Esta ley cancelará las inspecciones y vigilancia a tu empresa

Todas las dependencias de la administración pública federal deberán suspender las actividades de vigilancia, inspección o verificación que efectúen a las empresas, siempre y cuando estas se inscriban en un padrón y aseguren, bajo protesta de decir verdad, que cumplen con todas sus obligaciones, de acuerdo con la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana aprobada por el Senado.

Esta norma, que aun debe avalarse en la Cámara de Diputados, pretende combatir la corrupción y las extorsiones que sufre el sector productivo de parte de inspectores gubernamentales.

Sin embargo, la ley tiene varias excepciones, es decir, se seguirá verificando a los establecimientos mercantiles en el ámbito fiscal, en lo referente a la protección civil, la protección al medio ambiente, en las actividades aduaneras, en los derechos del consumidor, en las actividades del sector financiero, y en lo que relativo a la materia de armas de fuego y explosivos.

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Vigilancia aleatoria

Las personas físicas y morales que quieran gozar de los beneficios que ofrece esta ley deberán inscribirse voluntariamente en un padrón, el cual será administrado por la Secretaría de Economía, a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

La adscripción voluntaria “se entenderá como un acto de buena fe, por el cual las personas beneficiarias manifiestan que se encuentran en cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales”. Solo los inscritos dejarán de ser verificados.

No obstante, con una periodicidad que deberá definir la Conamer, se llevará a cabo una selección aleatoria del 1% de los inscritos en el padrón, a fin de verificar si realmente cumplen con sus obligaciones.

Si se corrobora dicho cumplimiento, los empadronados verificados aleatoriamente “recibirán del Estado, por conducto del titular del Poder Ejecutivo Federal, un reconocimiento que así lo establezca”.

En contraste, si se comprueban situaciones de incumplimiento, los inscritos serán suspendidos del padrón por un año, y no podrán recibir otros beneficios y facilidades administrativas que se prevé otorgar, dependiendo de las actividades productivas que desarrolle la empresa.

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Trato diferenciado

La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que fue elaborada por el coordinador de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, pretende ser un instrumento que facilite las actividades de las personas físicas y morales, impulsando con ello la economía del país.

El problema es que otorgará un trato diferenciado a las empresas: las que se inscriban en el padrón gozarán de beneficios, empezando porque no serán inspeccionadas, en tanto que aquellas que no se adhieran mantendrán las cotidianas verificaciones.

Esta diferenciación trasgrede la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, que dispone que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa, es decir, sin distinción alguna.

Además, el gobierno federal deberá tener dos catálogos, uno con los trámites generales para todas las empresas, y otro para aquellas que se inscriban en el padrón establecido en esta ley.

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Beneficios inciertos

Otro elemento problemático de la norma es que esta no detalla cuáles van a ser los beneficios y facilidades que se recibirán por inscribirse en el padrón, además de la suspensión de las inspecciones. La iniciativa aprobada solo apunta que todo eso deberá ser definido por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

En cambio, la ley sí prescribe las sanciones a las que pueden hacerse acreedores aquellos inscritos en el padrón que no cumplan con sus obligaciones, y sean verificados aleatoriamente.

Y sobre esto último, ninguno de los 17 artículos de la ley establece cuál va a ser el mecanismo específico que se utilizará para escoger al 1% que será verificado, tampoco se define la periodicidad de esas inspecciones aleatorias.

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Incertidumbre y arbitrariedad

Hagamos un ejercicio de cómo operará realmente esta ley: La empresa A, dedicada a la fabricación de equis producto se inscribe en el padrón que se creará con la norma.

Esta firma seguirá siendo verificada por las autoridades fiscales, por las dependencias que inspeccionan los programas y medidas de protección civil, por la Procuraduría Federal del Consumidor, en caso de que venda sus productos al público; y por las autoridades aduaneras, si exporta su producción o importa sus insumos.

En otros temas ya no recibirá ningún tipo de inspección, tratándose de dependencias federales. Sin embargo, la empresa seguirá siendo verificada por las autoridades de su entidad federativa y del municipio en donde se encuentre su domicilio, pues la ley otorga facultades desregulatorias solo en el ámbito federal.

A esto debe añadirse que la empresa de nuestro ejercicio puede ser elegida aleatoriamente por la Conamer, para comprobar si realmente cumple con todas sus obligaciones.

Como la inscripción al padrón fue voluntaria, y bajo protesta de decir verdad, cualquier irregularidad u omisión que se haya cometido, con o sin intención de hacerlo, será motivo no solo de una sanción en términos de esta ley, sino también de las demás normas que se hayan incumplido.

Esto, lejos de generar confianza fomenta la incertidumbre, además de que no se reducirán ni suspenderán las inspecciones estatales y municipales, a menos que en esos niveles las autoridades apliquen normas similares a la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que se circunscribe al ámbito federal.

Por otro lado, ¿Qué pasará con las empresas que no se inscriban en el padrón?, ¿Se corre el riesgo de que la autoridad refuerce sus mecanismos de verificación en esos establecimientos mercantiles que no quieran formar parte de esta iniciativa?. ¿Si nuestra Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, por qué unos recibirán un trato especial solo por inscribirse en el padrón?

No debemos olvidar que la adhesión a estos presuntos beneficios es voluntaria, pero quien no quiera inscribirse no necesariamente está incumpliendo con sus obligaciones.

La ley no responde en su articulado a estas preguntas, tampoco dice por qué la autoridad en vez de sancionar la corrupción de sus inspectores, les deja la carga de la honestidad a los empresarios.

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.