pisar a fondo el acelerador en el gasto destinado a obra pública, si no quiere enfrentar el cierre de empresas y la pérdida de empleos en el sector de la construcción.
Construir en un terreno complicado
La reactivación del gasto público en construcción tendrá que hacerse en un terreno complicado y con diversos riesgos internos y externos en el horizonte.
“Las perspectivas de crecimiento para la economía mexicana siguen siendo débiles; estimamos que este año crecerá solo 0.2%, algo que no se veía desde la crisis de 2009; y para el 2020 nuestra proyección es de un crecimiento de 1.2%, que sigue siendo muy bajo en comparación con el sexenio de Peña Nieto, que fue de un promedio de 2.5%. Esto, sin duda, tendrá un impacto negativo para la construcción, que esperamos se mantenga débil”, explica Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex.
Esto, comenta, responde tanto a factores externos como internos. “En la parte externa estamos viendo un debilitamiento de la economía a nivel global, principalmente de países europeos y asiáticos, que se está agudizando por las tensiones comerciales que mantiene Estados Unidos con China, Europa y Japón, y que está afectando al sector industrial de nuestro vecino del norte.”
A esto, subraya De la Garza, habrá que añadir las amenazas arancelarias del presidente Trump hacia México, que se han mitigado en los últimos meses, pero que pueden resurgir en cualquier momento.
Pero también habrá tomar en cuenta la transición de un gobierno a otro, que ha sido complicada, debido a la inexperiencia de la nueva administración, el despido, renuncia o retiro de funcionarios con experiencia; la cancelación de proyectos clave como el nuevo Aeropuerto de Texcoco, y nuevas políticas públicas, que incluyen el combate a la corrupción en todos los niveles de gobierno y la llamada austeridad republicana, que han mantenido la incertidumbre elevada, agrega el director de Estudios Económicos de Citibanamex.
“Todo esto ha afectando la inversión fija bruta en el país (gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción), que en mayo pasado registró una contracción de 6.9%”, comenta.
Por último, pero no por ello menos importante, está el tema de la inseguridad, de las extorsiones, del cobro de piso, de los secuestros, del robo de maquinaria y equipo, de los asaltos a los trabajadores y de los llamados “moches” que exigen funcionarios de todos los niveles a las constructoras.
“Es un tema que está creciendo en todo el país. Las empresas constructoras que trabajan en zonas ejidales, en tramos carreteros, son las que se ven más expuestas a este tipo de delincuencia. ¿Qué han hecho para protegerse?: asegurar sus equipos, a su personal, lo que impacta sus finanzas. Necesitamos que el gobierno actúe lo más rápido posible, que combata a estos grupos criminales y que de seguimiento a las denuncias en contra de funcionarios corruptos”, menciona Ramírez Leal.
¿Cuáles son los estados más inseguros para las empresas constructoras? De acuerdo con el presidente de la CMIC: Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas. “Y van sumándose cada día más. Prácticamente tenemos la mitad del país con problemas de inseguridad.”
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