Morena quiere destituir a 4 jueces de la SCJN, ¿en qué consiste el juicio político?
Diputados del partido oficial intentarán la destitución de al menos cuatro integrantes de la Corte a través un juicio político.
Al menos cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrían enfrentar este mismo año un juicio político en su contra, al ser acusados por legisladores de Morena de percibir un sueldo superior al del presidente, de acuerdo con la solicitud que ya se promovió en la Cámara de Diputados.
El juicio político es un procedimiento a cargo de las dos Cámaras del Congreso, que permite destituir e inhabilitar a los servidores públicos que no cumplan de manera adecuada con sus funciones, de acuerdo con el artículo 110 de la Constitución.
Los ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Alberto Pérez Dayán, cuyos nombres aparecen en la cuartilla inicial del documento presentado por los diputados morenistas, serían los primeros en ser sometidos a este proceso, al trasgredir, según la acusación, el artículo 127 constitucional.
En las fracciones II y III de este numeral de la carta magna se establece que ningún servidor público puede recibir una remuneración superior a la que percibe el presidente de la República, aunque esto último es factible si así se contempla en las condiciones generales de trabajo o si se realiza “un trabajo técnico calificado o por especialización”.
En ese tenor, el diputado Juan Guadalupe Torres Navarro apuntó que el juicio político contra los ministros tiene como objetivo combatir la impunidad en la que, desde su perspectiva, han incurrido los integrantes del Pleno del máximo tribunal del país.
“La impunidad es cuando no castigamos la corrupción, y los ministros han hecho una y otra vez actos de corrupción, (…) ¿Por qué ellos no quieren ajustarse el cinturón? Porque quieren seguir viviendo como magnates”, dijo el legislador.
Primera fase es factible
De entrada, hay que aclarar que el juicio político es un procedimiento distinto a la declaración de procedencia o desafuero, pues en este el funcionario acusado solo es destituido de su encargo, además de recibir una inhabilitación, lo que no necesariamente implica que el servidor público vaya a ser procesado penalmente, como ocurre con el desafuero.
En el caso de los ministros de la Corte, es factible que proceda la primera fase del juicio político en su contra, debido a que Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, cuentan para ello con la representación suficiente en la Cámara de Diputados.
De conformidad con el artículo 110 de la Constitución, la acusación -luego de avalarse en comisiones- debe ser aprobada por la mayoría de los miembros presentes en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se desahogue el inicio del juicio político.
En este escenario, si la mayoría morenista así lo aprueba, las imputaciones pasarían al Senado, instancia que debe constituirse en “Jurado de sentencia” y aprobar la destitución e inhabilitación de los acusados.
Obviamente es difícil que esto último suceda, pues para que se concrete el juicio político se necesita el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado. Así, en realidad el puesto de los ministros de la Corte no está en peligro, pues en la Cámara alta Morena no cuenta con esa mayoría, y la oposición no está de acuerdo con las acusaciones.
De hecho, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el panista Felipe Macías, ya adelantó que no dará trámite a venganzas políticas, por lo que la primera parte del juicio político contra los ministros también podría no concretarse, ya que este primero debe aprobarse en esa comisión y en la Subcomisión de Examen Previo.
“Que metan todas las solicitudes que quieran, en la Subcomisión de Examen Previo de Juicio Político de la cual soy copresidente, no vamos a dar trámite a burdas venganzas políticas”, aseguró Macias.
Independencia judicial atacada
No obstante, la solicitud de los legisladores de Morena no solo persigue la inhabilitación de los ministros de la Corte, pues -aunque no se diga de manera explícita- la acusación de los diputados del oficialismo forma parte de los ataques emprendidos desde el gobierno en contra del Poder Judicial de la Federación.
Esto último lesiona la independencia judicial, y fomenta el desacato e incumplimiento de los fallos emitidos por Juzgados y Tribunales, además de que propicia en la sociedad una percepción negativa hacia los órganos jurisdiccionales.
De igual forma, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como los legisladores de Morena no han precisado que el artículo 127 de la Constitución habla de remuneraciones, y no de sueldos o salarios, lo que implica que hasta ahora no conozcamos el monto exacto de lo que por este concepto recibe el titular del Ejecutivo federal.
Las remuneraciones de la burocracia mexicana no solo se integran por el salario bruto o efectivo, sino que además incluyen todas las prestaciones en especie propias del cargo, como la alimentación, el transporte, la habitación y la seguridad.
Debido a que el presidente López Obrador no solo recibe su suelo, sino que en su remuneración también se incluyen -entre otros- el departamento en el que vive dentro de Palacio Nacional, los servicios de ese espacio como la luz y el agua, así como los alimentos, los transportes que utiliza, y la seguridad que se le presta, en realidad no sabemos cuál es el límite exacto que debe utilizarse como parámetro para el resto de las percepciones de los funcionarios.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.