Diputados avalan transferir el Tren Maya al Ejército de forma permanente
De manera “urgente”, los legisladores también facultaron al presidente para que pueda hacer designaciones directas a paraestatales.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma “urgente” a tres leyes de carácter federal para garantizar que el Ejército maneje el Tren Maya de manera indefinida, además de que facultó al presidente para que realice asignaciones directas de servicios públicos a cualquier empresa paraestatal.
Con el voto a favor de 264 diputados de Morena y sus aliados, y 216 en contra del bloque opositor, se reformaron la noche del martes la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y la Ley de Vías Generales de Comunicación, estableciéndose que “el título de asignación a favor de entidades paraestatales tendrá una vigencia indefinida”.
Cuando el presidente realice cualquier asignación a una paraestatal, esta “no podrá cederse o transferirse bajo ningún título”, y solo podrá concluir cuando se acredite fehacientemente que dicha asignación carece de utilidad o interés público.
La reforma, que fue turnada al Senado, prevé que –por causas de interés general o de seguridad nacional- el titular del Ejecutivo federal podrá asignar directamente a entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, “así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público”.
En este caso, en febrero de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la empresa Olmeca-Maya- Mexica, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), administraría el Tren Maya y los nuevos aeropuertos de Tulum y Chetumal en Quintana Roo, además del aeródromo de Palenque en Chiapas.
Si bien los cambios legales no mencionan expresamente al Tren Maya, los diputados avalaron que todas las asignaciones directas hechas por el presidente en materia ferroviaria serán indefinidas.
El problema no solo es el carácter permanente que ahora tendrán las asignaciones que haga el mandatario, sino que esta figura es sumamente discrecional, además de que, en el ámbito ferroviario, incluye que a través de una asignación se lleve a cabo la explotación, operación, conservación, mantenimiento e interconexión de todas las vías férreas en México.
En ese tenor, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados consideró que esta reforma “atenta contra la competencia, la eficiencia, crecimiento y el desarrollo del sector” de los ferrocarriles.
Las asignaciones, tal y como quedaron en la reforma, son “una figura que nos regresa al pasado en el que el Estado controlaba a los sectores productivos a través de las entidades paraestatales”, apuntó Jorge Triana, diputado del PAN, al presentar -sin éxito- una reserva a la minuta que fue aprobada.
El también panista José Antonio García agregó que la reforma busca mantener la opacidad que prevalece en los trabajos de construcción del Tren Maya. “La prisa de quien tiene mayoría en este recinto debería de atender el tema de la inseguridad que vive el sistema ferroviario mexicano, (…) y no en buscar, reitero, la opacidad con el manejo del Tren Maya”, dijo.
De su lado, el legislador de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera Sepúlveda, propuso, también en una reserva a la reforma, que las asignaciones de servicios públicos no fueran indefinidas, sino que tuvieran una duración de 20 años, lo cual no fue aceptado por la mayoría de Morena en la Cámara baja.
El autor de esta iniciativa, que aun debe avalar el Senado, es el diputado morenista Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien justificó su propuesta porque “los ferrocarriles son un área prioritaria” para el país.
“Del análisis a la regulación vigente, se desprende que se requiere una mejora jurídica que establezca que los títulos de asignación deben mantenerse siempre en manos del Estado y debe existir una temporalidad indefinida de éstos, para que no exista una transferencia indebida a ninguna persona”, se detalla en la exposición de motivos de la reforma.
Así, con estos cambios, se establece “la obligación de no transferir los títulos de asignación” a nadie que no sea una institución gubernamental.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.