Nueva Ley Minera pone en riesgo a un sector que aporta 2.5% al PIB nacional
La nueva ley plantea límites a las concesiones, lo que establece riesgos en materia de inversiones del sector privado.
La aprobación en el Congreso de la Nueva Ley Minera, propuesta por el ejecutivo federal, puede convertirse en un gran obstáculo para el Nearshoring en México, debido a la incertidumbre que genera en el sector y a las concesiones actuales.
El 28 de marzo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma a las leyes Minera, de Aguas Nacionales y de Equilibrio Ecológico, con la que se amplía el propósito de la exploración, explotación y beneficio de los minerales, ya que incluye en los objetivos de la actividad minera implicaciones nuevas, muchas de ellas más en sentido ideológico que técnico y económico. Por ejemplo, la distribución equitativa de la riqueza pública, la protección al medio ambiente, lograr el desarrollo equilibrado y sustentable del país y mejorar las condiciones de vida de la población.
Un factor destacado consiste en el hecho de que la nueva ley plantea límites a las concesiones, lo que establece riesgos en materia de inversiones del sector privado.
La relevancia es mucha y ha pasado de largo en la vorágine informativa de los medios de comunicación: al cierre del año pasado había en México alrededor de 3,123 establecimientos dedicados a la minería.
Sus actividades eran muy variadas, desde extracción de petróleo y gas, explotación de minerales metálicos y no metálicos en minas, canteras y bancos de materiales, así como operaciones en pozos, entre otras.
En México se tiene registro de 421,833 trabajadores mineros que extraen de las entrañas de la tierra su riqueza. La producción minero-metalúrgica nacional totalizó en 2022 alrededor de 34,782 millones de pesos, equivalentes a 16,516 millones de dólares, para un incremento de 19 por ciento respecto al año previo.
También, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país el sector minero-metalúrgico representa 8.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y el 2.5 por ciento del PIB Nacional.
Todo lo anterior, sin olvidar que por 13 años consecutivos México ha ocupado el primer lugar como productor de plata a escala global, además está en las primeras 10 posiciones en la producción mundial de 17 minerales.
Por todas las cifras anteriores y varias más, la nueva Ley Minera tendrá muchas implicaciones para la economía; así como para muchas empresas que operan en México, tanto nacionales como internacionales.
Factor regulatorio, el riesgo principal
Quizás el cambio más importante consiste en reducir de 50 a 30 años el término de las concesiones, con la opción de que por una sola ocasión pudieran ser prorrogables hasta por 25 años.
Esta iniciativa pretende modificar drásticamente los procedimientos para la obtención de concesiones mineras, sus requisitos, el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de obligaciones y sus sanciones.
Por lo tanto, dichos ajustes podrían generar una salida de capital a gran escala y un decrecimiento de la industria minera.
De hecho, la actividad minera tiene varios problemas actualmente, uno de ellos es el deterioro de su negocio no solamente por las condiciones económicas, sino porque la política del gobierno federal en torno a la industria lo ha provocado.
Las propias cifras oficiales del INEGI señalan que durante este sexenio el territorio concesionado a mineras ha disminuido del 10.64 por ciento a 8.59 por ciento del total del país, lo que implica cerca de 24 mil concesiones mineras.
La propia agencia Moody’s ha advertido sobre importantes riesgos para la industria minera en México por cuestiones legales y regulatorias, especialmente por la restricción que se impondría a las concesiones si la reforma legal se aprueba.
Según la calificadora, los cambios serán negativos a nivel crediticio para el sector minero, con la posibilidad de incrementar la carga regulatoria de los productores y elevar el riesgo por posibilidad de terminación temprana de sus actuales concesiones. También la agencia advirtió preocupación sobre la reforma administrativa que se presentó junto a la reforma a la Ley Minera que, de aprobarse también, permitiría al gobierno retirar concesiones o permisos de manera unilateral en la minería y en cualquier sector, solo con el argumento de que afectan al “interés público”, y sin indemnización alguna para los afectados.
Obstáculo para el Nearshoring
La nueva ley minera también podría limitar las inversiones en México ante la probable llegada de inversiones por el nearshoring.
Lo anterior, debido a que muchos inversionistas necesitan además de certeza, un robusto Estado de Derecho. En este sentido, la producción de bienes o servicios requiere condiciones para la inversión, entre las que destacan el abastecimiento de energía eléctrica y acceso a minerales para la terminación del ensamblaje de productos, pero sin certeza jurídica las inversiones lo pensarán dos veces.
Algo es cierto y ha quedado demostrado a lo largo de los años: la minería es de las pocas actividades económicas que detonan empleo en zonas alejadas.
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