¿Qué pasará con la Guardia Nacional si la Corte declara que no debe ser parte del Ejército?
El ministro de la SCJN Juan Luis González Alcántara plantea en un proyecto declarar inconstitucional la transferencia de la corporación a la Sedena.
La Guardia Nacional podría regresar en breve a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprueba, con al menos 8 votos, un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que plantea declarar inconstitucional la transferencia de esa corporación al Ejército.
El proyecto de sentencia, con el que se resuelve una Acción de Inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, establece que la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa (Sedena) es inconstitucional pues, en tiempo de paz, “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Por ende, la reforma legal que militarizó a la corporación en septiembre de 2022, trasgrede en específico el artículo 129 constitucional, ya que “por regla general, ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad pública”, toda vez que estas actividades están consagradas en la carta magna para que las desarrollen -en exclusiva- las autoridades civiles.
El ministro Juan Luis González Alcántara agrega en el proyecto que actualmente ya no es posible afirmar que el artículo 129 constitucional “faculta” o “autoriza” a las Fuerzas Armadas permanentes para actuar en materias de seguridad pública, siempre y cuando lo hagan a petición y en auxilio de las autoridades civiles competentes.
Así, abunda la propuesta, en tiempos de paz, las labores de seguridad pública están vedadas para el Ejército y la Marina “por los artículos 21 y 129 constitucionales.
Regreso a la SSP
Al comentar sobre el proyecto del ministro González Alcántara, esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador deseó que los ministros de la Corte “piensen bien” su voto, pues -en su opinión- “va a ser un grave error, un error garrafal”, si se declara la inconstitucionalidad del manejo militar de la Guardia Nacional.
“Sería muy irresponsable, de veras un daño al país, y si fuese así, si resolvieran los ministros que no debe la Sedena hacerse cargo de la Guardia Nacional, (…) vamos nosotros de todas maneras a cuidar que no se eche a perder” la corporación, dijo el mandatario.
La reforma que transfirió a la Sedena el manejo operativo, presupuestal y administrativo de la Guardia Nacional fue propuesta, el año pasado, por el presidente.
Los cambios aprobados en el Congreso solo modificaron varias leyes y no la Constitución, pues Morena, el partido del mandatario, no cuenta con mayoría absoluta ni en la Cámara de Diputados ni en el senado.
Justo porque no existe una disposición constitucional que permita a las fuerzas armadas realizar labores de seguridad pública, sino que -al contrario- la carta magna lo prohíbe, el proyecto del ministro González Alcántara prevé que la Guardia Nacional retorne a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tal y como se encontraba antes de la reforma.
Esto implicará que, de nueva cuenta, el presupuesto y la administración de la corporación se manejen directamente en la dependencia cuya titular es Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
En este 2023, la Secretaría de la defensa Nacional tiene un presupuesto de 112,000 millones de pesos, a los que se añadieron 68,000 millones de pesos destinados a la Guardia Nacional.
No obstante, suponiendo que en la Corte se logre declarar la inconstitucionalidad de la militarización de la Guardia Nacional, hay que recordar que el Ejército por sí solo puede llevar a cabo labores de seguridad pública hasta el año 2028, gracias a una reforma Constitucional aprobada en noviembre de 2022.
Esos cambios a la carta magna, que fueron avalados por Morena, los partidos del Trabajo, Verde Ecologista, y el Revolucionario Institucional (PRI), así como 20 Congresos de igual número de entidades federativas, permiten que las Fuerzas Armadas realicen actividades de seguridad pública, siempre y cuando exista previamente una solicitud -justificada- del presidente de la República.
Esa reforma cambió los términos del artículo Quinto transitorio de la reforma constitucional aprobada el 26 de marzo de 2019, que preveía la presencia del Ejército en labores de seguridad hasta el año 2024. Al ampliarse nueve años esas tareas, a partir del 2019, será hasta 2028 cuando militares y marinos regresen a sus cuarteles.
No todo es inconstitucional
A su vez, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara propone declarar la validez de varios artículos de la Ley de la Guardia Nacional y de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
En específico, el documento considera que no son trasgresores de la Constitución los numerales 7, fracción IX; 17, tercer párrafo; 18, cuarto párrafo; 19, fracción I; y 32 Bis, de la norma que regula a la Guardia Nacional.
En esos artículos se permite que los guardias nacionales auxilien a la Fuerza Armada permanente en el ejercicio de sus misiones, cuando así lo disponga el presidente; además habilitan al Comisario General de la Guardia Nacional a mantener enlaces con los comandantes de las distintas regiones militares que hay en el país; en tanto que prevén que el Ejército colabore con los guardias nacionales en el desempeño de sus funciones de seguridad pública.
El proyecto igualmente considera que el artículo 2 Bis de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es armónico con la Constitución. Este dispone que el personal militar podrá efectuar operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública, “en los términos que señale el marco jurídico aplicable”.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.