Industria minera pide a Senado discutir reforma antes de votarla
Los diputados aprobaron el viernes una serie de reformas que acortan las concesiones mineras y facilitar su revocación.
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) dijo que el Senado de la República debe convocar a un parlamento abierto y dar el tiempo necesario para analizar la serie de reformas que afectan al sector minero, aprobadas la madrugada de este viernes por la Cámara de Diputados.
“La interlocución entre la industria y el sector público es esencial para hallar el justo medio con un gobierno facilitador, promotor de la inversión y vigía del cumplimiento de las normativas y la industria minera que representamos: sostenible, sustentable y respetuosa con las comunidades y el medio ambiente”, dijo la Asociación en un comunicado de prensa.
Si bien reconoció que la Cámara baja disposición para el diálogo que permitió modificaciones a la iniciativa original presentada por el Ejecutivo Federal, “aún permanecen pendientes de discusión temas relativos a relativos a la exploración, pago de contraprestaciones y restricciones que impactarían a la industria que genera el 2.5 del PIB y más de 400 mil empleos directos.”
Los diputados aprobaron en “fast track”, es decir, sin consenso previo, un proyecto de Decreto para la reforma a la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos relacionados con las Concesiones Mineras y Agua.
La reforma permitirá que el Gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante un concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de facilitar la revocación de la licencia por daños al medioambiente.
Mientras que la ley actual otorga las concesiones mineras por 50 años con derecho a prórroga, la nueva legislación reduce a 30 años la duración de los permisos, con solo una prórroga de 25 años, tras la que las empresas deben volver a concursar.
Si la reforma se aprueba en el Senado, también prohibiría la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.
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