¿En términos jurídicos, cómo llega AMLO a su primer informe?

SNo hay duda, México cambió, pero no lo hizo a partir del 1 de diciembre de 2018 cuando inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino varios lustros antes, con los esfuerzos de ciudadanos, organizaciones sociales, la oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y luego a los gobiernos federales de Acción Nacional.

No estoy negando la importancia de la llegada de López Obrador al Ejecutivo federal, solo quiero destacar que este hoy ocupa la silla presidencial gracias a la contribución de él mismo, cuando era oposición, y a las luchas ciudadanas con las que los mexicanos dimos fin a un sistema antidemocrático de partido único, que entre otras características no respetaba la división de poderes, negando con ello un derecho humano elemental: el acceso de los ciudadanos a la tutela jurisdiccional.

Si bien falta aún mucho camino por recorrer para poder contar con una justicia funcional, eficiente, accesible y democrática, el balance en este tema es medianamente positivo: una prueba de ello puede observarse, y medirse cualitativa y cuantitativamente, en los miles de juicios de amparo que se dirimen en juzgados y tribunales cuestionando la legalidad de las decisiones del presidente.

Pretender que el mandatario respete el principio de legalidad, y cumpla exclusivamente con las facultades que le otorga la Constitución, no es un sabotaje legal a su gobierno, sino el ejercicio de un derecho que era difícil encontrar en los años setenta y ochenta.

Para quienes nacimos y crecimos en esas décadas, y podemos comparar aquellos tiempos con la actualidad, el cambio es muy claro: Hoy se puede acudir al Poder Judicial de la Federación para que se frene una medida tomada por el mandatario.

Justo esa ha sido la característica que en términos jurídicos ha matizado los primeros nueve meses del gobierno de López Obrador, cuya administración ha tenido que responder a miles de amparos en los que se demanda la inconstitucionalidad de decenas de actos administrativos emitidos por el Ejecutivo.

Es por eso que para el lopezobradorismo el balance jurídico evidentemente es negativo, y aquí debemos destacar que la responsabilidad de este yerro no recae en los ciudadanos promoventes de los amparos, tampoco es de los órganos autónomos que cuestionan la constitucionalidad de algunas leyes, aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso.

El responsable de que la actual administración enfrente miles de juicios es el mismo presidente, quien ha pretendido gobernar como si este país no hubiera cambiado, quien ha tomado decisiones como las que se ejecutaban en los tiempos de la hegemonía priista, suponiendo -erróneamente- que puede hacerlo sin que se le demande en tribunales.

En la consejería jurídica de la presidencia ya no caben tantos expedientes gracias a la organización de una consulta sin ningún sustento legal, con la que se justificó la cancelación de lo que sería el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Son miles las fojas que se acumulan debido a la emisión de memorándums presidenciales que no tienen base constitucional.

Si las enumeramos, en orden cronológico las erratas del presidente que trasgreden normas constitucionales incluyen: autoasignarse una cantidad específica como sueldo, sin contar con facultades para ello; ordenar sin licitación alguna la compra en el extranjero de vehículos para transportar hidrocarburos; emitir un memorándum para dejar sin efecto las leyes de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

El inicio de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional; la realización de consultas que no consideraron a todos los involucrados tanto para continuar con la termoeléctrica de Huexca, Morelos, como para empezar los trabajos del Tren Maya; la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo que no cumple con las mínimas características que ordenan los artículos 16 y 26 de la Constitución.

La actuación del Ejército como Guardia Nacional, de manera adelantada, cuando aún no se emitían los acuerdos específicos que ordena la reforma a la carta magna con la que se creó esa nueva corporación; el subejercicio presupuestal que ha llevado a una crisis al sistema de salud; y finalmente, pero no más importante, la renuncia a ejercer el poder punitivo del Estado en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada. 

No todas estas decisiones de dudosa legalidad están siendo cuestionadas en los tribunales, sin embargo, parafraseando a nuestro Premio Nobel de literatura Octavio Paz, aquellas que sí constituyen el fundamento de miles de juicios de amparo nos muestran que la presidencia ya no se ejerce como si se tratara de un reino, el gran Tlatoani es parte de nuestra historia, pero hoy los mexicanos ya salimos de ese laberinto de la soledad que durante décadas nos habíamos impuesto cual castigo, nosotros mismos.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.