Ejército miente y oculta qué les pasó a normalistas de Ayotzinapa: GIEI en informe final
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se despide de México con un informe en el que destaca el involucramiento de personal castrense.
Todas las instituciones de seguridad del Estado mexicano participaron en los hechos en los que desaparecieron los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, destacándose de manera central la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes conocieron minuto a minuto lo que les estaba ocurriendo a los jóvenes el 26 de septiembre de 2014, de acuerdo con el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Policías municipales y del estado de Guerrero, agentes ministeriales y de la Policía Federal, militares, elementos del ya desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), quienes incluso realizaron interrogatorios a algunos detenidos, además de miembros del crimen organizado, “han mentido y ocultado” todos estos años sobre su participación en este trágico episodio.
Así, Angela Buitrago y Carlos Beristain, los últimos expertos que seguían trabajando en el caso por parte del GIEI, se despidieron este martes de nuestro país con un sexto y final informe que es contundente en contra del Estado mexicano, pero especialmente duro con la Sedena, pues sus elementos en Guerrero estaban coludidos con el narcotráfico, lo que permitió -en distintos niveles de responsabilidad- la desaparición de los estudiantes.
Los expertos reiteraron que el Ejército mexicano ha mentido de manera reiterada, se ha negado a entregar información, además de que ha ocultado un hecho que para Buitrago y Beristain es grave y fundamental: La Sedena cuenta en Guerrero con instalaciones no institucionalizadas en las que se realizan trabajos de inteligencia, y cuyos integrantes están involucrados en este caso.
De igual forma, en opinión de Carlos Beristain, el destino de los 43 normalistas sería distinto si los militares los hubieran ayudado, pero esto no ocurrió debido a que había “colusión con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, de elementos del Ejército y policías”.
Otro factor que incidió en la indefensión sufrida por los jóvenes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, cuyo paradero aún se desconoce, es “la visión contrainsurgente” que tenía la Sedena sobre los estudiantes.
“Esta visión contrainsurgente de los jóvenes estigmatiza, es una marca moral negativa” que pesaba sobre normalistas, pues la milicia mexicana los consideraba como posibles miembros de la guerrilla, precisó Beristain.
Adicionalmente, después de la desaparición de los 43 estudiantes, la Marina también intervino, de manera irregular, alterando escenarios y contaminando pruebas.
Mentiras e impunidad
Los expertos del GIEI, designados de manera expresa en noviembre de 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición del gobierno mexicano que entonces encabezaba el presidente Enrique Peña Nieto, añadieron que el excesivo formalismo del sistema penal mexicano mantiene en la impunidad la desaparición de los normalistas.
A esto se suma que la Procuraduría General de la República (PGR), y después su sucesora la Fiscalía General de la República (FGR), acusaron a la mayoría de los detenidos de ser responsables de delincuencia organizada y no de desaparición forzada.
De igual forma, hay problemas con los testigos protegidos, destacándose que a estos, y a los familiares de los normalistas, en realidad no se les presta la seguridad que necesitan, pues uno de esos testigos, quien había revelado la inexistencia de fuego en el basurero de Cocula, ya fue privado de la vida.
La llamada “verdad histórica” de la PGR señalaba que los cadáveres de los estudiantes habían sido quemados en ese sitio, pero el GIEI logró demostrar de manera científica que eso no era cierto.
En su mensaje final, Angela Buitrago y Carlos Beristain reconocieron que el Ejército sí ha abierto parte de sus archivos que contienen datos puntuales de los hechos, pero “hay más información que es clave para avanzar” y para conocer el destino y paradero de los jóvenes.
“El riesgo que tenemos es que la mentira se institucionalice como respuesta, lo cual es inaceptable”, sentenció Beristain al insistir en el constante ocultamiento de información por parte de la Sedena. De hecho, esta actitud de los mandos castrenses “se ha constituido en sí misma en una responsabilidad del Estado en la desaparición de los jóvenes”.
El GIEI, dijeron Buitrago y Beristain, se retira de nuestro país porque la falta de información ya no les permite trabajar en este caso, en el que -hasta ahora- gracias a su intervención “se conoce el modus operandi de una buena parte del aparato del Estado” mexicano.
Los expertos admitieron sentirse frustrados, pues hubieran preferido que, con sus investigaciones, se lograra la ubicación de los 43 normalistas, aunque aseguraron que la clave para esto la tiene el Ejército, ya que su personal destacado en Guerrero conoció paso a paso, al instante y en tiempo real, lo que estaba ocurriendo con los estudiantes la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.