¿Por qué CFE quiere un arbitraje para anular contratos con IMG y Carso?

Surya Palacios @suryapalacios

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no quiere cumplir algunas de las cláusulas pactadas en los contratos para la construcción de dos gasoductos, signados con el Grupo Carso, y con el consorcio Infraestructura Marina del Golfo (IMG), conformado por las empresas canadienses IEnova y TransCanada, por lo que la firma estatal solicitó el inicio de un arbitraje internacional.

La CFE quiere que las empresas le devuelvan más de 900 millones de dólares, que considera se pagaron de manera indebida, a pesar de que esas erogaciones están claramente establecidas en los contratos.

Es por eso que se solicita la intervención de la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (LCIA, por sus siglas en inglés), a fin de que esa instancia determine si la firma estatal mexicana tiene razón en su reclamo.

El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias en el que un tercero neutral, al que se le denomina árbitro, emite un dictamen para resolver una disputa entre dos o más empresas.

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Incertidumbre contractual

Son dos los contratos con los que no está de acuerdo la CFE: el primero es el relativo a la construcción del gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, del que se encargaron IEnova y TransCanada, a través de IMG. El segundo es el que se firmó con Grupo Carso, encargado de edificar el gasoducto Samalayuca-Sásabe. Ambos instrumentos representan inversiones de más de 3,000 millones de dólares.

La solicitud de la CFE para el inicio del proceso arbitral fue comunicada a IEnova a pesar de que el pasado 11 de junio la firma anunció la conclusión del gasoducto, el cual tiene capacidad para transportar -diariamente- 2,600 millones de pies cúbicos de gas natural.

De acuerdo con datos de IEnova, el proyecto representa aproximadamente 2,500 millones de dólares de inversión en infraestructura, con la que se proveerá del gas natural que necesitan plantas generadoras de energía eléctrica, clientes industriales y centros urbanos en México.

El diferendo generó la caída de las acciones de IEnova en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y la queja del embajador de Canadá en nuestro país, Pierre Alarie, quien es su cuenta de Twitter manifestó su preocupación por las acciones de la CFE, que envían una señal de que “México no desea respetar los contratos de gasoductos”.

De hecho, estas señales, como las denomina el diplomático canadiense, crean una incertidumbre contractual que no solo afecta a los consorcios involucrados en la construcción de los gasoductos, sino también a todas las empresas -nacionales y extranjeras- que invierten en nuestro país.

Si no hay seguridad de que los contratos serán cumplidos en sus términos de parte de las empresas del Estado mexicano, la confianza de los tomadores de decisiones disminuye, mientras los riesgos y costos de sus inversiones aumenta, pues los procesos arbitrales, aunque sean una forma amigable de solucionar controversias, no son gratuitos.

En el caso de los contratos controvertidos por la CFE, la empresa estatal recurrió a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres, institución que resuelve las disputas mediante sus propias reglas arbitrales, o utilizando las normas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), dependiendo de lo que acuerden las partes.

Los gastos administrativos para un arbitraje inician con una cuota de registro de 1,750 libras esterlinas (unos 42,000 pesos mexicanos), en tanto que cada hora de trabajo de los mediadores y árbitros tiene un costo de 250 libras (unos 6,000 pesos por hora).

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Contratos leoninos

Luego de que se conoció la petición de la Comisión Federal de Electricidad para iniciar un proceso de arbitraje con el consorcio Infraestructura Marina del Golfo (IMG), el Grupo Carso, propiedad del multimillonario Carlos Slim, también recibió una misiva similar de parte de la empresa estatal que dirige Manuel Bartlett.

“Carso Gasoducto del Norte está actualmente analizando el contenido de la solicitud de arbitraje recibida, y su fundamento legal”, informó esa firma en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Al igual que con IMG, la CFE demanda la nulidad de algunas de las cláusulas del contrato signado con Carso para la construcción del gasoducto Samalayuca-Sásabe, que recorrerá los estados de Chihuahua y Sonora, con una capacidad diaria para transportar hasta 472 millones de pies cúbicos de gas.

El acuerdo en controversia, que representa una inversión de 570 millones de dólares, se firmó en 2015 con un plazo de 25 años.

Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, se trata de “contratos leoninos” que afectan a la CFE, por lo que -a través del arbitraje internacional- se busca dialogar con las constructoras de los gasoductos.

“Aquí se dio a conocer que esos contratos eran abusivos, yo les llamé contratos leoninos porque se entregaron con todos los beneficios para las empresas”, apuntó el jueves el mandatario mexicano. Agregó que “si esos contratos se aplican tal cual, se terminaría de quebrar la Comisión Federal de Electricidad”.

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Solución arbitral

Existen cuatro instancias internacionales que se encargan de los procedimientos arbitrales: la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, Francia; la Corte Internacional de Arbitraje de Londres (LCIA), en el Reino Unido; y el Centro Internacional para la Resolución de Disputas, que pertenece a la Asociación Americana de Arbitraje, con sede en Nueva York.

La CFE acude a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres porque así lo debe establecer la cláusula arbitral de los contratos firmados con las empresas canadienses y con Carso.

La London Court of International Arbitration se fundó en 1883 para solucionar conflictos mercantiles de manera expedita, ahí “donde la ley es lenta”. En sus orígenes era un comité que sirvió para resolver todas las disputas de la intensa actividad comercial londinense.

En la actualidad, la mitad de los casos que resuelve esa instancia son reclamaciones monetarias. De acuerdo con su informe anual, en 2018 la Corte Internacional de Arbitraje de Londres resolvió 317 casos. Los principales conflictos que llegan a la LCIA son de los sectores bancario (29%), energético (19%), del transporte (14%), y de construcción e infraestructura (10%).

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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.