Dictan formal prisión a 8 militares implicados en caso Ayotzinapa
Tras la decisión de la juez, los militares permanecerán internos en la prisión del Campo Militar Número 1.
El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales ubicado en la ciudad de Toluca, Estado de México, centro del país, decretó ayer lunes formal prisión en contra de ocho militares por el delito de desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014, informó el Gobierno mexicano.
La juez federal Raquel Duarte, juez segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, dictó la formal prisión contra los ocho militares que hace una semana se entregaron para enfrentar la acusación que los implicaba en la desaparición de los estudiantes.
La juzgadora determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los “indicios suficientes” para abrirles un proceso por el delito de desaparición forzada.
“El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales ubicado en Toluca, decretó auto de formal prisión en contra de los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa“, informó en un mensaje el subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México, Alejandro Encinas.
Tras la decisión de la juez, los militares permanecerán internos en la prisión del Campo Militar Número 1, en Ciudad de México, en tanto se instruye el juicio.
Los ocho militares forman parte de un grupo de 16 contra los que el pasado 13 de junio la juez ordenó su aprehensión por el delito de desaparición forzada. Los ocho se entregaron ante las autoridades tras la orden de captura.
La decisión sobre los miembros de las fuerzas armadas mexicanas ocurrió exactamente tras ocho años y nueve meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal (para maestros rurales) “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.
A estas detenciones se suman las del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel, quienes desde septiembre pasado se encuentran en una cárcel militar acusados del mismo delito.
Este día, familiares de los estudiantes desaparecidos y activistas marcharon en Ciudad de México al cumplirse un mes más (95) de la desaparición masiva de los estudiantes.
Horas antes de la marcha, el propio Encinas informó que autoridades mexicanas detuvieron a Gualberto Ramírez Gutiérrez, extitular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El funcionario recordó que Ramírez Gutiérrez está acusado de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos.
Como encargado de esta unidad, participó en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, así como en diversas averiguaciones sobre delincuencia organizada.
La investigación oficial del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), en la que participó el funcionario, apuntó como “verdad histórica” que los estudiantes fueron detenidos por policías del municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, y los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.
Pero un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisó el caso y echó abajo la versión oficial, además de denunciar el uso de tortura en las investigaciones de este caso.
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