Emilio Lozoya, a punto de obtener su libertad con pago de 10.7 millones de dólares
La defensa del exfuncionario asegura que Pemex ya aceptó el acuerdo reparatorio, por lo que solo resta que lo autorice el juez de la causa.
Cada vez está más cerca la libertad del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Ricardo Lozoya Austin quien, mediante un pago de 10.7 millones de dólares, concretaría un acuerdo reparatorio con la petrolera, logrando salir del Reclusorio Norte de la Ciudad de México donde ha estado preso poco más de año y medio.
La cantidad total que pagaría el exfuncionario es de 10 millones 736,351.7 dólares, de acuerdo con los abogados defensores de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda. Con esto se saldaría el daño causado en los casos de la firma brasileña Odebrecht y la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
“El monto de la reparación del daño fue aprobado -por unanimidad- por el Consejo de Administración de Pemex, fungiendo el Señor (Octavio) Romero Oropeza como Director General de esa institución”, apuntaron los litigantes en un comunicado.
Adicionalmente, Pemex “ya aprobó y presentó, ante el órgano jurisdiccional correspondiente, la suma final por concepto de reparación del daño”, e incluso la millonaria suma ya fue reclamada formalmente y por escrito ante el Juzgado en el que se lleva a cabo la causa penal en contra del exservidor público.
Con esto, los procesos en contra de Lozoya Austin quedarían concluidos, sin que este sea sentenciado por los delitos que le fincó la Fiscalía General de la República (FGR), es decir, la acusación de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), sería retirada por parte del Ministerio Público federal, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El artículo 186 de esa norma establece que “los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal”.
El camino que sigue
En México el único facultado para ejercer la acción penal es el Ministerio Público, y esta consiste en acusar ante los jueces a los presuntos responsables de la comisión de algún delito. En términos prácticos, cuando se extingue la acción penal, la acusación de la Fiscalía es retirada.
En el caso de Emilio Lozoya, el acuerdo reparatorio es procedente debido a que los delitos por los que fue acusado son patrimoniales, y habrían sido cometidos sin violencia.
Para que Emilio Lozoya obtenga su libertad, el acuerdo reparatorio alcanzado con Pemex debe ser aprobado por el Juez de control que lleva el proceso del exfuncionario. Previo a ello, al tratarse de un mecanismo alternativo de solución de controversias que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, el juzgador debe verificar que las obligaciones que se contraen “no resulten notoriamente desproporcionadas”.
Tras ese análisis, el juez de la causa deberá ordenar la salida del Reclusorio Norte de Lozoya Austin, y la conclusión de la prisión domiciliaria en la que se encuentra la madre de este, Gilda Margarita Austin, quien es coacusada en los procesos de su hijo.
Las acusaciones a extinguir
Durante los últimos 33 meses, luego de ser extraditado de España en el verano de 2020, Emilio Lozoya ha enfrentado dos procesos penales en los que la FGR pedía una sentencia de 59 años de prisión, por su responsabilidad en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, y por la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Según la Fiscalía, el exfuncionario habría recibido en total 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, con los que luego compró una casa en Ixtapa, Zihuatanejo, a través de una cuenta bancaria de su madre, y mediante la creación de un fideicomiso en el que se encontraban su esposa y sus hijos.
El mismo acusado admitió, en agosto de 2020, en una denuncia ante la FGR, que el expresidente Enrique Peña Nieto, y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, presuntamente habrían recibido en 2012, a través de Lozoya, más de 100 millones de pesos de Odebrecht.
Con esos embutes presuntamente se financió una parte de la campaña presidencial de Peña Nieto y, posteriormente, ya desde el gobierno federal, ese dinero habría sido entregado en sobornos a diversos legisladores para que estos aprobaran la reforma energética en 2013.
En cuanto al caso de Agronitrogenados, Lozoya habría recibido -al cambio actual- el equivalente a 59.3 millones de pesos del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien luego se benefició con la venta que este le hizo a Pemex de la planta de fertilizantes. La FGR detalló en la acusación que, entre los meses de junio y noviembre de 2012, Ancira transfirió tres millones cuatrocientos mil dólares de Altos Hornos a una cuenta suiza a nombre de una empresa de Emilio Lozoya, Tochos Holding Limited.
Esas transferencias le habrían servido al exdirector de Pemex para comprar una casa en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
Poco después, en 2014, ya siendo director de la petrolera mexicana, Lozoya Austin alentó al Consejo de Administración de la paraestatal para que autorizara la compra de Agronitrogenados, una planta de fertilizantes que se ubica en Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.
Pemex adquirió ese complejo por 655 millones de dólares, de los cuales 455 millones fueron para cubrir los activos de la planta, y otros 200 millones de dólares para su rehabilitación y modernización. Según el Ministerio Público federal, el 60% de los activos de Agronitrogenados tuvieron que ser reemplazados.
Por estos últimos hechos, Emilio Lozoya Austin habría ocasionado un quebranto al erario público de más de 400 millones de dólares, pues el complejo fabricante de fertilizantes no tenía operaciones, y en realidad valía unos 50 millones de dólares.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.