Tren Maya, el INE, el Panaut y la ley eléctrica: Así fueron los litigios de 2022
En este año hubo resultados favorables para el actual gobierno federal, aunque también esta administración ha tenido varios reveses en tribunales.
El diferendo por el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), la declaratoria de inconstitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), la revocación de mandato, los amparos en contra del Tren Maya, el aval que la Suprema Corte le dio a la Ley de la Industria Eléctrica, y la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, fueron -entre otros- los litigios más destacados de este 2022.
Este año que ya termina nuevamente mostró un buen número de controversias jurisdiccionales por los actos y reformas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacándose los Juicios de Amparo promovidos por organizaciones sociales en contra de una de las obras emblemáticas del sexenio: El Tren Maya que se construye en la Península de Yucatán.
La edificación, que pretende contar con más de 1,400 kilómetros de vías férreas, requirió de la expropiación de 2 millones 410,107.72 metros cuadrados, y de la intervención “ecocida” en amplias zonas selváticas y arboladas, a decir de activistas medioambientales, quienes no han dudado en denunciar los graves daños a la naturaleza que ya está causando la obra.
Debido a que esta construcción se llevaba a cabo sin contar con la obligatoria Manifestación de Impacto Ambiental, el Tren Maya se atoró en este 2022 por 39 juicios de amparo promovidos por ciudadanos y diversos colectivos, quienes se oponen a las consecuencias del proyecto, entre las que se encuentran la tala de cientos de árboles, la destrucción de la flora nativa, y la perforación del suelo, además de la posible contaminación de los mantos acuíferos.
Estos litigios se mantienen y, previsiblemente, deberán resolverse en definitiva en 2023, aunque las suspensiones que ordenaban la paralización de la construcción ya fueron revocadas, a partir de diversos recursos promovidos por el gobierno federal.
¿El INE como enemigo?
El gobierno lopezobradorista asestó en este año un duró golpe a la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), con la aprobación de una reforma a la legislación secundaria, denominada como el plan B del mandatario, luego del rechazo de su iniciativa que en el mismo tema planteaba modificar la Constitución.
Esta reforma, que parcialmente aún debe terminar de aprobar el Senado, impone una reestructuración a los órganos internos de la autoridad electoral; elimina el servicio profesional de carrera del INE; ordena que ningún consejero perciba una remuneración superior a la del presidente; compacta las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales, y cancela los fideicomisos creados por la institución para enfrentar los pasivos laborales.
Además, desde que inició 2022, el INE acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en demanda de un mayor presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que se negó a proporcionar más recursos al organismo, a pesar de que en este año también se llevó a cabo el primer ejercicio de revocación de mandato presidencial en México.
En ese tenor, la Corte también tuvo un papel destacado al validar en febrero la pregunta para este proceso, modificándola para que no resultara inconstitucional. Los resultados de este ejercicio, que se llevó a cabo el pasado domingo 10 de abril, mostraron que la polarización política es una realidad entre los mexicanos desde que López Obrador llegó a la presidencia.
En Jalisco, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León, la abstención en la revocación de mandato alcanzó casi el 91% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal; mientras que la mayor asistencia a las urnas ocurrió en Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, y una parte de la Ciudad de México. La participación promedio nacional en este ejercicio fue de 17.7% de los electores.
¿Un tribunal a modo?
Durante esta anualidad que está punto de fenecer, el máximo tribunal del país favoreció al gobierno federal en varios temas polémicos, destacándose la declaración de constitucionalidad de los delegados estatales de Programas para el Desarrollo, conocidos como “superdelegados”, una figura que -a decir de los ministros de la Corte- no trasgrede la carta magna ni el federalismo.
La Suprema Corte también validó en este año la opacidad de la actual administración aplicada a los contratos con los que se adquirieron las vacunas en contra del Covid-19, los cuales estarán reservados durante cinco años porque su divulgación pública puede poner en riesgo la seguridad nacional.
Con esto, la Corte revirtió dos resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) con las que, en mayo de 2021, esa instancia había determinado que debían ser públicos dichos documentos, y los pagos para adquirir vacunas en contra del virus SARS-Cov-2.
A su vez, el Pleno de la SCJN validó la constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, al no alcanzarse los 8 votos necesarios para que varios de sus artículos fueran declarados contrarios a la Constitución.
Así, se mantuvieron sin cambios las disposiciones de esa norma que permiten la revisión de los contratos con particulares que generan su propia energía eléctrica, y la preeminencia de la Comisión Federal de Electricidad sobre los productores independientes, aunque estos ofrezcan un fluido mucho más barato y limpio que la paraestatal.
En contraste, la Corte declaró inconstitucional el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), al vulnerar fuertemente los derechos humanos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales.
Esa base de datos, que pretendía crearse gracias a una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones aprobada en abril de 2021 en el Congreso, fue eliminada del sistema jurídico mexicano gracias al voto de nueve de los once ministros que integran el Pleno de la SCJN.
¿Sin justicia para Ayotzinapa?
Otro tema destacado en este 2022 en materia jurisdiccional fue la detención, en agosto, del exprocurador Jesús Murillo Karam, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de desaparición forzada, tortura, y delitos contra la administración de justicia.
El exfuncionario, que se mantiene en prisión preventiva justificada por el riesgo de fuga que presenta, enfrenta un proceso penal por estar involucrado en las numerosas irregularidades de la indagatoria desarrollada por la otrora Procuraduría General de la República en el caso de la desaparición, en 2014, de los 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero.
De hecho, este es uno de los pocos éxitos que en esa investigación ha tenido el gobierno actual, pues su compromiso para resolver la desaparición de los jóvenes no ha podido concretarse.
Lejos de saber el paradero de los normalistas, las pesquisas se vieron empañadas en este año por las severas deficiencias que ha presentado el trabajo de Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, pues no es posible determinar la autenticidad de las pruebas más recientes que sustentan el último informe de esa Comisión.
Asimismo, a este caso se sumó otro revés jurisdiccional en contra de México, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que sentenció a nuestro país por la violación de los derechos humanos de la abogada y activista Digna Ochoa y Plácido, quien falleció el 19 de octubre de 2001 en circunstancias que no fueron debidamente aclaradas en la investigación que llevaron a cabo las autoridades del otrora Distrito Federal, gobernada desde entonces por políticos que hoy pertenecen a Morena.
En la sentencia de la Corte Interamericana, ese tribunal encontró a México responsable internacionalmente por las graves falencias que tuvieron lugar en el marco de la investigación de la muerte de la también defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, cuyo cuerpo presentó dos impactos de bala, aunque el entonces procurador de Justicia capitalino, Bernardo Bátiz, cerró las indagatorias argumentando que se había tratado de un suicidio.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.