El SAT denunciará a 43 empresas por operaciones simuladas por 55,125 mdp
En este fraude llegaron a participar hasta 8,212 empresas en una red que presentó operaciones simuladas por 93,000 millones de pesos, dijo la jefa del SAT, Raquel Buenrostro.
El Gobierno de México presentará un primer paquete de denuncias en el caso de las ‘factureras’ contra el fraude fiscal de 43 empresas que realizaron evasión de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un valor total de 55,125 millones de pesos.
La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, ha explicado que el ‘modus operandi’ de estas compañías consistía en la simulación de facturas sobre bienes o servicios simulados o inexistentes, así como el incremento de gastos falsos, para la disminución en los beneficios registrados por la empresa y la posterior disminución en sus obligaciones tributarias.
Buenrostro ha señalado que en este fraude llegaron a participar hasta 8,212 empresas en una red que presentó operaciones simuladas por 93,000 millones de pesos. La jefa del SAT añadió que este tipo de operaciones también se utilizaron para operaciones ilícitas a través del lavado de dinero.
El gobierno de López Obrador ha emitido siete querellas contra los principales grupos de estas ‘factureras’. Por tipo de impuestos, las compañías generaron un fraude fiscal de 24,583 millones de pesos en el Impuesto Sobre la Renta y de 11,396 millones de pesos en el IVA.
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Las empresas que se han visto expuestas a esta red de fraudes se caracterizan por no tener empleados en muchos casos y se reparten en diferentes sectores como comercio e industrias manufactureras, aunque en los últimos años se han trasladado hacia el área de servicios por la complejidad en comprobar dichos fraudes en este sector, según Buenrostro.
El Gobierno enviará una carta a los posibles defraudadores para que regularicen su situación en un periodo de tres meses, incluso para aquellos contribuyentes que no sabían de dicha irregularidad y han participado en el fraude de manera involuntaria. En el caso de que no se produzca dicha regularización, la Procuraduría Fiscal podría imponer penas de hasta nueve años de prisión.
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