Estas son las nuevas suspensiones contra el aeropuerto de Santa Lucía

El diferendo que sostienen diversas organizaciones civiles en contra de la presidencia de la República por haber cancelado las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco (NAIM), y su sustitución por una terminal en la Base aérea militar de Santa Lucía, promete seguir escalando ante la respuesta afirmativa de parte de juzgados y tribunales.

Hasta este lunes, ya son tres las suspensiones definitivas otorgadas a miembros del colectivo #NoMásDerroches, y cuatro las suspensiones provisionales que mantienen detenidos los trabajos que realizaría el Ejército en Santa Lucía, además de que -desde la semana pasada- también se suspendió el proyecto que pretendía inundar lo ya construido en Texcoco.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que forma parte de #NoMásDerroches, confirmó a Alto Nivel que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México otorgó las últimas dos suspensiones definitivas para que, por un lado, no se cancele la edificación del NAIM, y por el otro, para que momentáneamente queden sin efectos las leyes de Ingresos de la Federación de 2015 al 2018.

Los promoventes de estos últimos amparos reclamaron los aumentos que en ese periodo de cuatro años se dieron a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), recursos que se contemplaron en las leyes de Ingresos, y que sirvieron para financiar las obras en Texcoco.

Se trata de cantidades aportadas por los usuarios del actual Aeropuerto de la Ciudad de México que, al integrarse al presupuesto del gobierno federal, son susceptibles de ser impugnadas a través del juicio de amparo, por el uso y destino que la autoridad haga de esos recursos.

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Negación de las autoridades

Cabe destacar que, en uno de estos juicios de amparo, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México ordenó una inspección judicial en la Base aérea militar de Santa Lucía, a fin de que se verificara el avance de los trabajos de construcción, pues inicialmente el gobierno federal le había respondido a ese juzgado que el acto que se reclamaba vía amparo era inexistente.

De manera específica, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había informado que no se estaba construyendo el aeropuerto civil de Santa Lucía, a pesar de que al mismo tiempo esa dependencia le había enviado al mismo juzgado un documento denominado “Manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con categoría Internacional en la Base aérea Militar No. 1”.

Ante estas respuestas ambiguas, y sobre todo contradictorias, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México también le pidió a la Sedena “que remita copia certificada de la manifestación” mencionada. Esa dependencia “deberá aclarar su informe previo, pues al momento de rendirlo negó la existencia de los actos que se le reclaman, entre los que se encuentran la proyección del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía”, apunta el auto del juzgado.

Estos detalles nos sirven para conocer la forma en la que el gobierno federal se está defendiendo ante los amparos que cuestionan la decisión de suspender el aeródromo que se construía en Texcoco.

No es la primera vez que se conoce que el gobierno federal niega los actos que se le reclaman, a pesar de que son hechos públicos y notorios. En términos jurídicos, estas respuestas de la autoridad solo son actos que tienden a retrasar la resolución de los amparos.

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Enojo presidencial

Las siete suspensiones hasta ahora otorgadas forman parte de los 147 juicios de amparo promovidos por más de cien ciudadanos patrocinados por el colectivo #NoMásDerroches, que tienen como objetivo impedir las obras en Santa Lucía.

Los particulares que se querellaron argumentan que la decisión de construir un aeropuerto civil en lo que hoy es una Base aérea militar se tomó sin contar con los estudios de factibilidad, seguridad técnica, aeronáutica, mercado, legalidad, administrativos, ambientales, financieros, de flujo de costos y beneficios sociales, entre otros.

Con estas falencias, el gobierno federal estaría lesionando los derechos humanos de los quejosos, por lo que la autoridad debe presentar los estudios de seguridad que avalen esas obras.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la semana pasada a los promoventes de estos juicios. “Puedo probar que hay un interés político porque los que están presentando estos amparos pertenecen a organizaciones contrarias a nosotros”, argumentó el mandatario.

López Obrador también adelantó que él mismo podría dar a conocer los nombres de quienes, a través de los amparos, se oponen a la construcción de la terminal aérea de Santa Lucía.

La respuesta ante este amago presidencial llegó el fin de semana de parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, institución que consideró “inapropiado que el Ejecutivo Federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiban o cuestionen el ejercicio del derecho de defensa de las personas”.

Los letrados le recordaron al presidente que tanto la Constitución, como los tratados internacionales de los que México es parte, garantizan “el derecho de toda persona a la justicia y consecuentemente a interponer acciones legales, tales como juicios de amparo, entre otras, cuando consideren que sus derechos sean vulnerados”.

Este es el caso de los amparos promovidos contra el aeropuerto de Santa Lucía, pues los particulares que acudieron a los tribunales consideran que sus derechos fundamentales han sido lesionados con la decisión de cancelar el NAIM en Texcoco.

Incluso, suponiendo sin conceder que esos ciudadanos y las organizaciones que los apoyan tuvieran -como dice el presidente- un interés político, esto no significa que aquel sea ilegítimo o ilegal. Con o sin intenciones políticas, los ciudadanos tenemos derecho a exigir que las autoridades respeten la Constitución y la ley.

De igual forma, el gobierno federal está obligado a no realizar actos arbitrarios. Justo esto último es lo que también se le reclama al Ejecutivo federal con los amparos, pues nuestra carta magna exige a todas las autoridades fundar y motivar sus determinaciones, algo que no se ha hecho ni con la cancelación de Texcoco, ni con el proyecto de sustitución de esa terminal aérea en Santa Lucía.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.