Con millonaria fianza, Fonatur logra revocar tres suspensiones del Tren Maya
No obstante, aun quedan pendientes otros tres amparos promovidos por ambientalistas en contra de las obras de ese transporte.
Mediante la presentación de una fianza por 188 millones 343,724 pesos y 60 centavos, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) consiguió revocar tres suspensiones definitivas que -formalmente- habían detenido las obras del tramo cinco sur del Tren Maya, de acuerdo con un auto publicado este miércoles en el expediente del caso, a cargo del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán.
“Las autoridades solicitantes de la autorización ambiental de que se trata, acreditaron la tramitación de la fianza correspondiente a dos años de trabajo, emitida por la Aseguradora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, mediante la fianza No. 1014-33131-3 de fecha veintiocho de julio de dos mil veintidós”, apunta la determinación del juez Adrián Fernando Novelo Pérez, cuya copia posee ALTO NIVEL.
Con esto, quedan sin efectos las tres suspensiones definitivas que se habían otorgado a un grupo de ambientalistas, en mayo pasado, y esta misma semana a la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano.
En este caso, la fianza asegura, hasta el año 2024, los posibles daños que pudieran darse en la continuación de las obras de este transporte. Cabe aclarar que, si al dictarse la sentencia definitiva de estos amparos, se comprueba un daño ecológico, la fianza se haría efectiva en detrimento la aseguradora Aserta.
No es fácil conseguir este tipo de fianzas para obras que están impugnadas mediante juicios de amparo, y justo por esas dificultades, a pesar de que el gobierno federal tiene más de seis meses trabajando en la zona, la fianza se consiguió hasta finales de julio.
Al respecto, Javier May, director de Fonatur, precisó en su cuenta de Twitter que el togado ya le notificó a esa dependencia, y a la sociedad anónima Fonatur Tren Maya, que “podrán iniciar o continuar las obras respectivas” en el tramo que había sido impugnado en tres juicios de amparo.
No obstante, aún están vigentes otras tres suspensiones otorgadas desde el mes de mayo por el mismo Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán.
Asimismo, los promoventes de estos tres amparos pueden tramitar un Recurso de Revisión para que un Tribunal Colegiado analice si deben volverse a otorgar las suspensiones definitivas revocadas este miércoles.
De igual forma, sigue pendiente la celebración de una audiencia en la que el mismo juez Adrián Fernando Novelo Pérez deberá determinar si las autoridades del gobierno federal incurrieron en un delito al no acatar las suspensiones definitivas ya otorgadas.
Seguirá el proceso
Los amparos promovidos en contra del Tren Maya, en su tramo cinco sur, combaten la obra debido a que los encargados de la misma han omitido gestionar y solicitar diversos permisos relacionados con los ordenamientos ambientales y de planificación territorial.
En el expediente, se da cuenta que existe una Manifestación preliminar de Impacto Ambiental, la cual tendrá que ser ratificada certificando que no habrá un daño a la ecología de la zona por donde pasará el Tren Maya.
Inicialmente, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez había concedido estas suspensiones para evitar que, con los trabajos de construcción del Tren Maya, se talen árboles, se destruyan la flora y las especies nativas, o se perfore del suelo.
En total, hasta ahora se han promovido 39 juicios de amparo, destacándose el tramitado por un grupo de ambientalistas, que había conseguido la suspensión definitiva del tramo cinco sur el pasado 30 de mayo, a la que se sumó una determinación similar otorgada el pasado lunes de esta misma semana.
Sin embargo, esta última determinación ha quedado sin efectos con el nuevo auto del Juzgado Primero de Distrito de Yucatán.
Con el fin de darle celeridad a la edificación de esta obra, emblemática de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de la fianza que ya fue presentada en el juzgado, esta semana el gobierno federal anunció la expropiación de 36 inmuebles privados, con una extensión de 109.3 hectáreas.
Mediante un decreto publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) detalló que la expropiación incluye inmuebles que están ubicados en los municipios de Solidaridad, Tulum y Benito Juárez, todos en el estado de Yucatán.
La indemnización correspondiente a los propietarios de los inmuebles expropiados estará a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
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Surya Palacios Periodista y abogada, especialista en análisis jurídico y de derechos humanos. Ha sido reportera, conductora de radio y editora.