Jesús Murillo Karam es vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa
El exprocurador tendrá que enfrentar un proceso penal por su actuación en la indagatoria de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue vinculado a proceso la tarde del miércoles por el juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia, quien además determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerar que existen datos de prueba suficientes para que el exfuncionario enfrente un proceso penal por ser presunto responsable de delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada y tortura.
A pesar de que la defensa del exfuncionario insistió ante el juez que su cliente no intentaría fugarse, además de que los delitos por los que se le acusa permiten que el imputado lleve el proceso en libertad, el juzgador afirmó que la prisión preventiva justificada debe prevalecer, al no haber cambiado las condiciones por las que se le impuso esa medida la noche del pasado sábado.
El togado determinó reclasificar el delito de desaparición forzada de acuerdo con el Código Penal Federal vigente en el año 2014, cuando el hoy detenido fue el responsable de la indagatoria por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hechos que ocurrieron entre el 26 y 27 de septiembre de ese año.
La reclasificación se llevó a cabo para que al imputado se le aplique la definición, y en su caso, de ser encontrado responsable, las penalidades del delito de desaparición forzada tal y como se preveían en el artículo 215-A del Código Penal Federal vigente cuando Murillo Karam fue procurador.
Actualmente ese delito se sanciona con mayores penas de prisión, y ya no se encuentra en el Código Penal Federal, sino en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, además de que en 2019 fue incluido en el artículo 19 de la Constitución, en una reforma a la carta magna.
Estas normas no pueden aplicársele al exservidor público porque en México ninguna ley puede ser retroactiva si no beneficia al acusado.
La Fiscalía General de la República (FGR) le imputa a Murillo Karam, en calidad de autor intelectual, el delito de desaparición forzada, porque la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a su cargo habría concebido, y dado a conocer, una verdad inexistente sobre lo que les sucedió a los jóvenes estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Con esto último, a decir de la FGR, el exprocurador presuntamente contribuyó a ocultar el paradero de los 43 normalistas, pues la llamada “verdad histórica” sostenida por Jesús Murillo Karam canceló otras líneas de investigación que habrían podido seguirse para encontrar a los estudiantes.
En la audiencia de vinculación a proceso, la defensa del exfuncionario sostuvo que no existen pruebas sobre la responsabilidad de Murillo Karam en ninguno de los delitos que se le imputan, sobre todo en lo que se refiere a la tortura que habrían sufrido algunos de los detenidos por la PGR, quienes años después obtuvieron su libertad justo por los malos tratos ejecutados por personal de esa dependencia.
Murillo Karam, de 74 años de edad, está detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde la noche del sábado pasado, un día después de haber sido apresado por la Fiscalía federal, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez.
“Verdad histórica”
En octubre de 2014 y enero de 2015, siendo titular de la hoy extinta Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam informó que los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías de los municipios de Iguala y Cocula, en Guerrero. Posteriormente, los gendarmes los habrían entregado a sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes luego privaron de la vida a los normalistas
Tras los homicidios, de acuerdo con lo que el mismo Murillo Karam definió como la “verdad histórica” de los hechos, los delincuentes habrían quemado los cuerpos de los jóvenes en el basurero de Cocula, en tanto que los restos carbonizados habrían sido arrojados en bolsas de basura al río San Juan.
No obstante, esa versión es completamente falsa, sostiene la Fiscalía. De hecho, no es la primera vez que se asegura que el argumento de la PGR no es coincidente con lo que realmente les habría ocurrido a los estudiantes.
En ese tenor, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en una recomendación de 2018; el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el Equipo Argentino de Antropología Forense, desmintieron a la PGR con base en las investigaciones que esos organismos llevaron a cabo, sin intervención de la Procuraduría.
Siguiendo esta línea, ya en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, a cargo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ha asegurado que las pruebas de los hechos apuntan a que los normalistas fueron asesinados de manera separada por delincuentes de Guerreros Unidos.
En su más reciente informe, Alejandro Encinas reiteró que los 43 estudiantes en ningún momento estuvieron juntos; ysus cuerpos tampoco habrían sido quemados en el basurero de Cocula, ni sus cenizas arrojadas al río San Juan.
El nuevo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa afirma que los normalistas fueron detenidos en grupos separados, y en esa misma condición repartidos entre los sicarios de Guerreros Unidos.
Estos habrían privado de la vida a los estudiantes en distintos lugares en los municipios de Iguala, Colula y Huitzuco, para posteriormente ocultar -y deshacerse- de los restos de varias maneras y en diversos lugares.
El reporte de la Comisión para la Verdad reconoce además que en los hechos de este caso participaron elementos del Ejército, la Marina, y de la Policía Federal, junto con delincuentes, y corporaciones municipales y del estado de Guerrero.
Al respecto, la Fiscalía General de la República ya obtuvo, de parte del juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, 83 órdenes de aprehensión a igual número de presuntos responsables en la desaparición de los normalistas, entre los que se destacan 20 mandos militares, y personal de tropa de los batallones 27 y 41, con sede en la ciudad de Iguala, Guerrero.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.