“Pondrían en riesgo seguridad de prisiones”: FGR quiere a científicos del Conacyt en el Altiplano
Como si se tratara de narcotraficantes y no de académicos, la FGR dice que por tener medios económicos podrían “favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de una organización criminal."
Penas de entre 22 y 76 años de prisión es lo que pretende lograr la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 científicos del Conacyt, quienes presuntamente habrían actuado con “maliciosa dualidad” en un entramado ilícito premeditado que sirvió para desviar recursos del presupuesto, según la acusación del Ministerio Público Federal que hasta ahora ha sido rechazada por un juez adscrito al penal del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
La Fiscalía imputa a los académicos, que laboraban en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la administración pasada, de ser presuntos responsables de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y delincuencia organizada con agravantes.
Se trata de una investigación que se sustenta con datos de prueba documentales proporcionados por el mismo Conacyt y por la Secretaría de Hacienda, que muestran actos investidos de legalidad entre los años 2013 y 2019, a pesar de que la FGR insiste en considerar esas operaciones como ilícitas.
De hecho, el Juzgado de Distrito que recibió la solicitud de la FGR para que se giraran las ordenes de aprehensión en contra de los investigadores negó la detención de los acusados, debido a que estos habrían actuado conforme al artículo 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y el numeral 22 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Sin embargo, la Fiscalía no solo quiere aprehender a los académicos, sino que intenta que permanezcan en prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el caso de 21 científicos varones, y en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, en el estado de Morelos, en cuanto a las 10 mujeres académicas acusadas.
Presunto riesgo de fuga
La carpeta de investigación, a la que tuvo acceso ALTO NIVEL, revela que la FGR considera a los investigadores como personas “con una capacidad económica obtenida de manera ilícita”, que podrían realizar “actos de corrupción en algún centro (de reclusión) con medidas de seguridad bajas o medias; o, incluso (sic), poner en peligro la seguridad interna de las prisiones”.
Como si se tratara de narcotraficantes y no de académicos, la Fiscalía dice que por tener medios económicos podrían “favorecer para sí un trato diferenciado o eventualmente ser auxiliados por miembros de la organización criminal que conforman o por diversas personas, para una evasión”.
Por la presunta capacidad económica de los científicos, mencionada por la agente del Ministerio Público Federal que firma la carpeta, se pidió al juez “un tratamiento especial” para los acusados, a fin de “evitar que continúe la afectación grave a bienes jurídicos de gran valía, así como garantizar la seguridad en las prisiones”, a pesar de que los académicos ya no ocupan ningún puesto directivo en el Conacyt.
Considerando en general esta última circunstancia, y que los recursos utilizados no son un hecho delictivo, sino que estaban enmarcados en las disposiciones legales vigentes entre 2013 y 2019, el juez ya rechazó en dos ocasiones la acusación.
No obstante, la Fiscalía -que dirige Alejandro Gertz Manero- en breve volverá a presentar una tercera solicitud con la intención de obtener las órdenes de captura en contra de los científicos, aunque si no se modifica la imputación es probable que se vuelvan a negar las órdenes de captura.
Adicionalmente, los académicos no han tenido acceso a la carpeta de investigación, a pesar de haber manifestado su disposición para comparecer ante la FGR, aseguró en una entrevista radiofónica José Rodrigo Roque Díaz, uno de los 31 acusados.
En ese tenor, para nadie es un secreto la opacidad de la Fiscalía, organismo que, por regla general, y no excepcionalmente, se niega a informar a cualquier imputado los detalles de la investigación, a pesar de que legalmente esto es un derecho de los acusados.
“Entramado ilícito”
La Fiscalía General de la República asegura en su indagatoria que los científicos, al ser miembros del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, utilizaron de manera ilícita poco más de 470 millones de pesos provenientes de dos fideicomisos que manejaba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Esos recursos fueron transferidos por el Conacyt a la asociación civil, debido a que así estaba previsto tanto en la Ley de Ciencia y Tecnología, y el Estatuto Orgánico del Conacyt, pues la referida asociación civil fue creada por mandato legal para llevar a cabo una colaboración público-privada con esa institución gubernamental.
Las pruebas de la Fiscalía de los presuntos delitos cometidos por los miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, son las transferencias autorizadas por el Conacyt, entidad pública que a su vez reportó todas las operaciones a la Secretaría de Hacienda, pues esta última dependencia es la encargada de otorgar los recursos del presupuesto.
La FGR presume que la asociación civil era ilegal, a pesar de que en la administración pasada realizó todas sus actividades con la anuencia del Conacyt.
Al respecto, la Fiscalía considera que se trató de un “entramado ilícito premeditado” pues los recursos obtenidos por la asociación civil mencionada “estaban destinados exclusivamente a aquellos proyectos de apoyo de investigación científica y tecnológica” que, siempre según la indagatoria de la FGR, “NO eran coincidentes con el objeto social para el cual se constituyó la (persona) moral” denominada Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil.
Con esta aseveración, la Fiscalía utiliza la teoría del fruto del árbol envenenado, la cual determina en una analogía que, si el árbol está envenenado, es decir se le considera ilegal, sus frutos también lo son.
Bajo esta perspectiva, para la FGR la colaboración entre el Conacyt y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil fue ilegal, por lo que todos sus actos (sus frutos), incluyendo los recursos recibidos del mismo Conacyt, también serían ilícitos.
El problema para la Fiscalía es que las actividades que desarrolló en la administración pasada el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Asociación Civil, se enmarcaron dentro de la legalidad, y no hay forma de probar lo contrario, pues la asociación civil fue creada en 2002 por mandato del mismo Conacyt.
Al actuar dentro de la legislación vigente entre 2013 y 2019, los miembros de la asociación civil y los directivos del Conacyt no estaban cometiendo ningún ilícito, por lo que -con esas premisas- en términos jurídicos es difícil que prospere la imputación de la FGR en contra de los 31 científicos.
La carpeta de investigación incluso expone una resolución de la Suprema Corte de Justicia que valida la actuación de la asociación civil y el Conacyt, aunque sobre esto el pliego acusatorio no opone ningún argumento, mostrando que -en el fondo- este caso tiene visos de persecución política, y no elementos probatorios que persigan una verdadera administración de justicia.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.