La SCJN suspende acuerdo de Sener sobre política de seguridad energética
La medida no puede aplicarse hasta que no se resuelvan las Controversias Constitucionales de Cofece y el gobierno de Tamaulipas.
La nueva política energética de la actual administración federal sigue sin tener suerte en tribunales, así como las empresas de energías renovables han conseguido suspensiones definitivas, ahora el gobierno de Tamaulipas obtuvo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la suspensión del acuerdo de la Secretaría de Energía que emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
Con esta resolución, que se une a otra suspensión otorgada por la Corte a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), se ratifica que -por el momento- la nueva política de la Secretaría de Energía no podrá aplicarse a plenitud, hasta que el máximo tribunal del país resuelva el fondo de la Controversias Constitucionales promovidas en contra del acuerdo mencionado.
El documento suspendido, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de mayo, impone a las empresas de energías limpias nuevas reglas que obstaculizan su competencia con respecto a las fuentes de energías tradicionales.
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Libre concurrencia
Formalmente, la Sener argumentó que la nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional sería solo transitoria, en tanto esa dependencia modifica otras disposiciones administrativas.
Sin embargo, tanto la Cofece como el gobierno de Tamaulipas consideran que esa medida “violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia”, que están ordenados en la Constitución mexicana.
El acuerdo de la Secretaría de Energía pretendía reforzar una medida similar emitida a finales de abril por Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el cual impide a las empresas de energías renovables realizar pruebas para posteriormente operar en el mercado eléctrico nacional.
No obstante, el acuerdo del Cenace también está suspendido en favor de alrededor de 65 consorcios productores de energía eólica y solar, aunque esos juicios no se desarrollan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino en juzgados y tribunales especializados en Competencia Económica.
Con las dos suspensiones ya otorgadas por la Corte en contra del acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener), y las emitidas por los juzgados que paralizan un documento similar del Cenace, en los hechos, el gobierno federal no puede aplicar su nueva política energética con la que intentaba cancelar la reforma que en esa materia aprobó el Congreso en 2013.
Trasgresión constitucional
El sistema jurídico mexicano establece que una disposición administrativa no puede estar por encima de lo que señala la carta magna, por ende, los acuerdos de Sener y el Cenace, al tratar de modificar la actual regulación del mercado eléctrico del país, estarían trasgrediendo los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución.
En ese tenor, la Comisión
Federal de Competencia Económica detalló en su Controversia Constitucional que
la Secretaría de Economía estaría afectando “de manera grave” la estructura
económica del sector eléctrico, pues el
acuerdo de esa dependencia elimina la posibilidad de que el mercado opere de
manera eficiente y competitiva, tal y como lo dispone todo el andamiaje
legal de la reforma energética, aprobada en la administración del presidente
Enrique Peña Nieto.
La política energética que se está impugnando en la Corte compromete además el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución de electricidad, y otorga ventajas en favor de la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de que esa entidad del Estado mexicano tiene costos de producción mucho más altos que los que ofrecen las empresas de energías renovables.
Por todo lo anterior, al menos preliminarmente, la Cofece y el gobierno de Tamaulipas pidieron a la SCJN la suspensión de las medidas ordenadas por la Sener, a fin de que no se disminuya la competencia que debe regir en el mercado eléctrico de México.
En su defensa, la Secretaría de Energía ha dicho que, debido a la pandemia de Covid-19, se redujo de manera drástica la demanda eléctrica del sector industrial y comercial, por lo que en los últimos tres meses ha habido un aumento del “preexistente desbalance entre la capacidad de generación eléctrica con respecto a la demanda”.
Si bien ese argumento es parcialmente cierto, los consorcios de energías limpias se quejan de que las nuevas directrices del gobierno federal ponen en riesgo inversiones por más de 6,000 millones de dólares y al menos 30,000 empleos. A lo que se suma la posible trasgresión al marco constitucional y legal que rige al sector energético del país desde hace siete años.
Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.