¿Cómo afectaría la reforma eléctrica a la inversión extranjera (y a la propia CFE)?
Especialistas remarcan que CFE tendría presiones financieras al tener que aumentar inversión en generación de electricidad, descuidando otras actividades clave, como la transmisión y distribución.
El destino de miles de millones de dólares en inversiones estará en juego en el Congreso de la Unión cuando se discuta y, en su caso se apruebe, una reforma constitucional para cambiar las reglas del juego en el sector eléctrico mexicano.
Pero la relevancia de esta iniciativa del presidente López Obrador no es solamente por los cambios profundos al mercado eléctrico nacional, sino que también porque puede marcar el devenir económico de México en al menos los próximos tres años.
“Lo que en el fondo se juega es la capacidad de México para atraer inversiones porque esto no afecta solamente al sector eléctrico, afecta a toda la economía mexicana, a la reputación del Estado mexicano de respetar sus compromisos internacionales, sus leyes, que no cambia sus regulaciones de forma arbitraria”, dice Óscar Ocampo, coordinador de Energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Sebastián Guzmán, investigador en Ethos, un laboratorio de políticas públicas, coincide en que el resultado de esta iniciativa y la nueva regulación serán un parteaguas no solamente en materia energética, sino en toda su economía, pues será un factor decisivo en la toma de decisiones de inversionistas.
Por otra parte, ambos especialistas remarcan que la iniciativa, la cual pretende darle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un mínimo del 54% del mercado de generación de energía, puede traerle a la empresa estatal más estrés financiero al tener que aumentar inversiones en generación, y a la vez de transmisión y distribución, actividades exclusivas del ente público y que han mostrado una subinversión en esta administración y en anteriores.
¿Cómo ha sido la inversión extranjera en el sector energético?
Uno de los argumentos esgrimidos desde el Ejecutivo para dar marcha atrás en los cambios constitucionales de 2013 es que estos no trajeron la inversión en el sector energético como se esperaban y, en el caso del mercado eléctrico, se usaron energías limpias “para negocios sucios” sin beneficio para la población y en costos de energía eléctrica.
Pero las cifras de Inversión Extranjera Directa (IED) muestran una historia diferente. Según datos de la Secretaría de Economía, entre 2012 y 2021 llegaron a México más de 14 mil 800 millones de dólares de IED en el segmento de energía eléctrica. El 64% de estos flujos de inversión llegaron solamente entre 2015 y 2018, después de que se aprobara la reforma energética de 2013 y sus leyes secundarias de 2014.
Durante 2018, la IED en energía eléctrica fue de 5,020 millones de dólares, un 15% del total de inversión extranjera que captó el país en ese año.
Sebastián Guzmán, de Ethos, señala que, en 2019, el primer año del actual gobierno, la IED en energía eléctrica cayó 74% hasta 1,300 mdd. En 2020 bajó un 60%, afectada por la recesión global a causa de la pandemia, y en 2021 no se vio un repunte producto de la recuperación económica.
El experto comenta que la reforma de 2013 trajo las subastas de largo plazo un mecanismo para atraer inversión para generación de electricidad en energías limpias (principalmente solar y eólica).
“A lo largo de 3 años de su implementación, las subastas eléctricas canalizaron alrededor de 9 mil millones de dólares y, un efecto de todos estos proyectos es que generaron el precio por megawatt hora más bajo del mundo”, explica.
Óscar Ocampo, del Imco, señala que en el mercado eléctrico se comprometieron inversiones con capacidad de generación de 7,000 megawatts con energías renovables, de los cuales unos 6,000 megawatts ya están en operación.
Inversiones en retirada, o en el limbo
En el primer año de la presente administración se suspendieron las subastas eléctricas, lo que ya daba señales de en qué dirección iría el gobierno en materia energética. En 2020, la Secretaría de Energía emitió un acuerdo de “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” que forzaría a las empresas de energías renovables a producir menos electricidad. Y a principios de 2021, el presidente López Obrador envió una iniciativa preferente para cambiar la Ley de la Industria Eléctrica.
Esta nueva legislación fue parada mediante amparos impuestos por las empresas y, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejó vigente la ley, esta es susceptible de seguirse combatiendo en tribunales.
Sin embargo, la reforma constitucional cambiaría completamente las reglas del juego, cancelando permisos de autoabastecimiento y relegando a la electricidad producida con renovables hasta el último para ser despachada, privilegiando a la que produce CFE.
Óscar Ocampo, del Imco, considera que la reforma energética ha dado resultados pese a que ahora se encuentra en un limbo jurídico, pero de aprobarse la nueva reforma constitucional en los términos en los que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, frenaría de tajo las inversiones en el sector eléctrico.
“En primer lugar, las inversiones existentes, ya instaladas, quedan en el limbo jurídico, y las inversiones que están en el pipeline, quedan suspendidas porque, para empezar, no queda claro si se otorgarían nuevos permisos, si se reduciría la capacidad existente, nada de eso queda claro en este momento con la reforma.”
Sebastián Guzmán, de Ethos dice que, a diferencia de la reforma de 2013, los inversionistas no tienen claridad sobre cuáles son las nuevas reglas, cómo va a funcionar, si les convendrá hacer inversiones o no. No obstante, indica que la iniciativa privada puede encontrar un ‘refugio’ en el modelo de generación distribuida, que consiste en centrales de electricidad con capacidad menor de 0.5 Megawatts, y que no ha sido modificada en el gobierno actual.
Estrés financiero
La industria eléctrica se divide en tres grandes actividades: Generación, transmisión y distribución de la energía. En el marco actual, la primera actividad está abierta a la inversión privada y la segunda y tercera son exclusivas del Estado. De aprobarse la reforma de López Obrador y cancelarse los permisos de autoabasto y las energías renovables relegadas, la CFE tendría que invertir más en aumentar su capacidad de generación, lo que significaría un mayor estrés presupuestal para el erario.
Óscar Ocampo señala que la demanda de energía eléctrica en el país aumentará alrededor de un 3.1% anual en los próximos seis años. “Y eso implica instalar más megawatts de capacidad de generación que la CFE no tiene. Para mantener ese 54% (de participación) y ajustarlo al crecimiento de la demanda, estamos hablando de que CFE tendría que invertir en costos adicionales de más de 406 mil mdp, estamos hablando de 70 mil mdp adicionales al año, solamente en infraestructura de generación.”
Por ejemplo, en 2021 CFE tuvo un presupuesto de 35,000 millones de pesos para generación de electricidad y, para producir por sí misma más de 50% de la electricidad que demanda el país, tendría que gastar entre 60,000 y 70,000 mdp adicionales cada año.
“¿De dónde va a salir este dinero? CFE no lo tiene, tendrían que salir de la Hacienda pública. Esto no solamente distrae recursos financieros, también humanos, prioridades”, añade el especialista del Imco, y recuerda que la red de transmisión eléctrica ha padecido subinversiones en este sexenio y en anteriores.
Por su parte, Sebastián Guzmán dice que, de las tres actividades de la industria eléctrica, la de generación es la más cara, por lo que se abrió esta a la inversión privada y, aunque transmisión y distribución son menos costosas, implican una complejidad técnica y el sistema eléctrico nacional está teniendo cada vez más dificultades.
“Dudo que el dinero que se le asigne alcance para invertir para llegar al nivel de capacidad instalada que se quiere, y aparte seguir invirtiendo en transmisión y distribución”, cuestiona.
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Francisco Muciño Periodista. Finanzas públicas, energía, negocios, innovación y las historias que contienen.