Buscador
Ver revista digital
La revista

¿Cómo hacer un México mejor para todos?

04-03-2024, 6:05:00 AM Por:
Días feriados oficiales 2023
© Envato Elements

Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el camino para tener un país más grande y mejor para todos debe ser a base de crear un entorno favorable para el emprendimiento y el desarrollo de las empresas.

En diciembre del año pasado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) presentaron el documento “Un México mejor para todos”, el cual contiene propuestas generales sobre hacia dónde debe ir la política pública en la próxima administración, la cual deberá atender al menos cuatro propósitos fundamentales: seguridad, oportunidades para todos, prosperidad y dignidad de las personas.

Y es que a los empresarios en México les preocupan las mismas cosas por las que están preocupados todos los mexicanos: pobreza, inseguridad, Estado de derecho, salud, educación, exclusión social y crecimiento económico, entre otros; y creen que para mejorar está situación y hacer un México mejor para todos se deben conjuntar esfuerzos e ideas para lograrlo.

“Se necesita todo ello porque sin seguridad hay miedo, a la vez que las oportunidades permiten mantener esperanza de un mejor futuro mediante la movilidad social y la prosperidad, porque sin ellas las personas se sienten oprimidas; asimismo, debe persistir la dignidad, porque su ausencia es corrosiva”, explicó Juan Ignacio Gil Antón, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), durante la presentación de dicho documento.

Es evidente, sostuvo, que un país que combata con éxito esos flagelos será mejor para todos. “Los empresarios de México tenemos maneras de ayudar a que esto suceda. Para ello proponemos la elaboración de políticas públicas que contribuyan a abatir los enormes rezagos”.

Gil Antón indicó que un entorno favorable para el emprendimiento y el desarrollo de las empresas es socialmente deseable. “Para ello hay que contar con un Estado de derecho que dé seguridad de que las reglas permanecen, que se respetan, tanto por los ciudadanos como por las propias autoridades, que los conflictos comerciales se resuelven de manera justa y eficiente, que la regulación es la necesaria para el buen desarrollo del mercado”.

Una política pública que facilite el emprendimiento, comentó el ejecutivo, se vuelve entonces algo indispensable. No se puede tratar de la misma manera una empresa en sus inicios que ya adulta y madura. “La ecuación es muy clara. Más empresas = más empleos = más ingresos = más impuestos = mayor crecimiento = menor pobreza = más recursos para educación, seguridad y salud = un mejor México para todos”.

No existe, subrayó, una fórmula alternativa. “Un entorno favorable para la inversión debe ser uno de los pilares de la política pública de cualquier gobierno, sin importar su color. Por supuesto, que esto debe venir acompañado de una adecuada regulación, de una sana competencia, de un entorno fiscal competitivo y, por supuesto, de un Estado de derecho que dé certidumbre a la sociedad y a los emprendedores”.

Este entorno favorable, mencionó, en consecuencia, generará los ingresos necesarios para que el gobierno atienda las necesidades sociales de los desamparados. “Con estos ingresos se deben construir mejores esquemas de salud y educación, que eleven la calidad de vida de los mexicanos y un clima de seguridad mucho más eficiente, que permita el desarrollo de la vida de los ciudadanos y de las empresas. Este es otro atributo que requiere la construcción de un mejor México para todos. Esto permite la movilidad social que es indispensable incrementar. Que el origen deje de ser igual al destino para millones de mexicanos”.

El presidente del CEESP aseguró que nadie gana con un país con más y más pobres; nadie gana con un sistema de salud deficiente e insuficiente; nadie gana con un país sin generación de capital humano para el propio bienestar de los ciudadanos y con empleos de calidad. 

“Entonces, creemos que el camino para alcanzar ese México al que nos referimos debe ser creando un ambiente y entorno favorables para el desarrollo de las empresas, un entorno amigable para los emprendedores, que no mueran empresas por requisitos innecesarios, que no mueran empresas por corrupción, que no mueran empresas por extorsión; que las empresas mueran como mueren las empresas, porque es un mal proyecto, porque están mal dirigidas, porque se equivocaron de mercado. Que mueran por causas naturales, no por cosas por las que no debieran morir”, agregó.

Para Juan Carlos Pérez Góngora, presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM), un cambio de gobierno como el que tendremos este año siempre crea expectativas buenas, positivas; sin embargo, también se van a presentar retos importantes en materia económica y en temas como pobreza, inseguridad, Estado de derecho, salud, educación, por lo que será importante contar con un equilibrio de poderes, con un Congreso plural, sin mayoría absoluta, donde se puedan proponer proyectos para el crecimiento económico del país y fortalecer el Estado de derecho.

Nearshoring, clave

Y todo ello cobra mayor relevancia en este momento, en el que México se juega su desarrollo y crecimiento en los próximos años, con el nearshoring, que marcó el 2023 y que se espera que este año cobre mayor fuerza. Empresas de todo el mundo, principalmente de Asia, están buscando cadenas de valor locales y redes cercanas al mercado estadounidense; y, de acuerdo con la última edición de la clasificación Global Best to Invest, nuestro país se posiciona como el mejor mercado de América Latina para invertir, seguido de economías como Brasil, Chile, Costa Rica y Colombia.

En un análisis, EY explica que, entre las oportunidades que México representa para el nearshoring se encuentra su proximidad con Estados Unidos, contar con fuerza laboral grande y calificada, específicamente en los sectores de manufactura y tecnología, y Tratados de Libre Comercio con más de 50 países, incluyendo el T-MEC con EU y Canadá.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el lugar número nueve entre los 10 primeros lugares en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) dentro de los países de la OCDE. Al primer semestre del 2023, el país recibió 29,041 millones de dólares (mdd) de IED, un aumento del 41% (vs el mismo periodo del año anterior). Por otra parte, los proyectos greenfield (creación de infraestructuras desde cero) de IED en Latinoamérica crecieron 13% en 2022, mientras que el gasto de capital también creció 50%, y la creación de empleo como resultado de estos proyectos aumentó 29%, en comparación con 2021.

“Nuestro país pasó de ensamblar y producir bienes de bajo costo en los años 80 y 90 a convertirse en un productor de bienes con más alta tecnología y un fabricante de productos avanzados con actividades de mayor valor añadido”, afirmó Ari Saks, Associate Partner de Impuestos y Coordinador de los Servicios de Inversión en Nearshoring para EY México.

Además, destaca la consultora, la inversión directa ha aumentado en los últimos años en varias industrias más allá de la manufactura; sobre todo, en sectores como los servicios profesionales y financieros (transformación digital), transporte y logística, hospitalidad, comercio minorista de consumo, salud y bienes raíces.

La industria de servicios profesionales y financieros, indica EY, está prosperando en México. La inversión en este sector, en nuestro país, creció 1.0% de 2015 a 2019 y la expectativa de crecimiento de 2022 a 2028 es de 7.4%, mientras que China experimenta una desaceleración y la India mantiene un ritmo constante.

Jorge Lacayo, socio líder de Estrategia de EY-Parthenon en Latinoamérica, dijo que la llegada de inversiones extranjeras a México está impulsando otras industrias, debido al crecimiento urbano, el aumento en ingreso disponible, los viajes nacionales y la proximidad económica. “Por ejemplo, grandes cadenas hoteleras buscan invertir ahora en zonas industriales de México y no en destinos de playa; por otro lado, el sector salud crece a una tasa anual del 7%, impulsado por una creciente demanda de los servicios privados y el crecimiento del gasto de bolsillo”.

En materia fiscal, comenta EY, México también resulta atractivo, no solo por los diversos Tratados de Libre Comercio, sino por los tratados para evitar la doble tributación, donde México cuenta con más de 60 acuerdos, en general. Además, se han anunciado diversos estímulos fiscales, como los relacionados con aquellas actividades económicas realizadas en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con incentivos en materia de ISR, IVA y deducciones, así como impuestos locales en Veracruz y Oaxaca.

“Una gestión tributaria adecuada es clave para los inversores que desean entrar a México, quienes deben identificar las ventajas de los incentivos fiscales por zonas o estados, diseñar una estrategia correcta de soft-landing, incluido un análisis de cumplimiento en materia de precios de transferencia y una gestión fiscal eficiente y a largo plazo, que contemple también la parte laboral”, subrayó Óscar Ortiz, socio líder adjunto de Impuestos en EY Latinoamérica.

Sobre el nearshoring, el CCE y el CEESP indican que la ubicación geopolítica del país presenta una gran oportunidad, que hay que aprovechar plenamente. “Es necesario tomar, a la brevedad, el riesgo de que otros competidores se adelanten”, y parte de ello tiene que ver con resolver los diferendos en el marco del T-MEC con EU y Canadá.

Un elemento imprescindible, explican en el documento “Un México mejor para todos”, es establecer políticas claras y transparentes, con estricto apego al Estado de derecho, que fortalezcan las cadenas productivas y la manufactura en la región norteamericana, donde México se integre a sus principales socios comerciales, con productos y exportaciones que generen alto valor agregado nacional y logren capitalizar la relocalización del suministro en Norteamérica.

En ese sentido, detallan, se requieren diversas acciones que implican: alinear las de desarrollo regional con la infraestructura de movilidad de mercancías, personas y agua; de vital importancia, generar y mantener la infraestructura pública en comunicaciones y transportes; el mejoramiento de logística en aeropuertos, puertos y aduanas; y garantizar la seguridad pública y Estado de derecho en todo el territorio.

De vital importancia, subrayan, será contar con la certidumbre de disponibilidad de energía en el territorio nacional, lo que implica seguridad de la generación o producción, así como de su conducción o su transmisión y distribución hasta los usuarios, tanto de electricidad como de hidrocarburos y gas.

A fin de incluir a más sectores, regiones y emprendedores, entre otros esfuerzos, recomiendan: facilitar el aprovechamiento de la cercanía a EU y Canadá mediante inversiones en servicios como salud; abatir obstáculos propios de las condiciones sociales y de infraestructura en las regiones más rezagadas, incluyendo la gestión de los problemas, sin afectar inversiones; lograr una integración amplia de cadenas de oferta, a fin de incluir a proveedores de todas las regiones, incluyendo las más rezagadas, volviéndolas partícipes de los beneficios de la inversión y actividad; implementar un plan de atracción de inversiones deseadas en términos de empleo y transparencia tecnológica.

Monex destaca, en un reporte, que las estimaciones del mercado consideran que el nearshoring implicaría un aumento entre 5 y 8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en los próximos tres años, pero medido por flujos comerciales. De manera optimista se espera que las exportaciones alcancen valores superiores al 50% del PIB (hoy ligeramente superiores al 40%).

En cuanto a inversiones se refiere, la institución financiera dice que este año se espera que la IED ascienda a entre 40,000 y 42,000 millones de dólares (mdd), generando un crecimiento entre 6 y 10%. Para los próximos 3 a 5 años, el efecto del Nearshoring considera inversiones estimadas entre 100,000 y 150,000 mdd.

Fortalecer el sistema fiscal

A pesar de que las finanzas públicas se han mantenido relativamente saludables en cuanto al déficit y la deuda del sector público, lo que ha mantenido la confianza en la solidez fiscal del país, el CCE y el CEESP creen que, en adelante, habrá que trabajar en varios frentes, a fin de corregir diversos aspectos que, con el tiempo, pueden resultar en debilidades fiscales o que representarán oportunidades para fortalecer el sistema fiscal.

 Entre ellas sobresalen: la reducción de la informalidad, la creación de una cédula única de identidad, simplificación administrativa, seguridad jurídica para contribuyentes y la homologación de los impuestos locales.

Asimismo, reconocen que el erario nacional padece problemas añejos, como la baja recaudación tributaria, que es menor a la de la mayoría de los países comparables. Hay espacio para la mejoría de la calidad del gasto público; hay problemas de federalismo fiscal que resultan en ineficiencias y carencias a nivel subnacional; y se necesitan medidas que permitan resolver los problemas financieros de Pemex de una manera perdurable.

Sobre este punto, el Consejo Empresarial Mexicano (CEM), que agrupa a las 14 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2,000 asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México, trabajó una propuesta en materia fiscal con cinco puntos básicos, que presentó a principios de este año a los partidos políticos y que también hará llegar, en su momento, a las y los candidatos a la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, el Senado y gubernaturas.

El primer punto —y es un prerrequisito— es la fiscalización y la rendición de cuentas. “Como ciudadanos o empresas que pagamos impuestos queremos que el dinero recaudado se utilice para los fines que deben ser y no para que se los roben. Hemos visto corrupción por todos lados y no es un problema de partidos políticos. Es un problema de que el que llega al poder abusa y no quiere rendir cuentas”, sostiene Juan Carlos Pérez Góngora.

El segundo punto, dice el presidente del CEM en entrevista con Alto Nivel, es contar con un verdadero federalismo, que se establezca en forma clara y se revisen las facultades y las potestades que existen en los diferentes órdenes de gobierno: municipios, estados y federación: quién debe atender determinados servicios que se prestan a la población; esto es: qué le corresponde al municipio, al estado y a la federación.

“Por ejemplo, un tema del que se ha venido hablando mucho es la educación, que es una facultad que tienen los tres órdenes de gobierno, pero el municipio no se mete. Y creo que debería participar en el tema de las instalaciones, de los planteles, de su mantenimiento, que estos cumplan ciertos requisitos, que cuenten con instalaciones aptas para los alumnos, desde el mobiliario hasta los servicios (luz, agua, internet, seguridad)”, explicó. 

Y los estados, agregó Pérez Góngora, deberían meterse, además de en la nómina, que comparten con la federación, en los planes de estudio, aunque cada región y entidad puede ser diferente. “Debemos revisar también, sin duda, la parte de la urbanización, la movilidad. Estos son temas que se deben poner sobre la mesa y revisar”.

Otro tema importante, asegura, es el tema del cobro de los impuestos; quién debe cobrar los impuestos. “A nivel municipal, solo se cobra el predial y el servicio del agua, pero dónde está el impuesto que se debe pagar para tener alumbrado público, para dar mantenimiento a parques y jardines, para pagar el servicio de recolección de basura, la seguridad pública a través de la policía municipal… no existe, y con lo que se paga de predial y agua no alcanza para cubrir todos los servicios y necesidades de la gente y de la misma autoridad municipal”.

Todos los recursos, detalla, se concentran en la federación, que lo reparte a los estados y los estados a los municipios. Esa fórmula, que existe desde hace 40 años y que se creó para simplificar los procesos, tenía sentido de ser hace 40 años, porque era muy difícil establecer sistemas recaudatorios donde no había computadoras, donde no había un sistema financiero eficiente, donde no se podía pagar a través de una APP, donde no se podía recaudar de manera automática.

Hoy en día, indica, cambiaron las condiciones, por lo que se debe de regresar a la visión de impuestos locales, no para que se establezcan impuestos como locos, pero sí para que se recaude y, en esa parte, el tercer punto de la propuesta es que el IVA de 16% se reduzca a 10% y que el 6% restante sirva para un impuesto local por estados y municipios.

Con ello, explica, el municipio va a tener un atractivo por desarrollar su actividad económica, para desarrollar su municipio, para atraer más población, para tener más comercio y para que ese comercio recaude un impuesto al consumo final y se beneficien tanto municipio como estado. Ya no sería el famoso IVA que yo recaudo como federación y reparto como yo quiero, a través de una fórmula en función del número de población, de la pobreza, de la recaudación. Esas fórmulas ya quedaron anticuadas ante un escenario integral, donde el ciudadano esté consciente de que cuando consume está pagando un IVA del 16%, pero un 3% es para el municipio, otro 3% es para el estado y un 10% es para la federación.

De esta forma, comenta, se combatiría la corrupción y ya no habría trabas a la hora de abrir un negocio. Este entraría en funcionamiento rápidamente y no en un año, como sucede actualmente.

El cuarto punto, añade, es un tema de simplificación fiscal, de un sistema justo, simple, principalmente para la micro, pequeña y mediana empresa, y para incorporar la economía informal. “Hoy tenemos el famoso Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), que es una simplificación para que el pago del ISR se realice de forma sencilla, rápida y eficaz.

Este sistema está bien, pero es muy estricto: si se te pasa presentar la declaración anual, si cometes un error, quedas fuera y te vas al régimen normal, como cualquier otra empresa. No toma en cuenta que se trata de pequeños negocios que no cuentan con un departamento de administración, que son los mismos dueños los que tienen que llevar su contabilidad o contratar un contador y pasarle la información para que presente las declaraciones, y además abrir el negocio, surtir, pagar a proveedores. Debemos simplificar las cosas”. 

Y el quinto y último punto, menciona, es la seguridad jurídica. “Tiene que haber certidumbre en el sistema, en cuanto al plazo, en cuanto al sistema, en cuanto a la interpretación de las leyes”.

Hoy, sostiene el presidente del CEM, no se puede hablar de contribuir con más dinero para el gobierno, cuando no se cumplen estas condiciones básicas y la primera es la rendición de cuentas. “Ese es un gran reto que tenemos y el Congreso, insisto, debe trabajarlo, independientemente del Ejecutivo, que propone normalmente, pero que no ha hecho cosas favorables para la actividad empresarial. Incluso hay retrocesos en materia eléctrica, donde se han frenado inversiones a través de la CRE, que restringe permisos a los particulares para la generación de energía eléctrica”.

Los lastres

La inseguridad y la impunidad son dos fenómenos que han prevalecido durante décadas y han tenido un impacto significativo en la sociedad. De ahí que el CCE y el CEESP propongan contar con una estrategia nacional e integral de seguridad que sea explícita para la ciudadanía, con una mejoría del sistema de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y la consolidación de la autonomía, independencia y eficiencia de la Fiscalía General, y de las fiscalías de los estados, que garantice la justicia expedita cotidiana.

 La propuesta incluye también fortalecer la denuncia, a fin de abatir la llamada cifra negra. Esto, mediante la promoción de la participación de la ciudadanía con mecanismos seguros y accesibles para que las violaciones a la ley sean denunciadas de forma verdaderamente anónima, con métodos estadísticos para identificar tendencias e incluir análisis de riesgos y considerando aplicaciones de comunicaciones que ayuden a la agilidad y oportunidad.

De igual forma, el gobierno debe poner en marcha estrategias claras para garantizar la seguridad en zonas específicas, zonas de tránsito de mercancías, de paso de migrantes y otros puntos logísticos clave. Además de identificar las zonas rurales más peligrosas para reforzar su seguridad con la cooperación de los distintos órdenes de gobierno. 

Un punto clave es ordenar y mejorar los cuerpos policiacos, aclarando las especialidades de las policías de proximidad, de órdenes municipales, estatales, nacionales, y las labores de vigilancia e investigación de cada uno de ellos. De igual forma, hay que mejorar la profesionalización de las policías en todos sus niveles; mejorar los sistemas de inteligencia del país y reformular la política de readaptación social.

Finalmente, en materia de impunidad, el CCE y el CEESP consideran que la falta de castigo o consecuencias para aquellos que cometen delitos perpetúa la violencia y la corrupción en el país; y se manifiesta en varios niveles, desde la falta de rendición de cuentas por delitos menores, hasta la impunidad por crímenes graves, como el narcotráfico y la corrupción en el gobierno, erosionando la confianza en las instituciones de justicia y creando un clima de inseguridad en el país.

Para enfrentarla, se propone fortalecer las instituciones de justicia, garantizar la independencia del poder judicial y erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno; y una mayor colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional para abordar este problema de manera integral y efectiva.

¿Panorama positivo?

Por lo pronto, el panorama macroeconómico para este año se mantiene positivo. BBVA indica, en un reporte, que la economía mexicana continuará mostrando dinamismo, apoyada principalmente por la resiliencia del consumo privado y la fortaleza del mercado laboral.

La previsión del Banco de México (Banxico) para el crecimiento económico en 2024 es de 2.9%, con una meta de inflación anual del 3.4%, aunque la institución financiera dice que se presentarán retos económicos para la siguiente administración. En particular, destaca el reto de la consolidación fiscal, dado el poco margen de crecimiento para la recaudación tributaria y las presiones al gasto público, derivadas de la continuidad de los programas sociales instituidos en este sexenio.

MÁS NOTICAS:

autor Editor de Negocios de Alto Nivel.

Comentarios