¿Hay dos gobernadores en Nuevo León?
La crisis constitucional que afecta al estado terminará resolviéndose en la SCJN o en el TEPJF, si Samuel García y el Congreso nuevoleonense acuden a esas instancias.
Nuevo León, la entidad que por sí sola contribuye con más del 10% del total de las exportaciones que realiza nuestro país, se encuentra en una crisis constitucional y de gobernabilidad provocada por el enfrentamiento -político y jurídico- entre el Ejecutivo y el Congreso del estado, actores que han estado utilizando las leyes y los órganos jurisdiccionales para atacarse mutuamente, en detrimento de los ciudadanos, el Estado de derecho y las instituciones.
De entrada, hay que aclarar que, de facto y legalmente, no hay dos gobernadores en ese estado, a pesar de los errores e irregularidades jurídicas cometidas por Samuel García Sepúlveda, hoy exprecandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), y titular del Poder Ejecutivo neolonés.
No obstante lo anterior, el Congreso local ha desconocido a García Sepúlveda, asegurando -a través de un comunicado- que la licencia que este había solicitado para separarse del cargo continúa vigente, por lo que el gobernador sería Luis Enrique Orozco Suárez, nombrado por el Legislativo de Nuevo León para ocupar de manera interina la gubernatura.
Sin embargo, debido a que en la Constitución de ese estado no está regulada la forma en la que el gobernador con licencia debe regresar a su puesto, y dado que Samuel García decidió “reasumir” su cargo, y declinar la precandidatura presidencial y su licencia, es este el único gobernador de Nuevo León y no Orozco Suárez.
Es cierto que García Sepúlveda cometió un buen número de errores políticos y actos que podrían ser irregulares en términos jurídicos, por lo que estos últimos deberán ser analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en caso de que el Congreso o el mismo Samuel García recurran nuevamente a estas instancias ante la disputa por la titularidad del Ejecutivo estatal.
Laguna constitucional
La Constitución de Nuevo León establece que es el Congreso el que debe autorizar las licencias del gobernador, pero esa norma no dice nada con respecto a la forma en la que debe regresar el Ejecutivo al que se le autorizó una licencia.
En casos similares, por una cortesía, el gobernador con licencia ha notificado su regreso mediante un escrito informativo entregado al Congreso, de hecho, así lo hizo el antecesor de Samuel García, Jaime Rodríguez, conocido como “El Bronco”, cuando este retornó a la gubernatura tras perder en las elecciones presidenciales de 2018.
A pesar de este antecedente, por la laguna que al respecto mantiene la Constitución local, y debido al enfrentamiento que sostiene con el Legislativo, García Sepúlveda decidió no informar primero al Congreso de su retorno al cargo, sino avisarlo a través de dos publicaciones en el Periódico Oficial del estado.
Ambos documentos están fechados el 1 de diciembre, es decir, cuando -legalmente- todavía era gobernador en funciones, lo que implicaría que, en realidad, nunca operó la licencia que comenzaba en el primer minuto del 2 de diciembre.
Estas publicaciones podrían considerarse ilegales, pero justo por eso García Sepúlveda decidió fecharlas el 1 de diciembre, para evitar que se le acusara de usurpación de funciones públicas.
Evidentemente aquí estamos ante una irregularidad, pues en el primer Acuerdo publicado Samuel García dice textualmente “el día de hoy (1 de diciembre) el suscrito y por las razones mencionadas reasume sus funciones como Gobernador Constitucional” de Nuevo León.
Esto último es uno de varios errores cometidos por el exprecandidato presidencial de MC: Al escribir que “reasume” da a entender que su licencia sí operó, es decir, que sí se fue de la gubernatura y estaría regresando a ella. Pero esto entra en contradicción con la fecha de ese primer Acuerdo, pues el 1 de diciembre García todavía era gobernador.
Lo correcto hubiera sido que expresara en el documento que no haría efectiva la licencia solicitada al Congreso, pues la redacción de ese Acuerdo denota que habría sido elaborado el 2 de diciembre, cuando ya era gobernador con licencia, lo que se habría simulado con la fecha del día anterior.
Más adelante, Samuel García publicó otro Acuerdo también en el Periódico Oficial en el que reitera que se encuentra en funciones, además de que declina contender por la presidencia del país.
Este último documento fue entregado al Congreso a las 14:01 horas del sábado 2 de diciembre, por el consejero jurídico del Ejecutivo estatal, Ulises Carlín de la Fuente, después de que el Legislativo ya había emitido el comunicado en el que afirmó que el gobernador seguía siendo el interino Luis Enrique Orozco Suárez.
Entonces, ¿quién es el gobernador?
Legal y materialmente (en los hechos) lo es Samuel García, debido a que no existe un procedimiento que faculte al Congreso a autorizar o denegar el regreso de un gobernador con licencia.
Sin embargo, si la disputa continúa, y el Legislativo de Nuevo León insiste en la vigencia del interinato de Orozco Suárez, lo que implica desconocer al gobernador constitucional, debe ser un órgano jurisdiccional, como la Suprema Corte o el Tribunal Electoral, los que deben dirimir la controversia.
Pero para ello se requiere “instar” a esas instituciones, es decir, tanto el Congreso del estado, como Samuel García, deberán acudir a la Corte, mediante una Controversia Constitucional, para que sea el máximo tribunal del país el que emita el criterio que se debe seguir.
También es factible que se solicite clarificar el tema al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de un Juicio Electoral.
Consecuencias políticas
Además del pulso jurídico que mantienen Samuel García y el Congreso, dominado por la oposición a Movimiento Ciudadano, no pueden obviarse los errores políticos cometidos por el gobernador neolonés, quien en su breve aventura como aspirante presidencial mostró falta de oficio, inmadurez y hasta desconocimiento del Estado de derecho.
Así, García Sepúlveda debe asumir que -por su impericia- es el primer responsable de la crisis constitucional que vive Nuevo León. Aunque, en segunda instancia, también hay una responsabilidad política del Congreso opositor.
Como el país ya se encuentra en pleno proceso electoral, tanto Movimiento Ciudadano, como los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que tienen mayoría en el Legislativo de Nuevo León, no deberán sorprenderse si los ciudadanos les pasan factura de esta crisis cuando acudan a las urnas el próximo año en los comicios federales.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.