Tercer informe de gobierno: AMLO llega a la mitad de su camino con pendientes, errores, omisiones y logros
A pesar de los apoyos sociales, que son positivos, hoy hay más personas en situación de pobreza, y la inseguridad y los homicidios no han disminuido.
Más retos y problemas por resolver, y no tantos éxitos, caracterizan el escenario al que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a casi tres años de iniciada su administración, por lo que -lejos del triunfalismo que seguramente expresará en su tercer informe gobierno- hay que destacar que México no está mejor actualmente, en contraste con lo que hemos vivido en gestiones presidenciales anteriores.
En el combate a la corrupción, una de las principales banderas electorales que sin duda impulsaron el triunfo de López Obrador en 2018, ha sido más el ruido mediático que los resultados, pues los grandes protagonistas de la corrupción en pasadas administraciones no solo siguen sin ser juzgados, sino que en algunos casos el gobierno actual los utiliza como arietes para golpear políticamente a los adversarios del presidente.
Asimismo, las irregularidades que en esa materia se han presentado ya en la gestión lopezobradorista gozan de total impunidad, destacándose el caso de los hermanos del presidente, Pío y Martín Jesús López Obrador, quienes fueron exhibidos en sendos videos recibiendo dinero en efectivo del excoordinador nacional de Protección Civil, David León Romero.
Aquí, por más que AMLO quiera desmarcarse, la historia ya está escrita: El movimiento del mandatario, ese que lo llevó al poder, pudo haber obtenido financiamiento ilícito, un tema que seguramente no será esclarecido en el corto y mediano plazo.
Bien en apoyos sociales, mal la opacidad
Un punto a favor del presidente en su primer trienio es la ampliación de los diversos grupos poblacionales que ahora reciben apoyos a través de programas sociales, y que no eran considerados en administraciones anteriores.
El problema es que el presupuesto es insuficiente, y que las ayudas para adultos mayores, niños que viven con discapacidad y estudiantes, entre otros, no son del todo puntuales ni transparentes.
Al aplicarse de manera generalizada y sin un diagnóstico certero sobre las necesidades de la población más pobre, muchos de estos recursos presupuestales llegan a manos de personas que no necesariamente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Otro problema en este tema es la opacidad, pues el censo de beneficiarios, y los resultados de la aplicación de estas ayudas sociales no son públicos.
De hecho, la Auditoría Superior de la Federación consideró que la metodología para integrar el listado de quienes reciben apoyos presentó muchas deficiencias, pues no se trató de un ejercicio censal, sino que los llamados “siervos de la nación”, que son personal de la Secretaría de Bienestar, en realidad no visitaron todos los domicilios de las personas que fueron incluidas en el padrón de beneficiarios.
Decir que la transparencia es importante para la democracia, pero -en los hechos- negarse a practicarla, ha sido el sello de la actual administración no solo en el tema de los apoyos sociales, sino en todas las áreas que forman parte del Ejecutivo federal.
De igual forma, los programas sociales del presidente no están diseñados para ampliar las capacidades productivas, ni el entorno desigual en el que viven aquellos que reciben apoyos, en realidad están pensados -primero- para crear clientelas electorales, y segundo, al convertirse en los hechos en un subsidio, a pesar de que ciertamente son necesarios, por sí mismos no harán que disminuya la pobreza.
La prueba de esto es que hoy México tiene 55.7 millones de personas en situación de pobreza, en comparación con los 51.9 millones que había antes de 2018, de acuerdo con recientes datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Entre 2018 y 2020 el porcentaje de pobreza aumentó de 41.9 a 43.9% de la población. La proporción de personas en situación de pobreza extrema igualmente se incrementó de 7 a 8.5% en el mismo periodo, es decir, de 8.7 millones de mexicanos en pobreza extrema pasamos a 10.8 millones en esta administración.
Transformación inconstitucional
Otro tema en el que hemos retrocedido desde el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia es el que se refiere a la legalidad en la actuación cotidiana de la administración pública federal. El gobierno lopezobradorista se autodenomina como una transformación, y para conseguir ese objetivo no importan ni las normas ni la Constitución.
La militarización de amplias áreas de la burocracia, el aumento de las actividades que por orden presidencial realizan el Ejército y la Marina, junto con las medidas tomadas en el sector energético, que excluyen la participación de la iniciativa privada, son solo unos ejemplos del constante incumplimiento de leyes y disposiciones constitucionales por parte del gobierno.
En ese tenor, la nueva política energética ha sido un fracaso gracias a la protección proporcionada por la Suprema Corte y Tribunales, instancias que han obligado a la administración a ceñirse a lo que es una de sus principales obligaciones: Cumplir lo que dice la ley, aunque esta no sea de su agrado.
Aquí también se ubican las obras emblemáticas de AMLO, ya que tanto el aeropuerto de Santa Lucía, como el Tren Maya, han sido cuestionados a través de juicios de amparo. De hecho, la construcción de un tramo del Tren Maya se mantiene suspendida desde febrero pasado, por los amparos promovidos por habitantes de los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá en Yucatán.
Un país de luto
La seguridad pública tampoco ha mejorado en los últimos tres años, y la Guardia Nacional, que en realidad es el mismo Ejército con diferente uniforme, no ha hecho ninguna diferencia si contrastamos su actuación con las labores que realizaba la extinta Policía Federal.
No obstante, en el combate al narcotráfico sí hay cambios, aunque negativos, hoy ya no se enfrenta a los grupos de la delincuencia organizada, es real la política de “abrazos y no balazos”, lo que ha dejado a poblaciones enteras en completa indefensión, y bajo el control de los carteles de la droga en estados como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, por mencionar solo unos ejemplos.
México no solo es un país en donde la mayoría de los homicidios quedan impunes, mientras el índice de estos delitos sigue creciendo. También somos la nación de los desaparecidos, con más de 89,000 mexicanos que un día salieron de casa para no regresar jamás.
Según datos del subsecretario de derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, desde 2006 a junio de 2021 se han registrado 89,488 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales 21,546 desaparecieron ya en la actual administración.
Otro problema que mantiene a miles de hogares enlutados ha sido la pandemia de Covid-19, manejada de manera deficiente por la administración lopezobradorista. Si bien en todo el mundo se cometieron errores, en México a la tragedia del coronavirus se le sumó el desmantelamiento del Seguro Popular, que fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Justo es el acceso a los servicios de salud el factor que determinó buena parte del aumento de la pobreza, según Coneval. “En términos de carencias sociales, el mayor cambio entre 2018 y 2020 es un aumento de 12.0 puntos porcentuales en la carencia por acceso a los servicios de salud”, que pasó de 16.2% a 28.2% de los mexicanos que no cuentan con ninguna prestación médica, detalla la más reciente medición de la pobreza multidimensional del Coneval.
Los próximos retos
El respeto al Estado de Derecho, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, garantizar la seguridad jurídica, transparentar todo el ejercicio presupuestal, mejorar la procuración de justicia, combatir a la delincuencia organizada, además de dejar de denostar a periodistas, medios de comunicación, clases medias, y organismos constitucionalmente autónomos, son solo algunos de los retos que tiene ante sí el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al ser un político de larga carrera, formado en el régimen hegemónico del Partido Revolucionario Institucional, es difícil pensar que habrá cambios en su forma de gobernar. No obstante, aunque no lo admita públicamente, todos los días la realidad le demuestra que este país no era -ni es- lo que él cree.
En las antípodas de su visión polarizante, México no se divide en conservadores y liberales, pues somos una nación diversa en lo político, productiva en lo económico, y abierta al mundo en lo social, con clases bajas y medias que aspiran a vivir mejor día con día. Del presidente depende si quiere gobernar al país real y multifacético que somos, o si prefiere quedarse con la falaz utopía que no distingue cada uno de los matices de nuestra rica y compleja sociedad mexicana.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.