Violencia vicaria, espionaje y fideicomisos, los temas de la SCJN para 2024
El máximo tribunal del país resolverá además las impugnaciones a la Ley de Hidrocarburos, y un añejo conflicto territorial entre Oaxaca y Chiapas.
En 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordará importantes temas que involucran derechos y libertades de los mexicanos, destacándose la definición y consecuencias jurídicas de la violencia vicaria; el análisis de la reforma que extinguió los fideicomisos destinados a la cultura y el medioambiente; así como la revisión de los contratos con los que se adquirió el sistema de espionaje telefónico Pegasus.
Los ministros también terminarán de resolver, con la aclaración de una sentencia emitida en 2021, un viejo conflicto territorial que tienen los estados de Oaxaca y Chiapas sobre Los Chimalapas, además de que se analizarán las impugnaciones hechas a la reforma de la Ley de Hidrocarburos, y a los cambios legislativos con los que se ordenó la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
En el tema de la violencia vicaria, que es un tipo de violencia de género que se ejerce en contra de las mujeres, utilizando para ello a sus hijos o hijas, la Corte tiene pendientes dos Amparos en Revisión que debían resolver igual número de Juzgados de Distrito en materia Civil.
Sin embargo, por lo novedoso del tema, esas instancias solicitaron que el máximo tribunal del país ejerciera su facultad de atracción, lo cual fue aceptado por la SCJN, pues se trata de Juicios de Amparo promovidos con la actual legislación civil y penal, toda vez que aun no está vigente la reforma del Congreso que incorporó esa figura al Código Penal Federal.
Como se recordará, en diciembre de 2023, el Poder legislativo mexicano tipificó a la violencia vicaria como un delito que se castigará con penas de entre ocho meses y cinco años más cuatro meses de prisión, pero esto aún no es efectivo porque esos cambios no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación.
La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, adelantó que este tema será abordado por el Pleno de la Corte para precisar las sanciones penales que deben observarse cuando se presenta la violencia vicaria.
Más diferendos con el Ejecutivo
Por otro lado, en este año continuará el enfrentamiento del Poder Ejecutivo federal con la Corte, pues los ministros prevén resolver la posible inconstitucionalidad de la reforma con la que se extinguieron -en 2020- 109 fideicomisos públicos.
En específico, se abordarán las impugnaciones por la desaparición de los instrumentos con los que se apoyaban actividades culturales y trabajos en beneficio del medioambiente.
Estos asuntos, junto con la muy factible anulación de los cambios legislativos que ordenaron la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, mantendrán vigentes las descalificaciones a la Suprema Corte que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por ahora, la extinción de estos últimos fideicomisos no es posible, debido a que dos Juzgados otorgaron suspensiones definitivas en Juicios de Amparo promovidos por empleados de ese poder, entre los que se incluyen jueces y magistrados.
Adicionalmente, el ministro Javier Laynez Potisek también suspendió la reforma legislativa, al aceptar a trámite dos Acciones de Inconstitucionalidad que interpusieron diputados y senadores de oposición.
Así, el dinero de esos fideicomisos, que en conjunto acumulan más de 15,000 millones de pesos, deberá continuar en dichos instrumentos y no podrá transferirse a la Tesorería de la Federación, como lo ordena la reforma aprobada en octubre de 2023 por el Congreso.
Otra controversia que igualmente preocupa a la presidencia, y que será resuelta en este año por la Corte, es la que aborda las reformas a la Ley de Hidrocarburos, con las que se establecieron diversos requisitos para el almacenamiento de energéticos.
Las empresas concesionarias se inconformaron con estas medidas argumentando que lo aprobado en el Poder Legislativo trasgrede los principios constitucionales de competencia y libre concurrencia, además de que contradice la reforma energética de 2013.
Espionaje a juicio
En cuanto al sistema de espionaje Pegasus, la Suprema Corte emitirá una resolución sobre los contratos gubernamentales con los que se adquirió ese programa informático, con el que, por cierto, han sido espiados periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Los ministros resolverán un Recurso de Revisión en el que se analizará la legalidad y constitucionalidad de una resolución del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que ordenó entregar una versión pública de los contratos gubernamentales con los que se adquirió Pegasus.
La sentencia que en este aspecto emita la Corte precisará el alcance del derecho de acceso a la información pública, en beneficio de todos los ciudadanos.
El ambiente en el que el máximo tribunal del país resolverá todas estas controversias en este 2024 ha sido calificado como adverso, en opinión de Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN.
No obstante, “la adversidad no nos detiene”, pues la impartición de justicia “es y será, siempre, independiente e imparcial”, afirmó la togada en diciembre pasado al rendir su primer informe de labores.
De su lado, el presidente López Obrador ha insistido en que enviará una iniciativa de reforma al Congreso, para que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación sean electos por medio del voto popular.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.