Javier Duarte obtiene suspensión por acusaciones de delitos del fuero común

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien cumple una sentencia de nueve años de prisión por delitos cometidos en el ámbito federal, obtuvo una suspensión provisional en un juicio de amparo para que no se ejerza ninguna acción penal en su contra de parte de la Fiscalía veracruzana, institución que lo acusa de ser presunto responsable de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México otorgó la suspensión para que Duarte no pueda comparecer, ni ser aprehendido, por los delitos que le imputa el Ministerio Público de Veracruz. Para ello, el exfuncionario pagó una garantía de 90,000 pesos, de acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal.

Esto significa que el exgobernador permanecerá cumpliendo su condena en lo que se refiere a los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conductas del fuero federal que él mismo admitió haber cometido, y por las que en 2018 recibió una sentencia de nueve años de prisión y una multa por 58,890 pesos.

Esta nueva suspensión se agrega a otro amparo que ya se le había concedido al exgobernador de Veracruz en noviembre de 2019, cuando el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México dejó sin efectos un auto de vinculación a proceso que Duarte recibió de parte de un juzgado del fuero común (estatal) por el delito de peculado.

A pesar de estos beneficios que el Poder Judicial de la Federación le sigue otorgando a Javier Duarte, este no puede obtener su libertad hasta que no se complete su sentencia, la cual purga en una celda del Reclusorio Norte de la capital del país.

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Violación de DDHH

En su demanda de amparo por la que se le concedió esta nueva suspensión provisional, el exgobernador argumenta que la Fiscalía de Veracruz, y los jueces penales de esa entidad, han trasgredido sus derechos humanos al intentar enjuiciarlo por delitos presuntamente cometidos en contra del erario público del gobierno estatal.

Javier Duarte de Ochoa y su defensa consideran que las acciones del Ministerio Público veracruzano en contra del exfuncionario violentan los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución.

Sin embargo, como el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México solo le otorgó la suspensión provisional, la Fiscalía de Veracruz aun tiene oportunidad de combatirla ante un Tribunal Colegiado de Circuito, o en su defecto, esperar a que el mismo juzgado otorgue o niegue la suspensión definitiva, lo que pudiera ocurrir en las próximas semanas.

En este y otros amparos promovidos por Duarte, el exgobernador ha expresado que no ha tenido la oportunidad de combatir los planteamientos del Ministerio Público de la entidad que gobernó entre 2010 y 2016.

Proceso del fuero común

Desde 2018 la Fiscalía General del estado de Veracruz ha intentado procesar al exfuncionario por ser presunto responsable de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

De acuerdo con el Código Penal de ese estado, el abuso de autoridad se castiga con penas de entre tres a diez años de prisión, y multas de hasta 30,196 pesos; el incumplimiento de un deber legal se sanciona con hasta ocho años de prisión, además de que esta pena puede aumentarse hasta los diez años de cárcel si el funcionario, que no cumplió con sus deberes legales, tampoco evitó el daño que se deriva de ese incumplimiento.

A su vez, el peculado cuenta con sanciones de hasta quince años de privación de la libertad, en caso de que el funcionario sea responsable de utilizar o disponer, para su provecho, de dinero, valores o cualquier otro bien que haya estado bajo su administración, según el artículo 323 del Código Penal de Veracruz.

Adicionalmente, el tráfico de influencias amerita un castigo de hasta cuatro años de prisión, mientras que la coalición se castiga con hasta seis años de cárcel.

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Admisión delictiva

Duarte de Ochoa admitió -en septiembre de 2018- ser responsable de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y de asociación delictuosa, delitos del fuero federal por los que fue sentenciado con nueve años de prisión, pena que concluye en abril del año 2026, considerando que el exgobernador está detenido desde abril de 2017.

Al admitir su responsabilidad, además de la sentencia que lo priva de su libertad, a Duarte se le decomisaron seis inmuebles en la Ciudad de México, tres departamentos en Veracruz, otros cuatro en Ixtapa Zihuatanejo, y seis terrenos en Cancún, entre otros bienes.

Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.