La nueva política de la Sener ‘mete el pie’ a las energías limpias

Las nuevas directrices emitidas por la Secretaría de Energía para fortalecer la confiabilidad, seguridad y continuidad del Sistema Eléctrico Nacional significan un fuerte revés para el avance de las energías limpias en México, pues exige más requerimientos para las plantas de energía solar y eólica, mientras que da más relevancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la generación de energía eléctrica con combustibles fósiles.

Esta política impuesta por la dependencia encabezada por Rocío Nahle pone en riesgo 26 proyectos de energía solar y eólica listos para operar y a 18 que están en construcción, todos estos a lo largo de 18 estados de la República, de acuerdo con organismos que representan a empresas del sector de energías renovables.

¿Qué fue lo que pasó?

El pasado viernes 15 de mayo, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el “ACUERDO por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.”

Dicho acuerdo abroga (invalida) el anterior aviso por el que se daba a conocer la política de confiabilidad, establecida por la Secretaría de Energía, publicado en el DOF el 28 de febrero de 2017, que fue parte de la reforma energética para abrir la industria de generación de energía a empresas privadas.

¿Qué dice el acuerdo?

El documento establece líneas de poítica que todos los integrantes de la Industria Eléctrica, incluidos reguladores, organismos, los gobiernos estatales y municipales, deben seguir para “garantizar un suministro eléctrico confiable.”

El punto más polémico del acuerdo es sobre la incorporación de las energías limpias intermitentes (solar fotovoltaica y eólica). De entrada, la Sener dice que “las Centrales con fuente de Energía Limpia Intermitente no proveen una cantidad firme Potencia, por tanto, no aportan a la Confiabilidad del Sistema Eléctrico.”

Por factores naturales, la energía solar y la eólica no pueden ofrecer la misma potencia de forma constante, como sí lo pueden hacer las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles. Sin embargo, el abaratamiento de costos ha hecho más competitivas estas fuentes de energía.

Las condiciones geográficas hacen a México un lugar propicio para generar energía solar y eólica. Para 2040, el país podría atraer inversiones combinadas de 156,000 millones de dólares, de acuerdo con el reporte New Energy Outlook de Bloomberg en su edición de 2017.

Para 2050, se calcula que el 84% de la energía producida en México podría estar libre de carbono.

Sin embargo, el acuerdo de la Sener puede negar las solicitudes de interconexión a las centrales eléctrica de energía eólica o fotovoltaica, si considera que esta carece de recursos “para compensar la intermitencia y lograr mantener el control de la frecuencia, del voltaje y la confiabilidad y selectividad de los esquemas de protecciones.”

Ramses Pech, de Grupo Caraiva, dice que, de esta forma, podrán solicitarle a cada proyecto un reforzamiento de las líneas o la construcción de una nueva; ante la falta de capacidad en donde pretendan realizar la interconexión.

Según el especialista, el acuerdo emitido tiene razón en dar confiabilidad a la red nacional de electricidad, “(pero) el problema es que no hay certidumbre a las inversiones realizadas y las futuras tendrán que invertir más; eso ocasionará un incremento en el costo de la electricidad por medio de energías renovables al aumentar el monto de la inversión.”

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¿Cuál ha sido la reacción?

Especialistas y asociaciones empresariales calificaron la publicación de este documento como un “madruguete” del gobierno federal, pues eludió el requisito de revisar comentarios y entrar al proceso de 20 días hábiles ante la CONAMER para iniciar el proceso de Mejora Regulatoria, que permitiera recibir y atender las participaciones de los privados afectados.

El pasado 29 de abril, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) intentó publicar el acuerdo, pero una opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) alertó que las nuevas directrices marginaban a los generadores de electricidad más eficientes, mientras que beneficiaría a los convencionales (CFE).

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que la Secretaría de Energía “violenta el estado de Derecho y atenta contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético del país.”

El mismo viernes, la delegación de la Unión Europea en México y la Embajada de Canadá enviaron por separado cartas a la Sener expresando su preocupación por esta política que para en seco la entrada en operación de plantas de energías renovables, y amenaza con desincentivar la inversión privada, sobre todo la proveniente de sus países.

Mientras que la American Chamber México pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador rectificar dicha política, pues los más afectados serán los consumidores, pues no tendrán acceso a tarifas más competitivas.

¿Cuáles son las consecuencias?

La inmediata es que las empresas generadoras de energías limpias afectadas pueden recurrir a instrumentos jurídicos, así como a tratados comerciales y acuerdos internacionales para proteger sus inversiones.

Pero las afectaciones también estarán en la generación de empleos y en el impacto ambiental. De acuerdo con las asociaciones mexicanas de Energía Solar (Asolmex) y de Energía Eólica (AMDEE), la política de la Sener tendrá un impacto negativa sobre 26 plantas solares fotovoltaicas y eólicas con una capacidad de generación de 3,021 megawatts (MW) listas para entrar en operación comercial, además de 18 proyectos por 2,306 MW en construcción que no podrían interconectarse.

Todos estos proyectos requirieron de una inversión de 6,426 millones de dólares en inversión directa, que detonarían casi 30,000 empleos en las cadenas de valor.

Además, sin estos proyectos no podrían evitarse emisiones mensuales de 714,000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), de acuerdo con las asociaciones.

Intereses enfrentados

Este nuevo enfrentamiento entre el sector público y el privado nace de los intereses que defiende cada lado, los cuales pueden considerarse legítimos

“La Sener está bien en pedir confiabilidad, así como los privados también tienen su punto al tratar de proteger su inversión. Lo que pasa ahora es que todos los proyectos que estaban en vías de evaluación por parte del CENACE y con la entrada de la nueva política, tendrán que considerar cuáles son los costos adicionales para poder conectarse”, dice Ramses Pech.

Para el especialista, la solución está en invertir en más líneas de transmisión para asegurar la confiabilidad y continuidad del Sistema Eléctrico Nacional. Sin embargo, esto le corresponde al Estado y en un momento en que la inversión física del sector público ha caído considerablemente durante esta administración.

Pero lo que se avecina es una serie de disputas legales para dirimir quién tiene la razón. Mientras tanto, la meta de generación de energías limpias en México se ve cada vez más lejana.

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Francisco Muciño Periodista. Finanzas públicas, energía, negocios, innovación y las historias que contienen.