FGR se queda sin pruebas financieras en contra de Emilio Lozoya
Un Tribunal de Apelación confirmó eliminar los documentos que Brasil y Suiza le entregaron a México para acusar al exdirector de Pemex.
La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá muy pocos elementos de prueba en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, pues un Tribunal Colegiado de Apelación ya confirmó la eliminación de todos los documentos financieros que iban a ser usados en el juicio que se le sigue al exfuncionario, por el caso de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Penal de la Ciudad de México determinó que la información bancaria que Suiza envió a nuestro país, así como los datos financieros que aportó Brasil, no podrán ser utilizados como parte del pliego acusatorio de la FGR, pues fueron obtenidos sin que la Fiscalía siguiera los protocolos de ley.
De acuerdo con el fallo del Tribunal de Apelación, cuya copia posee ALTO NIVEL, la exclusión de los documentos enviados por Suiza se debe a que “existe restricción constitucional para que en un proceso penal se admita como prueba” información que fue obtenida sin que un juez lo autorizara de manera previa.
Esto “también es aplicable a la forma de obtención” de las pruebas entregadas a México por Brasil, que consistían en comprobantes bancarios de las transferencias de recursos que habría realizado Emilio Ricardo Lozoya Austin a través empresas offshore (firmas creadas en paraísos fiscales).
“Con independencia de que esa información haya sido obtenida por solicitud de asistencia jurídica internacional con el Ministerio de Justicia de la República Federativa de Brasil, lo cierto es que al tratarse de información bancaria, necesita control judicial para ser incorporada a procesos internos, a efecto de ser acorde con lo establecido en nuestra Constitución”, argumenta la sentencia.
Pruebas ilícitas
Esto quiere decir que la FGR debió pedirle, tanto a Suiza como a Brasil, que las pruebas le fueran entregadas con la autorización de jueces de ambos países, a fin de “no violentar el secreto bancario”, precisó el Tribunal de Apelación.
Como esto no ocurrió así, y los documentos se entregaron a México sin la aprobación jurisdiccional suiza y brasileña, no pueden ser incluidos como pruebas acusatorias en el proceso contra Lozoya, tal y como lo determinó en marzo pasado el juez federal Gerardo Alarcón López.
Ese juzgador desechó las pruebas clave que la FGR presentaría en contra del exfuncionario, al presumir que son ilegales por la forma en la que se recibieron en la Fiscalía. Esa dependencia impugnó el desechamiento, pero perdió ante el Tribunal de Apelación, por lo que todo ese material probatorio quedó excluido del juicio de manera definitiva.
En esta trama de corrupción, el Ministerio Público ha pedido una condena de 39 años de prisión para Lozoya Austin, por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía asegura que el exdirector de Pemex habría recibido en total 10.5 millones de dólares en sobornos por parte de directivos de la empresa brasileña (unos 180 millones de pesos al cambio actual), con los que luego compró una casa en Ixtapa, Zihuatanejo, a través de una cuenta bancaria de su madre, y mediante la creación de un fideicomiso en el que figuraban su esposa y sus hijos.
Los embutes al exfuncionario habrían servido para que el consorcio sudamericano recibiera diversos contratos de la paraestatal. De hecho, el mismo Lozoya admitió, en agosto de 2020, que el expresidente Enrique Peña Nieto, y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, presuntamente fueron los destinatarios de los sobornos.
Ese dinero habría servido para financiar -en 2012- parcialmente la campaña presidencial de Peña Nieto, además de que otra parte de los recursos se entregó a legisladores, a fin de que estos aprobaran la reforma energética en 2013, siempre de acuerdo con los dichos que Emilio Lozoya plasmó en una denuncia presentada hace tres años ante la FGR, poco después de llegar a México, extraditado de España.
El problema es que ahora la Fiscalía no podrá utilizar los documentos que respalden todas estas acusaciones.
- LEE: FGR acusa ‘parcialidad e ilegalidad’ de jueces para favorecer a Emilio Lozoya en caso Odebrecht
Otros errores de la FGR
Este es el segundo revés que recibe la FGR en tribunales en su intento por juzgar penalmente a Emilio Lozoya, pues a finales de agosto perdió el proceso en el caso de la planta Agronitrogenados, lo que implicó la absolución del exfuncionario, debido a que el juez Genaro Gerardo Alarcón López determinó que el daño causado a Pemex, por la compra a sobreprecio del complejo de fertilizantes, ya estaba reparado.
El togado consideró que el daño ocasionado a la petrolera mexicana ya estaba pagado, a partir del acuerdo al que llegó su expropietario, Alonso Ancira, quien se comprometió con la Fiscalía a pagar un total de 216.6 millones de dólares (unos 3,600 millones de pesos).
Ante esto, la FGR anunció que impugnaría el fallo, además de que presentaría un recurso de queja contra el juez Alarcón ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Al exonerar a Lozoya en el caso Agronitrogenados, según la Fiscalía, el juez actuó de forma ilícita, injusta y “notoriamente parcial”.
En ese tenor, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó el mes pasado que el CJF tiene obligación de informar qué es lo que ha sucedido con todas las quejas que el gobierno federal ha promovido en esa instancia en contra diversos jueces.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.