FGR enreda caso Ayotzinapa: Nuevas acusaciones no son por la desaparición de 43 normalistas
Los señalamientos del subsecretario Alejandro Encinas en contra del general José Rodríguez Pérez no están contemplados en la causa penal de la FGR.
A casi ocho años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso sigue enredándose y mostrando que las actuales autoridades, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), no tienen elementos de prueba que demuestren fehacientemente la nueva versión sobre lo ocurrido con los jóvenes, y en cuanto a quiénes son los responsables de haber participado en su desaparición.
Por ejemplo, la FGR acusa al general José Rodríguez Pérez, detenido la semana pasada, por el delito de delincuencia organizada en relación con delitos contra la salud (narcotráfico).
Es decir, aunque el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, a cargo de la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, dijo públicamente que el general estaría relacionado con la desaparición forzada de seis de los 43 normalistas, la FGR no lo está acusando de ello.
Según Encinas, al general Rodríguez Pérez, que era coronel en 2014, cuando ocurrieron los hechos, se le atribuye haber dado la orden de desaparecer a seis de los 43 normalistas. No obstante, la Fiscalía no lo acusa de esas desapariciones, sino solo de presunta delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud.
A decir de los defensores de Rodríguez Pérez, no hay pruebas de que este haya cometido estos últimos delitos, pues la acusación de la FGR solo está basada en los señalamientos de un testigo de identidad reservada, al que se le identifica como Juan, aunque -según versiones periodísticas- se trataría de Gildardo López Astudillo, alias “el Gil”, sicario de Guerreros Unidos.
Así, mientras la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, y su titular Alejandro Encinas, tratan de apuntalar una nueva versión de lo acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, la Fiscalía General de la República lleva a cabo las nuevas acusaciones sin relacionar al general con la desaparición de los normalistas.
Justo esto es lo que ocurrió con José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, quien en 2014 fue acusado por la otrora Procuraduría General de la República (PGR) de secuestro agravado. A este exfuncionario, y a más de 90 detenidos en esa época, nunca se les acusó de la desaparición de los normalistas.
La consecuencia de tratar de juzgar unos hechos, la desaparición de los 43 jóvenes, con acusaciones distintas a lo que -de facto- ocurrió, está a la vista: La semana pasada Abarca fue absuelto por el Juzgado Tercero de Distrito de Procedimientos Penales Federales en el estado de Tamaulipas.
Esa instancia consideró que no pudo probarse la responsabilidad del exalcalde en el secuestro de los estudiantes de la normal Isidro Burgos en Ayotzinapa. Todo gracias a que la entonces PGR decidió presentar sus acusaciones excluyendo el delito de desaparición forzada.
Una situación similar es la que se presenta en el caso del general José Rodríguez Pérez, cuya causa penal abierta por la FGR, como ya mencionamos, no tiene nada que ver con la desaparición de los normalistas, aunque Alejandro Encinas y los comunicados de la Fiscalía digan lo contrario.
De hecho, este miércoles se llevará a cabo la audiencia en la que podría dictársele al general Rodríguez Pérez un auto de formal prisión por delincuencia organizada, siempre y cuando el Juzgado Segundo de Distrito de Procedimientos Penales Federales del Estado de México así lo determine.
Para ello la FGR debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del oficial, cuyo proceso se lleva con el antiguo sistema penal, debido a que la reforma en esa materia aun no estaba vigente en 2014.
Nuevos señalamientos
Esta semana, la FGR informó que ya dio cumplimiento a nuevas órdenes de aprehensión en contra de José Luis Abarca y de su esposa, María de los Ángeles Pineda. Se trata de la misma causa penal en la que se acusa al general José Rodríguez Pérez y a otros tres militares.
Luego de ser absuelto, ahora la FGR acusa al exedil, a su cónyuge, y al exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por delincuencia organizada en relación con delitos contra la salud, al estar presuntamente vinculados con el grupo criminal Guerreros Unidos.
En ese tenor, Alejandro Rojas Arellano, abogado defensor de Abarca y de Pineda, dijo en entrevista con ALTO NIVEL que el exfuncionario ya no puede ser juzgado por el caso de los normalistas, pues en el proceso en su contra relacionado con esos hechos ya fue declarado inocente.
De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución mexicana, “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene”.
Según el más reciente informe rendido por Alejandro Encinas, el exalcalde es identificado como “A1” en los diversos mensajes que habrían sido enviados al exfuncionario por parte de miembros del grupo Guerreros Unidos.
El intercambio entre los sicarios y Abarca fue analizado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, instancia que encontró un texto que se le atribuye al exfuncionario en el que este habría ordenado actuar en contra de los estudiantes.
“Me chingan a todos a discreción”, habría apuntado José Luis Abarca en uno de sus mensajes, a decir del informe de la Comisión que dirige Alejandro Encinas.
En contraste, mientras públicamente se dice que tanto Abarca, como el general Rodríguez Pérez, participaron presuntamente en la desaparición de algunos estudiantes, en realidad nada de esto se encuentra en los expedientes que están en los juzgados. Si bien la absolución de José Luis Abarca aún no está en firme, en esa y en las demás causas penales relativas a estos hechos, es la Fiscalía, antes PGR, la responsable de que la desaparición de los normalistas se mantenga impune
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.