Los riesgos de la iniciativa del PRI para dejar al Ejército en las calles hasta 2028
La propuesta presentada en la Cámara de Diputados refuerza la militarización del país, y abre la puerta a más reformas constitucionales.
La iniciativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que propone dejar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2028, refuerza la militarización de un área que debería ser exclusiva de los civiles, además de que abre la puerta a la aprobación de más reformas constitucionales, entre las que se incluye la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE).
La propuesta ya generó el rompimiento de la alianza opositora que se mantenía desde 2021 en la Cámara de Diputados, con lo que Morena no tendrá dificultades para avalar que el Ejército permanezca en las calles cuatro años más a lo previsto en la Constitución.
En 2019, con la reforma a la carta magna que creó a la Guardia Nacional, se incluyó un artículo transitorio en el que se permitió la actuación militar en la seguridad pública, acotándola hasta 2024. En contraste, de acuerdo con la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre Valdez, ahora se propone reformar ese artículo ampliando cuatro años más las tareas que en esta materia realizan la Marina y el Ejército.
Se acabó la alianza opositora
Al tratarse de una reforma a la Constitución, la iniciativa del PRI solo puede ser interpretada como un documento cuyo objetivo era acabar con la “moratoria constitucional” que mantenía el bloque opositor, integrado por los diputados del PRI, y sus pares de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), quienes habían asegurado que no apoyarían ningún nuevo cambio constitucional.
Al sumarse los 69 legisladores priistas a los votos de Morena y sus aliados, se conformará una mayoría calificada de 346 diputados, suficientes para avalar esta reforma a la carta magna, y cualquier otra que se presente en el pleno de la Cámara baja.
En ese tenor, se destaca la iniciativa de reforma electoral, presentada en abril pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone disminuir el número de diputados de 500 a 300, pero convertirlos a todos en plurinominales; y desaparecer al INE para sustituirlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), cuyos integrantes serían electos mediante el voto ciudadano.
Para el Senado se propone igualmente la reducción de 128 a 96 senadores, que se elegirían como los diputados a través del sistema de listas en cada entidad federativa. Asimismo, plantea que los partidos políticos se mantengan con recursos de particulares y solo reciban financiamiento público cuando vaya a haber elecciones.
Si bien el PRI aún no ha anunciado que avalará otras reformas a la Constitución, además de la suya sobre las labores del Ejército en seguridad pública, lo cierto es que -al acabarse la alianza opositora- será mucho más fácil para el partido oficial concretar modificaciones a la carta magna, pues en la Cámara de Diputados solo pueden impedirse los cambios constitucionales si la oposición actúa en bloque.
El riesgo no es menor, ya que el presidente puede volver a plantear su reforma constitucional en materia eléctrica, rechazada con el voto de los opositores en abril de este año, con la que se proyectaba regresar el monopolio de la generación y comercialización eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y cancelar todos los contratos que tienen diversas empresas, tanto nacionales como extranjeras.
Más militares y por más tiempo
De igual forma, la iniciativa del PRI, presentada en la Cámara de Diputados el pasado 2 de septiembre, resulta una franca contradicción con lo que ese partido votó ese mismo día, cuando solo los legisladores de Morena, y de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, avalaron que el Ejército maneje la Guardia Nacional, mientras que el bloque opositor -en conjunto y sin fisuras- votaba en contra.
Los argumentos vertidos por los priistas en esa larga sesión, que concluyó en la mañana del sábado 3 de septiembre, insistieron en que México no necesitaba una Guardia Nacional militarizada.
En cambio, la iniciativa de la priista Yolanda de la Torre Valdez, que es apoyada por su bancada, y por supuesto por Morena, explica que se debe reconocer la labor que en materia de seguridad pública vienen desarrollado las Fuerzas Armadas.
“Ante el clima de violencia que se vive en diversas regiones y entidades del país, de nada sirve echarnos la culpa unos a otros, no es momento de polarizar, sino que las autoridades debemos tener altura de miras y voluntad para construir acuerdos”, agrega la propuesta como justificación para que sean los elementos castrenses las que sigan al mando de la seguridad pública en México hasta 2028.
Ergo, no importa que los artículos 21 y 129 de la Constitución establezcan claramente que la seguridad pública debe ser atendida por corporaciones civiles, y que en tiempos de paz el Ejército no puede participar en esta área.
Aun así -y a pesar de que el PRI se opuso a la militarización de la Guardia Nacional- ahora se propone un paso más para facultar que soldados y marinos se mantengan investigando delitos, desarrollando inteligencia, y llevando a cabo detenciones, en tanto que todo esto se hará con una Guardia Nacional también militar, en caso de que la transferencia de esa corporación al Ejército se concrete en el Senado.
Cabe aclarar que el Ejército en México no cuenta con preparación específica para llevar a cabo labores de seguridad pública, los soldados y marinos están capacitados -en términos bélicos- para defender al país de invasiones externas, y lo mismo sucede con la Guardia Nacional, integrada en su mayoría por militares.
Únicamente 39,365 guardias nacionales, de un total de 113,833, han recibido el curso de formación inicial para labores de seguridad pública, por lo que solo el 34.5% de los elementos de esa corporación cuentan con la capacitación adecuada para llevar a cabo estas tareas.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.