Juzgado pone freno definitivo a la Ley Minera en favor de la empresa Cobre del Mayo
Se trata del segundo consorcio del sector minero al que no podrán aplicársele las nuevas disposiciones avaladas en fast track por el Congreso
La empresa Cobre del Mayo, que opera la mina Piedras Verdes, ubicada en Álamos, en el estado de Sonora, obtuvo la suspensión definitiva de la reforma a la Ley Minera, por lo que esa norma, que establece el rechazo automático de nuevas concesiones, no podrá aplicársele a este consorcio hasta que se resuelva el fondo del amparo promovido en contra de las nuevas disposiciones para ese sector.
“Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA” en contra de “actos del Congreso de la Unión y de otras autoridades”, determinó el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, precisa la resolución cuya copia posee ALTO NIVEL.
Cobre del Mayo es la segunda empresa en ser beneficiada con la suspensión del nuevo contenido de la Ley Minera, luego de que la firma canadiense First Majestic Plata consiguiera una medida similar a principios del mes de junio.
La reforma a la Ley Minera, que entró en vigor el pasado 9 de mayo, fue avalada en abril por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, vía fast track y sin discusión alguna, además de que en el Senado la aprobación se llevó a cabo sin la presencia de la oposición.
En su demanda de Amparo, Cobre del Mayo argumenta que los cambios legislativos trasgreden los artículos 1, 5, 14, 16, 27, 89, fracción I, y 133 de la Constitución, pues ahora -además del rechazo de las solicitudes para nuevas concesiones mineras- se decidió reducir de 50 a 30 años la duración de las mismas, en tanto que se modificaron radicalmente todos los procedimientos para que las empresas puedan operar en este sector.
Asimismo, la reforma impone a los consorcios mineros la obligación de consultar previamente y remunerar a las comunidades indígenas que habiten en las áreas aledañas al sitio de la concesión, lo que no es del todo negativo. El problema radica en que el Congreso concedió un trato preferencial a las empresas gubernamentales en detrimento de sus pares del sector privado.
Autoridad se queja tarde
Antes de esta suspensión definitiva que le beneficia, la empresa Cobre del Mayo obtuvo una suspensión provisional el pasado 20 de junio, resolución que fue impugnada por el Poder Legislativo y el Ejecutivo federal a través de un Recurso de Queja.
Sin embargo, el ocurso de esas instituciones se promovió tarde, tal y como ya ha sucedido en otros casos, por lo que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México determinó rechazar la Queja, ya que esta quedó sin materia en el momento en el que el Juzgado concedió la suspensión definitiva.
Tanto Cobre del Mayo como la canadiense First Majestic Plata buscan que se declare la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley Minera, así como los cambios hechos a las leyes de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico, y para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que, en conjunto, cambiaron sustancialmente la participación del capital privado en el sector minero mexicano.
Además de las demandas de amparo de las empresas, los diputados de la oposición también impugnaron la constitucionalidad de la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De hecho, la semana pasada, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió la Acción de Inconstitucionalidad promovida por los legisladores de los partidos contrarios a Morena.
De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), en este año la inversión de capital privado para la exploración en esta actividad será 5% menor al ejercido en 2022, debido a la incertidumbre jurídica que han generado las reformas.
No obstante, en 2023 esta industria invertirá en otras áreas unos 5,210 millones de dólares, que equivalen a un aumento del 1% de lo que el sector minero aplicó el año pasado.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.