Ley Minera: Empresas promueven 500 amparos contra reforma
La reforma a la Ley Minera, que entró en vigor el pasado 9 de mayo. redujo la duración de las concesiones de 50 a 30 años.
Al considerar inconstitucional la reforma a la Ley Minera, aprobada en abril pasado por la mayoría de Morena en el Congreso, empresas de este sector, nacionales y extranjeras, han promovido 500 amparos en contra de la norma, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también analiza una demanda interpuesta por diputados de la oposición.
De acuerdo con datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), los 500 Juicios de Amparo contra la nueva Ley de Minería no corresponden a igual número de consorcios, sino que algunas de las firmas promovieron más de una demanda, para con ello combatir cada una de las afectaciones que les ocasiona la reforma.
En ese tenor, varias empresas ya han obtenido suspensiones definitivas de parte de jueces federales, destacándose entre estas la minera Cobre del Mayo, que opera la veta Piedras Verdes, ubicada en Álamos, en el estado de Sonora, y la firma canadiense First Majestic Plata.
La reforma a la Ley Minera, que entró en vigor el pasado 9 de mayo, fue avalada vía fast track y sin discusión alguna por la mayoría de los legisladores del partido oficial en la Cámara de Diputados, además de que en el Senado la aprobación se llevó a cabo sin la presencia de la oposición.
Con estos cambios se estableció reducir de 50 a 30 años la duración de las concesiones mineras, se dispuso que no habrá más contratos de este tipo, además de que se modificaron radicalmente todos los procedimientos para que las empresas puedan operar en este sector.
Afectaciones económicas
En sus demandas de amparo, las empresas mineras consideran que la reforma es violatoria de los artículos 1, 5, 14, 16, 27, 89, fracción I; y 133 de la Constitución, lo que les ocasiona -sobre todo- inseguridad jurídica, además de diversos daños económicos.
La Asociación de Ingenieros de Minas confía en que la SCJN declare la norma inconstitucional, cuando resuelva la acción promovida por diputados de la oposición, sentando así un criterio jurisprudencial que deberán seguir en las sentencias de amparo todos los Juzgados y Tribunales federales a los que han acudido las mineras.
En sus Juicios de Amparo, las empresas First Majestic Plata y Cobre del Mayo obtuvieron suspensiones definitivas en junio y julio, respectivamente, por lo que la Ley de Minería, que establece el rechazo automático de nuevas concesiones, no puede aplicársele a estos consorcios hasta que se resuelva el fondo de los amparos.
Además de impugnar esta norma, las firmas también demandan la inconstitucionalidad de los cambios hechos a las leyes de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico, y para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que, en conjunto, cambiaron sustancialmente la participación del capital privado en el sector minero mexicano.
A su vez, en la Corte, el ministro Alberto Pérez Dayán es el encargado de elaborar la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad de los diputados de oposición, quienes buscan que el máximo tribunal invalide estas reformas.
De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), en este 2023 la inversión de capital privado para la exploración en esta actividad será 5% menor al ejercido en 2022, debido a la incertidumbre jurídica que han generado los cambios legislativos.
Amparo también por el litio
A estos ocursos se añade una demanda de amparo interpuesta por la empresa minera china Ganfeng Lithium, en contra de la cancelación de nueve concesiones que poseía para la explotación de litio en el estado de Sonora.
Esta compañía, que es la mayor empresa de litio del mundo, realizaba trabajos de exploración de ese mineral a partir de nueve contratos de concesión que ahora el gobierno federal le ha cancelado, pues en la reforma a la Ley Minera se declara que la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estará a cargo exclusivo del Estado mexicano.
Con base en esa disposición, en agosto pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó, mediante un decreto, la empresa Litio para México (LitioMx), a fin de que dicho consorcio público explore, explote y aproveche los yacimientos de litio que se ubican en territorio nacional.
Hasta abril de este año, en México existían 31 concesiones otorgadas a empresas extranjeras para explorar vetas de litio, aunque solo una había logrado extraer y exportar ese mineral.
Estos 31 permisos se otorgaron a empresas de Canadá, China y Estados Unidos, principalmente, entre los años 2000 y 2018. Los estados del país en los que existen yacimientos de litio son, entre otros, Coahuila, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, y San Luis Potosí.
En conjunto, tanto las mineras que eran concesionarias de vetas de litio, como aquellas que se dedican a la extracción de otros minerales, pagaron impuestos por 72,924 millones de pesos en 2022, cifra 13% superior a las contribuciones fiscales hechas por este sector un año antes, según el más reciente informa de la Cámara Minera de México.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.